La extradición del expresidente desde Estados Unidos, en si misma, podría terminar limitando a la justicia panameña. ¿Estrategia, casualidad o suerte?
Ricardo Martinelli espera en una celda que el reloj del edificio del Centro de Detención Federal de la Florida en Miami, marque las 9 de la mañana del martes 25 de julio, para enfrentar el inicio de su audiencia de extradición desde Estados Unidos a Panamá. Un escenario esperado también en el país canalero, donde además del caso de escuchas telefónicas y corrupción por el que es solicitado al país norteamericano, enfrenta otros pendientes con la justicia.
Sin embargo, la figura de la extradición que lo pondría en la obligación de responder a la jurisdicción panameña, podría terminar como un inmunizador del exmandatario. El abogado Ángel Álvarez uno de los querellantes en el caso explica que la solicitud Panameña ha sido específica, “Hasta el momento es exclusivamente por el caso de escuchas telefónicas e invasión a la privacidad”; y añade que el Tratado de Extradición que existe entre Panamá y Estados Unidos contempla “la regla de especialidad”, una disposición que afirma Álvarez “de ser aprobada, (la extradición), impediría que Martinelli sea procesado por delitos y procesos distintos a los que se han fijado dentro del “único pedido”.
En algunos recuentos se habla hasta de una decena de procesos que esperan por Martinelli en Panamá, entre los que destacan, Una acusación de Delito Financiero en la casa de valores Financial Pacific, y un caso de uso de información privilegiada para la compra y venta de acciones de empresas mineras. Igualmente la escandalosa concesión a la empresa Cobranzas del Istmo para la recaudación de impuestos, dónde supuestamente recibía dineros de las altas comisiones consignadas a la empresa en el contrato que se firmó con el Estado.
Otros casos llamativos son su participación en la compra directa de comidas deshidratadas por 45 millones de dólares a inicios de su gobierno a través del entonces llamado Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otra por su responsabilidad en el otorgamiento de 350 indultos perdonando a reos comunes, a pesar de que la Constitución solo le permite hacerlo ante delitos políticos.
Todas estas causas y cualquier otra que surgiera quedaría sin resolver. “Las posibilidades de pedir autorización posterior al pedido parecen muy lejanas”, apunta Álvarez y para reforzar su tesis se basa en la negación de la fianza a Martinelli, en la que el juez citó la norma al establecer que no se admite fianzas en estos casos, “La regla de especialidad es un obstáculo quizás más sólido y antiguo que la exclusión de fianza en extradición. Verás entonces que si para aplicar una excepción más común a una regla, exige un alto nivel de justificación, imagina lo que habrá que hacer frente a una regla más dura”.
¿Entonces quedarán impunes estos casos? La única alternativa que ve Álvarez la tiene la Corte Suprema de Justicia: “¡Enviar los otros pedidos con mayor celeridad antes de que venga a Panamá!”
Sin embargo se desconoce si la Corte panameña, que tomó meses en completar el proceso que actualmente tiene detenido al exmandatario en Miami, adelanta los trámites para nuevos pedidos. Todo tendría que hacerse antes que halla una decisión del juez Edwin Torres en Estados Unidos, que ha fijado la fecha de audiencia de extradición para el 25 de julio.