Mientras el presidente muestra una personalidad que hasta ahora parecía oculta, el partido Panameñista entra en un rumbo de confrontación
Las abiertas amenazas contra los diputados opositores que integran la Asamblea Nacional (AN) por parte del presidente Juan Carlos Varela han dejado al descubierto su talante autoritario y el rumbo de confrontación en el que ha entrado el gobierno panameñista. Las amenazas nunca son oportunas, menos en política, porque son evidencia de una conducta insensata e irreflexiva.
Varela lanzó sus ataques en forma despectiva a “ese grupito de diputados” a quienes amenazó con “hacer valer la autoridad de mi puesto como Presidente de la República de Panamá”.
¿Quién actúa de manera irresponsable? ¿Quién debería dar ejemplo de cordura, equilibrio y espíritu de diálogo para resolver la crisis institucional de la cual es el mayor responsable? ¿Quién está llevando al país a un enfrentamiento?
Varela “no tiene poder constitucional para determinar la conducta de la Asamblea Nacional”, fue la respuesta Yanibel Ábrego, presidenta del Órgano Legislativo, respaldada por las bancadas de Cambio Democrático y el PRD.
La “conducta amenazante” de Varela “constituye una provocación política”, subrayó Ábrego.
Una conducta recurrente
Las amenazas contra quienes no se alinean con sus pretensiones, no son nuevas en Varela. Desde antes de asumir el gobierno, pidió la renuncia del magistrado José Ayú Prado. En esos mismos días, según fuentes presentes en una reunión con abogados, aseguró que “al primero que me voy a echar” es al magistrado Alejandro Moncada Luna.
Consideraba a Moncada Luna como un aliado incondicional del expresidente Ricardo Martinelli. Removiéndolo del máximo órgano de justicia encontraría menor resistencia en su campaña de judicialización de la política. Moncada Luna, que tenía sus propios pecados, fue elegido por Varela para amedrentar a una CSJ en la que nadie está libre de corrupción. La condena a 60 meses de prisión fue una advertencia de la suerte que podrían correr otros magistrados.
Como no logró la renuncia de Ayú Prado, la opción era manipularlo. Así lo confirmó Ramón Fonseca Mora, otrora uno de los ministros consejeros de Varela, quien rompió con el mandatario al verse desprotegido en medio del escándalo por los llamados Papeles de Panamá.
En diciembre del 2016, Varela llenó dos vacantes de la CSJ con los abogados Cecilio Cedalise y Ángela Russo. “El presidente nombró a los dos magistrados para que votaran por Ayú Prado en la Corte”, afirmó Magaly Castillo, directora de la Alianza Por la Justicia. Con esos votos Ayú Prado se reelegió como presidente de la CSJ. “Se ha dicho que Ayú conoce información sensitiva. Lo otro que dicen es que es manejable”, añadió.
Si en el caso de su intervención en la CSJ, ha puesto en evidencia su injerencia en el Órgano Judicial, lo actuado por Varela en la AN demuestra que el Ejecutivo no respeta la separación de poderes.
Para lograr la docilidad de la AN, Varela distribuyó en los tres primeros años de su mandato $15 millones entre los diputados y garantizó a cada uno, en forma adicional, $30,000 mensuales para usar a discreción. Durante ese periodo manipuló a su antojo el Órgano Legislativo, hasta que se produjo la ruptura al tratar de imponer sus dos candidatas a ocupar nuevas vacantes en la CSJ.
Tal vez hubiera consumado sus pretensiones, pero –como dijeron fuentes diplomáticas- no contó con una abultada chequera para seguir comprando votos en la AN. Esas fuentes aseguraron que para contar con los 20 votos que necesitaba debía disponer de $10 millones.
“Habría sido un escándalo mayor confirmar que Varela había comprado los votos para la ratificación de las dos magistradas. Por eso encomendó a su hermano, el diputado Popi Varela, tratar de persuadir a los diputados sin ponerles nada en el bolsillo. Una misión imposible”, añadieron. “Quien no da, no va”, se ha convertido en frase célebre para medir la catadura de los diputados.
Varela se empecinó en obligarlos a que aprobaran sus nominadas provocando una crisis institucional que ha tenido como saldo la pérdida de control del Órgano Legislativo y una confrontación con los diputados opuestos a sus pretensiones.
‘El Gobierno está quedando mal, como uno que no respeta la democracia, la justicia, que quiere manipular al Órgano Judicial, porque al final, ¿por qué fue la testarudez? La gente percibe que él (Varela) quiere controlar a la Corte”, señaló Castillo. La razón: “Tiene miedo a que se le investigue”, resaltó Castillo.
Ni es su peor pesadilla
Lo que jamás se imaginó ni en su peor pesadilla, acaba de producirse.
Después de mover los hilos para generar un choque de trenes entre el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo, logró que la CSJ aceptara una advertencia de ilegalidad presentada por diputados oficialistas ante la disolución de la Comisión de Credenciales.
La CSJ ordenó suspender lo actuado por la AN al desmantelar la referida comisión, cuya integración no correspondía a la distribución proporcional en la que el oficialismo ocupaba cuatro de los nueve puestos, cuando es la bancada minoritaria en el Legislativo.
Ábrego rechazó y declaró “inadmisible” lo actuado por la CSJ y, luego de alinear posiciones, las bancadas de CD y el PRD, aprobaron este lunes la creación de una nueva Comisión de Credenciales controlada por la oposición.
En ese enfrentamiento del Ejecutivo con los diputados opositores, Federico Humbert, al frente de la Contraloría General de la República (CGR), informó sobre el resultado de más de tres años de auditorías a 186 municipios y juntas comunales.
Ese ejercicio permitió comprobar que durante la pasada administración, entre el 2009 y el 2014, se destinaron $319 millones a diputados de todas las bancadas para proyectos dentro de sus circuitos.
Los fondos eran asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los municipios y juntas comunales que tras descontar el 10% lo entregaban a los diputados. Solo en el periodo electoral, entre el 2013 y el 2014, los diputados recibieron $78 millones.
El Informe Humbert puede considerarse como “parte de la trama que se está llevando a cabo en la lucha que tiene el presidente Varela por controlar la Asamblea Nacional y a su vez los diputados que quieren mantener su independencia. Lucha esta que está afectando mucho a las instituciones del Estado”, escribió este fin de semana Samuel Lewis Galindo en La Estrella.
También puede ser interpretado “como parte de un chantaje del gobierno”, porque “le permite al Sr. Presidente amenazar o advertirles a los diputados que hoy están contra él, lo que un presidente de la República como él puede hacer para perjudicarlos”, añadió el empresario y político.
Cómo mueren las democracias
Distintas voces han denunciado que en su enfrentamiento contra sus adversarios políticos, Varela no solo ha empleado el sistema judicial y el Ministerio Público, también los estamentos de seguridad.
Sobre el tema abundó Lewis Galindo. Cuestionó que “nadie investiga al Consejo de Seguridad, parece ser una unidad autónoma, con total independencia”.
“Se comenta mucho en varios círculos, muy serios y creíbles, que las políticas del gobierno se hacen en reuniones del presidente con el secretario del Consejo de Seguridad y algunos otros directores; y en ocasiones asiste —se asegura— la procuradora general”, resaltó Lewis Galindo.
Medios de comunicación han denunciado la presencia de funcionarios del Consejo de Seguridad en distintas fiscalías al momento de realizar indagatorias.
Los profesores Steven Levitzky y Daniel Zibilat, de la Universidad de Harvard, acaban de publicar el libro How democracies die, (Cómo mueren las democracias), en el que afirman que en la actualidad las democracias no colapsan por golpes de Estado o asesinatos de presidentes. Sucumben a través de un proceso gradual, a veces silencioso, en el que las propias instituciones son manipuladas por gobernantes que desprecian los balances y contrapesos de las instituciones del Estado.
Establecen cuatro parámetros para determinar el rumbo de colapso de una democracia: Si un gobernante no toma en cuenta las reglas del juego democrático, le niega la legitimidad y amenaza a sus oponentes, tolera la violencia política y limita las libertades civiles y los medios de comunicación opositores. Con solo dar positivo en una de esas variables se está ante un actor político antidemocrático y un autócrata en ciernes.