Hay funcionarios que ya dieron lo que tenían que dar por el país en un cargo judicial, y es un deber patriota dejar que una nueva generación revitalice nuestro sistema. Y esto último no es un tema de edad, sino de vocación
Poco más de 15 años de mi vida profesional los dediqué a dirigir programas de fortalecimiento y modernización del sistema de Justicia, y debo reconocer que me deja un mal sabor el ver la poca credibilidad que, al día de hoy, este sistema inspira en los ciudadanos panameños.
Cuando no se confía en nuestros jueces, o peor aún estos tienen miedo, los ciudadanos no podemos dormir tranquilos. La percepción de que el sistema de Justicia es corrupto, que responde a intereses políticos, que hay justicia selectiva, que una decisión judicial no depende de lo justo o legal sino de las conexiones, de cuánto puedas pagar por un abogado o de tu apellido, deja en la sociedad una amarga sensación.
El Poder Judicial de cualquier país está llamado a limitar los poderes del Ejecutivo y del Legislativo; es el fiel de la balanza, su contrapeso. Solo hombres y mujeres honorables y con un verdadero sentido de justicia pueden colocarse en esos zapatos. Si el Poder Judicial no funciona o es entorpecido, la Democracia se marchita.
Hay que tener una mirada de líder y estadista para sembrar, como un día lo hizo Belisario Porras en otros ámbitos del sector público, preparando desde las universidades a nuestros futuros abogados con vocación judicial para que en el mediano y largo plazo podamos cosechar una generación de gente de la justicia con un sentido de servicio a la Patria, únicamente apegado a valores, a la consolidación de nuestra Democracia, a la Constitución y a la Ley.
Creo firmemente que es impostergable una reforma integral desde el ámbito constitucional de nuestro sistema de justicia. Así como hay un plan de gobierno quinquenal, debe existir un plan de gobierno del Poder Judicial que mire a mediano y largo plazo los proyectos para su constante fortalecimiento y modernización. Esta labor le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que es el ente de gobierno del Órgano Judicial. Esto último debe ser discutido en esa reforma constitucional y encontrar una fórmula que separe las funciones puramente judiciales de las administrativas, como ocurre en otros países.
Un paso indispensable es una carrera judicial que asegure un proceso de relevo para que en el sistema queden solo los mejores. Hay funcionarios que ya dieron lo que tenían que dar por el país en un cargo judicial, y es un deber patriota dejar que una nueva generación revitalice nuestro sistema. Y esto último no es un tema de edad, sino de vocación.
Conozco a buena parte del personal tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público y sé que hay gente, probablemente la mayoría, muy comprometida y preparada. Pero en un nervio tan sensitivo de nuestro Estado de Derecho no podemos conformarnos con medias tintas.
Por otro lado, es incongruente que se pregone tanto el tema del desarrollo económico y se invierta tan poco en el sistema judicial, que es el garante de la seguridad jurídica de todos. Los inversionistas al momento de escoger un destino para sus proyectos indagan por el sistema judicial que eventualmente dirimirá sus conflictos como un factor determinante para aprobar una inversión.
Como ciudadanos pienso que ha llegado el momento de dejar la pasividad. Sobre todo para los que conformamos el gremio forense que somos los llamados a defender en primera línea nuestra Administración de Justicia. Ya otras generaciones, como la de 1964, nos dieron cátedra de civismo y amor por la Patria. ¿Queremos un Panamá con una democracia plena y fortalecida? Entonces luchemos por ella.
*Abogado - Consultor en Justicia y Democracia