Estados Unidos instó a otros en el hemisferio a ponerse de parte de Panamá y tomar medidas en apoyo del pueblo venezolano y su derecho a que se escuche su voz en elecciones libres, justas y transparentes
La portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos, Heather Nauert, felicitó la tarde de este viernes 6 de abril a Panamá, por su enérgica defensa de la democracia y los derechos humanos y por promover la estabilidad en el hemisferio tras aplicarle
“Aplaudimos el anuncio de Panamá el 27 de marzo de que reforzará la supervisión financiera de 55 venezolanos y 16 entidades venezolanas, y respaldará otros esfuerzos en la región para combatir el abuso de los sistemas financieros por parte de los actores corruptos” manifestó Nauert en un comunicado.
Panamá publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
De acuerdo con la resolución firmada por los ministerios venezolanos de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales, así como 46 empresas panameñas, como medida para proteger el sistema financiero venezolano.
Entre las personas naturales incluidas figura el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, entre otros.
Entre las empresas mencionadas: la compañía panameña de aviación, Copa Airlines, una de las pocas empresas de transporte aéreo que se mantenían operando en Venezuela, Morgan & Morgan y Pan Colombia Travel.
El Gobierno venezolano justifica la acción en una investigación anticorrupción que ha “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”. Dice la resolución.