En un informe dado al magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, por uno de los galenos que evaluó la salud del expresidente se pudo conocer que el expresidente se negó a tomar los medicamentos requeridos para estabilizar su salud
La mañana de este martes, 12 de junio, en el Segundo Tribunal Superior, de la CSJ, al galeno Leonardo Labrador, que atendió al exmandatario de la República, Ricardo Martinelli, la noche de ayer, en el Centro de Rehabilitación El Renacer, compareció ante el magistrado Mejía para sustentar su informe médico. Este galeno sugirió la noche del lunes 11 que se trasladara al también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), al Hospital Santo Tomás, luego que fuese atendido, por orden del magistrado de Garantías.
Nicodemes Castillo, defensa de una de las partes querellantes cuestionó al doctor Labrador sobre la atención y medicación que brindo al expresidente a su llegada al país tras la extradición.
El abogado Castillo señaló que según la versión del doctor Labrador al exmandatario 10:15 a.m. le dieron el primer antihipertensivo y tenía presión de 200/115, el segundo antihipertensivo se le suministró a las 11:30 a.m registrando una presión de 200/117 y el tercer antihipertensivo se le dio a las 1:00 p.m. bajando su presión arterial a 200/105. Luego de esta dosis Martinelli no quiso tomar los otros medicamentos que se le proporcionaron por lo que todo el día estuvo inestabilizado, producto de la la tensión del momento.
Según el abogado Castillo, la postura tomada por el expresidente de no dejarse medicar, fue intencionada para agravar su salud y así evadir la detención en un centro penitenciario.
Durante la diligencia de comunicación de derechos que se llevó a cabo este lunes, el cardiólogo privado Gabriel Frago dijo que pudo detectar la arritmia del exmandatario.
Martinelli se encuentra en la sala de cuidados intensivos del Santo Tomás, ha sido medicado para controlar su crisis hipertensiva, y se encuentra estable, informó el director médico de ese hospital, Ángel Cedeño.
Martinelli es procesado por la interceptación no autorizada de por lo menos 150 personas –entre políticos, sindicalistas, periodistas, miembros de la sociedad civil y empresarios-, desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.