Diplomática panameña señalada en caso de torturas ante la CorteIDH

La embajadora de Panamá en Portugal, Ilka Varela de Barés es acusada de haber ordenado las torturas que sufrió en 2003, un migrante ecuatoriano en una cárcel panameña

Desde la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, donde vive como refugiado desde el año 2006, el ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, todavía lleva las secuelas en su cuerpo de los golpes y vejámenes que sufrió en Panamá, cuando entró al país y fue tratado como delincuente, pero lo más grave: fue juzgado administrativamente sin derecho a defensa por órdenes de Ilka Varela de Barés, para entonces jefa de Migración y Naturalización, mientras su esposo dirigía la Policía Nacional.

Ese caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y tras las audiencias, este organismo condenó al Estado panameño y le obligó  a pagar una indemnización a la víctima, además pidió al país que realizara cambios urgentes en la organización de sus estamentos de seguridad, migración y las  cárceles. Ambas fases se han cumplido. Pero Vélez Loor que concedió una entrevista exclusiva a En Segundos,  aún reclama justicia, porque quedan pendientes.

La sentencia de la CorteIDH de 23 de noviembre de 2010, estableció además que los funcionarios señalados por Vélez Loor debían ser investigados, para determinar judicialmente su responsabilidad penal, por una serie de violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos y convenios internacionales sobre tortura y personas privadas de libertad, sin embargo esta fase del fallo no se ha completado y al contrario, la figura que según Vélez Loor y el fallo de la CorteIDH, debía responder por los tratos que sufrió este  migrante durante su detención de diez meses, lejos de ir como acusada a responder ante los tribunales ha sido distinguida en el gobierno de Juan Carlos Varela, como embajadora de Panamá en Portugal, desde el año 2014.

Aunque su visado estaba en orden, Jesús Vélez Loor, como otros miles de migrantes, optó por ahorrarse unos dólares y llegar a Panamá tras recorrer la tupida selva entre Colombia y Panamá, una decisión que lo llevó a los límites de la muerte. La pesadilla inició cuando puso un pie en la provincia de Darién.

– Arresto y tortura –

“Salí un domingo de Colombia en la madrugada y llegué un día viernes a la zona de Nueva Esperanza del Darién, casi una semana por la selva”, contó a En Segundos.

Allí fue detenido por el cordón policial que vigila la zona fronteriza, había muchos más migrantes, pero Vélez Loor llevaba puesta una camiseta de camuflaje. Eso bastó para que los policías en la zona lo acusaran de ser miembro de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y posteriormente, lo colgaron de su brazo a un poste, para que, “confesara”.

“Al otro día mi brazo no reaccionó y me trasladaron en un helicóptero amarrado y me llevaron a Metetí una semana, de ahí me trasladaron vía pluvial a La Palma y fue cuando me rompieron mi cráneo”, aseguró.

Corrían los días finales de noviembre de 2002 cuando estando detenido en La Palma “donde estábamos prácticamente desterrados”, enfermó por hongos y sarna, porque el agua del mar entraba hasta las celdas.

Por esto, ante lo que consideraba una injusta detención, Vélez Loor inició una huelga de hambre que ocasionó su traslado al Centro Penitenciario La Joyita, al este de la Cudad de Panamá, por orden de  Varela de Barés.

Su huelga lejos de ser escuchada como un reclamo para obtener un trato justo, detonó la orden de “torturarlo”. Cuando llegó al Pabellón 6 de La Joyita en junio de 2003, donde estaban otros presos extranjeros, aquellos le dijeron: “estás condenado con Ilka Varela de Barés”.

El arresto del ecuatoriano fue en efecto ordenado por Varela de Barés en la resolución 7306 de 6 de noviembre de 2002, que instruyó la detención por ser “ilegal” y por “razones de seguridad y orden público” sin mayor detalle.

“Yo no sabía quién era esa señora, ni sabía qué cargo judicial ocupaba, no sabía nada, ni siquiera sabía que era la directora de Migración. La mía fue una sentencia administrativa, no había audiencia, no había nada, se lo comunicaban sin ningún derecho a la defensa, sin alegar…”, afirmó Vélez Loor que además recuerda que muchos otros estaban ahí presos, en la misma condición.

A mí me mandaron a un cuarto que le llaman la discoteca, porque ahí le meten polvo de gas lacrimógeno por las partes íntimas… es lo que hicieron conmigo, contó Vélez Loor

Vélez Loor continuó quejándose desde esta cárcel, aquí se cosió la boca con hiilo de pescar y el nivel de su protesta fue de tal magnitud que otros reos utilizaron teléfonos clandestinos para dar a conocer el reporte a Radio Caracol en Colombia. Tras esa nueva insurrección fue trasladado al Pabellón 12 de máxima seguridad, donde sufrió los golpes que lo han dejado sin sensibilidad en sus pies y la pérdida parcial de un testículo, según consta en un informe médico legal obtenido por este medio.

Su paso por la cárcel La Joyita fue del 1 de junio de 2003 hasta el 9 de septiembre de 2003, cuando asegura lo sacaron al borde de la muerte y “como para librar de problemas al Estado”.

 – Sentencia y obligaciones de Panamá –

A pesar de todo el sufrimiento, Jesús Vélez Loor llevó el caso hasta la CorteIDH y el 23 de noviembre de 2010, se declaró responsable al Estado panameño por la violación a la libertad personal, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y al derecho a la integridad personal de este ecuatoriano que buscaba llegar hasta Estados Unidos.

El organismo pidió que Panamá eficazmente y con la mayor diligencia, dentro de un plazo razonable, desarrollara una investigación penal con relación a los hechos denunciados por el señor Vélez Loor. “Estoy pidiendo justicia contra la persona que ordenó que me torturaran y me procesó ilegalmente. De no haber ocurrido esto, de Ilka Varela no haber dictado esta sentencia en mi contra, no hubiera pasado lo que pasó”, dijo.

Lejos de los tribunales panameños, Varela de Barés es la embajadora y cónsul general de Panamá en Portugal desde el año 2014, devengando un salario mensual de $1,500 más $4,000 en gastos de representación.

Según la sentencia de la Corte, la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó que la detención de Vélez Loor fue “arbitraria”, desde que se dictó el auto de detención de 12 de noviembre de 2002 hasta que se autorizó su deportación el 10 de septiembre de 2003.

Pero en Panamá, esas evidencias no han sido suficientes. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió información a En Segundos y afirma que “La Sra. Ilka Varela de Barés rindió indagatoria ante la Fiscalía en su momento y no se le imputaron cargos”.

En esa misma comunicación a través de la Dirección de Comunicación de la Cancillería, se asegura que “El Estado panameño cumplió con su deber de investigar”. Agregaron que se han realizado las diligencias del caso a fin de esclarecer los hechos y comprobar un hecho punible”, sin embargo ni Varela de Barés, ni los policías que fueron señalados en las violaciones establecidas por la CorteIDH han ido a juicio.

Sin embargo, a los ojos de la Defensoría del Pueblo  de Panamá esta es una situación que sigue pendiente.

“Una de las faltas del cumplimiento de la sentencia, es la investigación judicial de los hechos denunciados por el señor Vélez Loor, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea”, explicó la institución en respuesta a interrogantes de En Segundos.

La Defensoría afirma que este aspecto no se había cumplido, hasta la audiencia del seguimiento realizada el 20 de noviembre de 2017, hace solo seis meses.

Tal vez por eso Vélez Loor al despedirse en la entrevista que concedió dejó colgando en el aire esta frase: “Pido justicia por favor”…