Para implementar las prohibiciones, el administrador de la Cinta Costera, es decir el MOP contará con el apoyo del Servicio de Protección Institucional (SPI)
Los representantes o responsables de las actividades deben comprometerse a devolver las instalaciones en las mismas condiciones y la administración se reserva el derecho de “exigir” una fianza para garantizar la atención a áreas que sean afectadas.
El decreto 281, que regula el uso de la Cinta Costera, busca proteger un valioso patrimonio de la ciudad y los panameños y regula múltiples aspectos para mantenerlo accesible, limpio y seguro. Es un espacio público, donde los ciudadanos pueden manifestarse con libertad.
— SCE (@SeCPanama) 18 de enero de 2018