Antes del juicio de Pedro Miguel González por el supuesto asesinato de un soldado estadounidense, Washington estableció un canal de comunicación para tratar de garantizar un resultado transparente y aceptable para ambas partes.
Después de explorar el acercamiento y abrir ese espacio de contacto, fijando día y hora para el encuentro pedido por Pedro Miguel y su padre, el fallecido líder y fundador del PRD, Gerardo González, en el último momento abortó la iniciativa. Se perdió, de ese modo, una oportunidad para encontrar una salida que quizá le hubiera ahorrado la pesadilla que significa ser perseguido por el largo brazo de la justicia estadounidense.
Estos son los hechos. A comienzos de 1997 coincidí en La Habana con el embajador Mike Kozak, nombrado al frente de la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Me había trasladado desde México, para trabajar como corresponsal del diario azteca El Universal, y Ámbito Financiero, de Buenos Aires.
En una conversación informal en la residencia diplomática en las afueras de La Habana, recordamos los incidentes de nuestro último encuentro en el hotel Montana de Puerto Príncipe. En ese momeneto -octubre de 1994- Kozak negociaba la salida del dictador Raoul Cedrás y el regreso del presidente Jean-Bertrand Aristide.
Kozak, con las tropas enviadas por el entonces presidente Bill Clinton a Haití, fue el encargado de dar el ultimátum a Cedrás y acordar su exilio en Panamá.
Volviendo a la actualidad, Kozak me preguntó qué novedades había en Panamá. Le comenté que un hecho que enturbiaba las relaciones con Estados Unidos era el caso de Pedro Miguel González, hijo del líder del PRD, Gerardo González, y su juicio programado para finales de ese año.
Los hechos se habían registrado el 10 de junio de 1992, en la víspera de una visita oficial a Panamá del entonces presidente George Bush padre, cuando hombres armados atacaron un Humvee que patrullaba una zona cercana a Colón.
Tras una treintena de disparos al vehículo, resultó muerto el sargento Zak Hernández y heridos el comisionado Ronald T. Marshall y el soldado Jeffrey Moore. Dos semanas después un delator anónimo dio la pista para encontrar, en el patio de una dependencia del MIDA en Gatún, el fusil AK-47 y la subametralladora Smith & Wesson empleados en el atentado.
Después de los análisis de balística del FBI y la británica Scotland Yard, Jaime Abad, entonces director de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ), informó que había evidencia que vinculaban a Pedro Miguel.
Tras negar las acusaciones, argumentando que ese día se encontraba en una manifestación opuesta al arribo de Bush al país, desapareció de escena por 29 meses. Se especuló que estuvo en Cuba, en México o en República Dominicana.
El entonces embajador estadounidense, Dean Hinton, dijo que Washington ofrecía una recompensa de $100,000 y que capturaría a los responsables del atentado y los extraditaría a Estados Unidos. “Esto no es más que un show mediático de Endara,( para la fecha el presidente de Panamá), para congraciarse con los gringos”, fue la reacción de Gerardo.
El 26 de enero de 1995, cuatro meses después de recuperar el PRD el poder -bajo el liderazgo del presidente Ernesto Pérez Balladares- Gerardo, como diputado y presidente del PRD, se presentó al Palacio de Las Garzas y pidió ver a Pérez Balladares. Tras las consultas, el mandatario lo recibió.
“Presidente, vengo a ponerle la vida de mi hijo en sus manos”, le dijo emocionado. Le explicó que Pedro Miguel estaba en un auto estacionado fuera del palacio presidencial. Pérez Balladares llamó de inmediato al entonces jefe de la Policía Nacional (PN), José Luis Sosa, y le ordenó arrestar al prófugo. Primero permaneció detenido en una celda de máxima seguridad. Luego pasó a un régimen más flexible en un recinto en el patio de la sede de la PN en Ancón y, posteriormente, fue trasladado a la cárcel El Renacer donde esperó el juicio.
Kozak estaba informado del caso de Pedro Miguel. Recordaba a Gerardo por una reunión que sostuvieron en 1975 cuando ocupaba la vicepresidencia de la República, durante el gobierno del fallecido presidente Demetrio Lakas. Estaba familiarizado con Panamá, pues fue asesor en las negociaciones de los acuerdos canaleros Torrijos-Carter y participó en el proceso de ratificación por parte del congreso estadounidense.
Jugó, además, un papel crucial en la negociación para la salida del dictador Manuel Noriega, quien después de comprometerse a firmar lo acordado- tras 50 horas de negociación directa con Kozak- abortó el proceso. “Noriega nunca fue sincero. Estaba solo comprando tiempo”, me comentó.
En esa conversación en La Habana, le plantee la idea de abrir un canal de comunicación entre Washington y Pedro Miguel, buscando un acuerdo que garantizara un juicio que fuera reconocido por Estados Unidos. Le dije que podría viajar a Panamá y sondear la posibilidad de un compromiso de parte del encausado. Como diplomático experimentado, Kozak no se comprometió, pero me anticipó que haría algunas consultas. Al final, nada se perdía.
Viajé a Panamá, en la primera de tres visitas posteriores. Contacté a Gerardo, a quien expliqué el interés que me movía y programó una reunión con Pedro Miguel. El encuentro se dio al día siguiente en un recinto acondicionado en el patio de la sede de la Policía Nacional. Era la primera vez que hablaba con Pedro Miguel. Le expliqué el contenido de mi iniciativa y que, si me autorizaban, trataría de gestionar un canal de comunicación con Estados Unidos, a través del embajador Kozak.
Volví a La Habana, con el visto bueno de Pedro Miguel y Gerardo. Kozak me comentó que Washington podrían considerar una solicitud formal de parte de Pedro Miguel.
Con ese adelanto, regresé a Panamá. Propuse que Pedro Miguel y Gerardo redactaran una carta solicitándole formalmente a Kozak iniciar contactos ante el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Kozak transmitiría el contenido a Washington y, dependiendo de la respuesta, se programaría una reunión con Gerardo en La Habana.
De vuelta en La Habana, Kozak me invitó a la sede de la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Le entregué la carta y, luego de leerla, salimos al balcón que domina El Malecón habanero. Relató que, antes de la revolución de 1959, los embajadores estadounidenses presenciaban desde ese lugar los tradicionales desfiles cubanos.
Kozak comunicaría a Washington el contenido de la carta y esperaría instrucciones para fijar la fecha de una reunión con Gerardo.
En una nueva reunión con Gerardo y Pedro Miguel, les comuniqué que la cita sería en mi casa en La Habana, en ocasión de una cena preparada para un pequeño grupo de embajadores amigos. Gerardo debía llegar antes al aeropuerto, enviaría por él y lo alojaría en una habitación para, en un momento determinado, encontrarse con Kozak.
La tarde fijada para la reunión, llegaron los diplomáticos y Kozak. Pero el que no arribó a La Habana fue Gerardo. En medio de la cena, recibí su llamada anunciando que le era imposible viajar y dejaba sin efecto lo acordado. Preocupado, le comuniqué a Kozak la situación. Después Gerardo se disculpó personalmente asegurando que había otras maneras de tratar el asunto con Estados Unidos. Nunca supe cuáles eran esas otras vías.
Cuando le informé a Kozak el contenido del último contacto con Gerardo, me dijo: “Creo que no tenían intenciones de garantizar un juicio transparente”. El 1 de noviembre de 1997, Pedro Miguel fue absuelto por un jurado de conciencia que lo encontró inocente.
Para Estados Unidos el juicio fue una farsa de un sistema judicial corrupto en el que hubo complicidad de los jueces, intimidación a testigos y presiones por parte de prominentes figuras del PRD. En ese momento Gerardo presidía la Asamblea Nacional, cargo en el que se reeligió durante tres periodos consecutivos.
Arlene La Porte, madre de Hernández, estuvo en el juicio. “Tengo en mi mente grabada la imagen de Pedro Miguel. Jamás se me va olvidar”, dijo a medios de prensa, acompaña de Carolina, la hija de Hernández fruto de la relación fugaz con una panameña hace 27 años.
En esa ocasión, La Porte aseguró que agentes del FBI le dijeron que no han dejado el caso de lado. “Como entre Panamá y Estados Unidos no hay acuerdo de extradición, estamos esperando que (Pedro Miguel) salga de Panamá a un país que tenga ese acuerdo con Estados Unidos para poder apresarlo”, añadieron, según La Porte.
Los tribunales federales estadounidenses mantienen actualmente un llamamiento a juicio contra Pedro Miguel. Está expuesto a una posible sentencia de hasta tres condenas perpetuas si las autoridades estadounidenses logran capturarlo, enjuiciarlo y condenarlo.
Pedro Miguel se ha refugiado en la inmunidad que le otorga el cargo legislativo y el fuero electoral con que lo ha amparado el PRD, como Subsecretario General y desde octubre pasado como Secretario General. Después de resultar electo como diputado durante ocho años, perdió la reelección en el 2009 para un tercer periodo en el circuito 9-3 de Veraguas, ante el candidato del panameñismo, Francisco Brea, respaldado entonces por Cambio Democrático, Unión Patriótica y Molirena.
Pedro Miguel denunció en esa campaña que la Embajada de Estados Unidos estaba apoyando en su circuito a Brea y que tenía las manos metidas en esa elección para impedirle repetir en el cargo. Durante su primera elección para diputado en 1999, fuentes cercanas a la embajada estadounidense denunciaron que se había atrincherado en la sede de campaña en el corregimiento de San Francisco con un cargamento de armas provenientes de Cerro Tute. Como comprobaron medios de prensa, se trató de una falsa información.
De lo que no hay duda es que Pedro Miguel está consciente de que el largo brazo de la justicia de Estados Unidos puede alcanzarlo algún día. Esa es suficiente zozobra como para quitarle el sueño a cualquier ciudadano.
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