Panamá además de ratificar la convención multilateral sobre asistencia mutua en materia fiscal, que entra en vigor el mes próximo, ha adoptado medidas para obligar a las empresas a conservar registros contables de al menos cinco años, manifestó la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó que Panamá, Guatemala y Micronesia han salido de una de las “listas negras” del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, que examina el cumplimiento en los últimos 15 meses del criterio de intercambio de información sobre demanda (EOIR).
Este organismo ponderó que en los últimos quince meses se han constatado “progresos masivos”, al publicar los resultados de un examen provisional de ese estándar, dentro de la misión que le había encomendado el G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) con vistas a su cumbre que se celebrará el 7 y 8 de julio en Hamburgo (Alemania).
Uno de los progresos que se ha constatado de acuerdo a la OCDE es el de Panamá que ha pasado de incumplir el EOIR a cumplirlo “ampliamente”. De igual forma destacó los avances de Guatemala y Micronesia,
En el polo opuesto se encuentra Trinidad y Tobago, que según OCD es el único país que figura en esa “lista negra” por incumplir el EOIR, en tanto que en otras 6 localidades (Anguila, Curaçao, Indonesia, San Martín, Turquía y las Islas Marshall), están en una “lista gris”, es decir por respetarlo sólo “parcialmente”.
La OCDE destacó el impulso global que han dado al proceso en favor de una mayor transparencia fiscal las revelaciones en la prensa de los llamados “papeles de Panamá” sobre los mecanismos de ocultación masivos en ese país.
En este sentido dicho organismo señaló que Panamá ha tomado “acciones significativas para cumplir plenamente su compromiso de ajustarse al estándar y de corregir las fallas que se habían detectado”.
Agregó que Panamá además de ratificar la convención multilateral sobre asistencia mutua en materia fiscal, que entra en vigor el mes próximo, ha adoptado medidas para obligar a las empresas a conservar registros contables de al menos cinco años.
Aunado a que ha clarificado la legislación para anular algunas acciones anónimas, ha reforzado la autoridades de control con sanciones “sustanciales” para los intermediarios que no cumplan con sus obligaciones de ofrecer las informaciones que se les pidan y ha empezado una limpieza de sociedades inactivas en su registro público (el proceso se ha iniciado para 250.000).