Este viernes los separatistas estaban retirando dinero en efectivo de bancos como CaixaBank o Sabadell, para protestar por el hecho de que hayan sacado su sede social de Cataluña
El gobierno español estudiaba este viernes las medidas concretas con las que se dispone a intervenir la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista, una medida que podría desembocar en unas elecciones regionales anticipadas a comienzos de 2018.
Con mucho tiento, el gobierno de Mariano Rajoy está negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al “cumplimiento forzoso” de la legalidad.
Las medidas se precisarán este sábado en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ahí serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.
La suspensión de autonomía, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.
El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado.
El gobierno de Rajoy se está tomando por ello su tiempo, y este viernes envió a Puigdemont el mensaje de que todavía hay tiempo para negociar.
“Hasta que se celebre el pleno (del Senado), el señor Puigdemont puede rectificar, puede volver a la legalidad constitucional”, dijo a la radio Cadena SER el número 3 del PP, Fernando Martínez-Maíllo.
“Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen”, insistió.
Martínez-Maíllo reconoció que el 155, nunca aplicado de lleno en 40 años de democracia, “tiene sus complicaciones, y es una situación muy compleja por lo inédito”.
Por ello, “tiene que tener una limitación en el tiempo”, y sobre todo “tiene que acabar en unas elecciones” regionales en Cataluña.
El escenario de unos comicios anticipados está ganando peso. La dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas del 155 con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en Cataluña en enero.
“Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones”, explicó.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.
El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora, como recordó este viernes el vicepresidente Oriol Junqueras.
Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria del gobierno español y los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.
– Los independentistas, muy movilizados –
En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. Este viernes, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.
Joaquim Curbet, un editor de 58 años, retiró del banco 155 euros, “una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español”.
También en clave simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.
“Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana”, dijo esta abogada de 42 años.
La retirada de dinero fue promovida por la asociación independentista Òmnium Cultural. Actualmente, su presidente Jordi Cuixart y el de otra asociación soberanista (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sánchez, están en prisión preventiva cerca de Madrid por un presunto delito de “sedición”.