Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a Nicaragua a declarar una moratoria del proyecto de canal interoceánico que, según la organización, amenaza con expropiar a miles de campesinos, en un irrespeto “inaceptable” a sus derechos
El gobierno nicaragüense debe “adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto u obra del proyecto del Gran Canal hasta que se establezcan salvaguardas legales y procesales” para las comunidades instaladas en la la ruta de la vía, dijo el organismo en un extenso informe divulgado este jueves en Managua.
La investigación, titulada “Peligro: Derechos en venta”, fue presentada por la Fundación de Derechos Humanos que preside la activista nicaragüense residente en Europa Bianca Jagger, quien se encuentra de visita en el país.
La AFP intentó obtener una reacción del vocero de la Comisión del Canal, Telemaco Talaver, sobre el informe pero no obtuvo respuesta.
A juicio de AI, la suspensión permitiría a las autoridades nicaragüenses renegociar el acuerdo de concesión del canal a la empresa china HKND, aprobado en junio de 2013, y derogar o reformar la ley canalera sobre la base una amplia consulta que garantice la “integridad ambiental y brinde protección contra desalojos forzosos”.
Preocupa, además, lo poco que se sabe públicamente sobre “el desarrollo del proyecto y la búsqueda de financiamiento”, afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación del informe.
El canal prevé desplazar a entre 30.000 y 120.000 campesinos y expropiar 2.900 km de tierra del sur del país. Grupos ambientalistas han alertado sobre un “severo” daño al entorno.
El proyecto ha provocado más de 90 protestas campesinas, algunas de las cuales han sido reprimidas por el gobierno, y más de 30 recursos de inconstitucionalidad han sido rechazados por los tribunales.