Perú reabrió el lunes el debate sobre la pena de muerte, que está abolida en el país con excepción de los casos de traición a la patria, luego que el ministro de Justicia se pronunció a favor de aplicar ese castigo a los violadores de niños
“Personalmente yo sí creo en la pena de muerte (…) En realidad la pena de muerte sí es disuasiva”, aseguró el titular de Justicia, Enrique Mendoza, la noche del domingo, una declaración hecha en momentos que Perú está indignado por la escandalosa violación de una niña de dos meses por su padre.
El ministro, un magistrado que presidió el Poder Judicial, sorprendió al señalar que “la pena de muerte para crímenes atroces yo creo que sí debería llevarse adelante, por lo menos estudiar el asunto”, en declaraciones al canal N de televisión.
La postura del ministro mostró fisuras en el gobierno, pero animó a congresistas del opositor partido Fuerza Popular (populista, fujimoritsa) a anunciar que presentarán un proyecto de ley destinado a restablecer la pena capital en los casos de violadores sexuales.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuzcynski, se sumó al incipiente debate para subrayar su rechazo a la pena de muerte y reclamar leyes más duras para que los violadores de menores permanezcan más tiempo en prisión.
“Entiendo perfectamente la emoción que mucha gente siente contra crímenes terribles como la violación de niños, entiendo que eso es absolutamente inaceptable”, declaró el lunes el mandatario, pero -acotó- “nosotros, en nuestra Constitución, no aceptamos la pena de muerte”.
La congresista Karla Schaefer, de Fuerza Popular, es una de las principales impulsoras del proyecto, que prometió entregar pronto alegando que es “un clamor de la población” aplicar la pena capital a los violadores.
“No es que vamos a sacar la pena de muerte en estos meses, así lo propongan, va a ser sometido a un debate amplísimo”, anticipó el domingo el ministro de Justicia.
La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, también del partido fujimorista como Shaefer, urgió a “generar cambios y abrir la discusión y el debate”.
Perú requiere modificar su constitución de 1993 y denunciar convenios internacionales de abolición si quiere reimplantar la pena de muerte a los violadores. Hasta ahora el país sólo la aplica a “traidores a la patria en caso de guerra”.