Para Ábrego, el actuar del Contralor raya en extralimitación de sus funciones y abuso de autoridad,”lo cual obstruye el normal funcionamiento de este Órgano del Estado, violando preceptos constitucionales y legales vigentes
La Contraloría de la República denunció que la Asamblea Nacional no permitió a sus auditores forenses iniciar la auditoria a la planilla 080.
Se conoció que miembros de la seguridad del parlamento legislativo informaron a los auditores de la existencia de un Amparo de Garantías Constitucionales presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra la orden de auditoria que se pretendía realizar a la planilla 080 de la Asamblea.
Ante esta situación, el contralor de la República, Federico Humbert advirtió que “la Contraloría usará las acciones legales necesarias para fiscalizar el manejo de estos fondos públicos”.
Y es que, la mañana de este miércoles, 15 de mayo, Auditores de la Contraloría se apersonaron a la Asamblea Nacional, para realizar una inspección, debido a la detección de supuestas irregularidades e incorrecciones en el manejo de fondos públicos asignados a la planilla 080.
La auditoría formal se efectuaría tras la orden dada por Humbert a la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditorías Forenses, a cargo de Pedro Rojas, con el fin de determinar la corrección o incorrección en los recursos asignados al financiamiento del objeto de gasto “gratificaciones, incentivos, y otros servicios personales” de esa planilla.
La presidenta del hemiciclo parlamentario, Yanibel Ábrego en conjunto con la mayoría de diputados, emitió un comunicado al país explicando que la auditoría ordenada por Humbert es un ataques por parte del Órgano Ejecutivo contra los miembros del legislativo, tras el rechazo de estos a las designadas por el Ejecutivo para Magistradas de la CSJ, las abogadas Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, respectivamente.
Para Ábrego, el actuar del Contralor raya en extralimitación de sus funciones y abuso de autoridad,”lo cual obstruye el normal funcionamiento de este Órgano del Estado, violando preceptos constitucionales y legales vigentes”.