Arjona era el representante legal de la empresa a la cual se le adjudicó la licitación para el proyecto de “Compra de Alimentos Deshidratados para las escuelas oficiales” a través del Programa de Ayuda Nacional.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación en contra de la decisión emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, de anular y archivar el proceso por peculado al abogado Amado Arjona, implicados en la compra de comida deshidratada en el Programa de Ayuda Nacional (PAN),
La Fiscalía, sustentó su apelación, señalando no compartir el criterio esbozado por el Juez de Primera Instancia, ya que en las diferentes diligencias y pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación, se pudo corroborar la existencia de una lesión patrimonial al Estado y la insolvencia económica de la empresa contratista, quien debía realizar el proyecto por el cual fue contratada.
El juzgador indicó que anuló el procesos ya que la responsabilidad penal de Arjona no estaba clara, más bien señaló que había dudas sobre su responsabilidad penal por lo cual debía favorecerlo, dispuso el archivo de la causa.
El Fiscal Anticorrupción de Descarga Adecio Mojica Peña, solicitó a los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia, que revoquen en todas sus partes el auto de nulidad por delito contra la Administración Publica, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional y se mantuvieran los cargos por delito Contra la Administración Pública en contra del vinculado, por las pruebas existentes en su contra.
Las investigaciones en este caso se iniciaron el 21 de julio de 2014, cuando se presentó una denuncia anónima por el proyecto Nutriescuela. Las investigaciones dejaron al descubierto presuntos sobrecostos y coimas en la compra del PAN a la empresa Lerkshore International Limited. El contrato de la comida deshidratada fue por la suman de $14 millones 595 mil 685 dólares con 76 centavos.
Me imagino que existó en el cuadernillo el áudito de contraloría, los registros de gastos e ingresos, todo detallado y documentado. Los fiscales y personeros (algunos) no desarrollan sus capacidades intelectuales en sus investigaciones y , tampoco valoran el tiempo que tienen por ley para investigar. Todas esas faltas de valoración los hace enviar al juez expedientes con vistas llenas de irregularidades e inconclusas y, sin sustentos certeros para que el juez resuelva con condenas. Otras veces algunos fiscales y personeros sabiendo que tienen las pruebas para una condena , manipulan estas para que el juéz falle liberando de culpa. Ellos saben bien como hacer , ya sea para culpar , sobreseer provisionalmente o definitivo.