El caso de un político ecuatoriano extraditado a su país dentro de una vendetta del entonces presidente Rafael Correa, en complicidad con el excanciller panameño Francisco Álvarez de Soto, vuelve a ser noticia.
La presencia en Quito, del excanciller Fernando Núñez Fábrega para declarar en una audiencia y revelar las razones por las que Panamá le concedió asilo territorial a Tito Galo Lara en septiembre del 2013, da actualidad al tema.
En la audiencia, que se realizó el lunes en la tarde, el abogado defensor Juan Vizueta, llamó a declarar a seis funcionarios del gobierno de Correa que aportaron información clave sobre el caso.
La comparecencia fue dispuesta por la Corte Nacional de Justicia para tratar el recurso extraordinario de revisión de sentencia presentado por Vizueta. Lara cumple una condena 10 años de prisión involucrado en un triple asesinato del que en primera instancia había sido absuelto en el 2012.
En una revisión de lo juzgado, pedida por la Fiscalía General ecuatoriana, Lara fue condenado posteriormente, mientras estaba asilado en Panamá, por un delito que las evidencias revelan que no cometió.
El pedido de revisión de la sentencia se presentó en octubre pasado con el interés de que los jueces actúen en forma imparcial. La defensa de Lara no descarta acudir a organismos internacionales si no obtienen una sentencia de absolución.
Entre los testigos presentados por Vizueta estuvo un exlegislador que aseguró que para dictar esa sentencia se recurrió a acusaciones falsas y presiones extrajudiciales. El exlegislador aportó pruebas documentales que comprueban que en el momento del crimen, Lara estaba en un hospital acompañando a su pareja que daba a luz.
Ante la persecución política lanzada en su contra, Lara escapó a Colombia y luego viajó a Panamá en busca de asilo territorial.
Uno de los testigos claves en la revisión del juicio abierto esta semana fue Núñez Fábrega, cuya renuncia, cinco meses antes del final de la administración de Ricardo Martinelli, estuvo relacionada con el asilo otorgado a Lara. Álvarez de Soto, quien lo sustituyó, desconoció el asilo y aceleró su extradición.
De acuerdo a Núñez Fábrega, se trató de una trama diplomática que orquestó Correa para extraditar a Lara desde Panamá. “Fue un perseguido político del gobierno de Correa”, dijo el excanciller a la prensa ecuatoriana.
Recordó que en una ocasión recibió la visita del Fiscal General del Estado, el vicecanciller, el ministro de Defensa, y un grupo de militares que llegaron a Panamá para exigir que le negaran el asilo y entregaran a Lara. Por lo menos en cuatro ocasiones aviones militares ecuatorianos aterrizaron en Panamá para presionar a las autoridades para que entregaran a Lara.
“Entonces yo me pregunte: ¿Por qué era necesario ese despliegue de potencia? Fue entonces que le di el asilo a Lara”, subrayó. El decreto de asilo territorial fue firmado por Martinelli y Núñez Fábrega.
“Simplemente consideré que no le podía negar el asilo a Lara y salí por eso de la cancillería, porque me opuse a tramitar la revocatoria del decreto de asilo, lo que hizo luego mi reemplazo. Eso me causó la destitución”, reconoció Núñez Fábrega.
Relató que en el contexto del proceso de asilo humanitario al político ecuatoriano, el gobierno de Correa interceptó en aguas internacionales el barco pesquero Doria, de bandera panameña, pieza clave en una operación encubierta de la DEA y el gobierno de Australia.
La detención del barco y su tripulación compuesta por agentes de distintas nacionalizadas abortó dos años de seguimiento para dar un golpe a gran escala al tráfico internacional de drogas.
Estados Unidos presionó para recuperar la tripulación, pero Correa se negó y exigió que a cambio las autoridades panameñas le entregaran a Lara.
“No hay las pruebas suficientes. El excanciller Núñez Fábrega ha contado toda la verdad y Ecuador hoy se entera de esta noticia”, dijo Jenny Lara, hermana del exlegislador, destacando que ese testimonio se refuerza su inocencia.
El verdadero delito de Lara fue denunciar desde su curul en el congreso ecuatoriano actos de corrupción de Correo y su entorno.
“Tuvo el coraje de denunciar por delitos graves al gobierno de Correa, algo que ningún político se atrevía en ese entonces”, dijo el abogado Guillermo Cochez, quien participó en la defensa de Lara en Panamá.
Entre las denuncias estaban la compra de radares a la República Popular China que nunca funcionaron y por los que se pagaron jugosas comisiones, además de sobrecostos en carreteras donde estaban involucrados allegados a Correa.
El exmandatario trató en varias ocasiones de despojarlo de su inmunidad parlamentaria y como no lo logró armó un caso para involucrarlo en un crimen en el que evidentemente Lara no tuvo participación.
Cochez señaló a Álvarez de Soto “como autor intelectual y material de la revocatoria del asilo” que Panamá le había otorgado como perseguido político a Lara. Pero también apuntó a la complicidad de la Corte Suprema de Justicia.
Lara fue detenido en junio del 2014 y antes de la extradición fue recluido en cinco cárceles distintas. Su extradición se produjo en noviembre del 2014.
Una copia certificada del primer dictamen en el que los tribunales ecuatorianos declararon no culpable, que sirvió de documento probatorio para obtener el asilo territorial, fue extraída del expediente de Lara.
Poco después de asumir el cargo, Álvarez de Soto viajó a Ecuador con el equipo legal de la cancillería y acordó canjear la tripulación del barco Doria por Lara.
“Se llegó a decir que el gobierno ecuatoriano invirtió más de $6 millones para lograr la anulación del asilo, allanándose el camino para su deseada extradición”, subrayó Cochez.
Álvarez de Soto fue señalado, posteriormente en otro caso, por el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Jorge Motta, por haberse beneficiado de una beca de $32,000 mientras ocupado un cargo público, lo que reñía con la ética. Esa fue una de las razones por las que Varela desistió de nombrarlo como embajador en Bruselas.
Como la extradición del político ecuatoriano se produjo cuatro meses después de asumir el nuevo gobierno, Cochez también cuestionó lo actuado por el presidente Juan Carlos Varela y su canciller, Isabel de Saint Malo.
La extradición fue apresurada, faltaban testigos por declarar. Ni la Procuraduría General de la Nación ni el Ministerio de Relaciones Exteriores respondieron a las demandas de los abogados de Lara para que explicaran las razones por las que habían actuado con tanta celeridad, sin notificación y violando los procedimientos legales. El decreto de extradición fue firmado por Varela y Saint Malo.
Fuentes diplomáticas, por otro lado, aseguraron que vieron copia del perfil sicológico de las nuevas autoridades panameñas, pagado por Correa para conocer sus debilidades personales y explotarlas.
La extradición de Lara se convirtió en un triunfo personal de Correa. Lo aisló en una prisión en la que se le impidió el acceso a sus abogados, sometiéndolo a torturas sicológicas y violando sus derechos humanos. Esos hechos fueron denunciados ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.