En España, la red estatal contra los vientres de alquiler, pide al Gobierno que defienda su prohibición ante la ONU.
La mayor ciudad de Ucrania se convierte en la capital europea de la gestación subrogada comercial.
Una de las gestantes que va a tener un hijo para un matrimonio español. Lo que empezó siendo una movilización española para exigir a la ONU que prohíba el alquiler de vientres (o gestación subrogada) a nivel global ha desembocado en un movimiento internacional, que ha aglutinado ya a organizaciones feministas de 18 países.
Las organizaciones suscriben un comunicado, en el que se pide a los jefes de Estado y de Gobierno, que participan esta semana en la 73 sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que prohíban el alquiler de vientres en todos los países, y como que “persigan a la industria” que está detrás de esta práctica.
Las impulsoras de esta iniciativa piden su prohibición porque lo consideran “una forma de explotación reproductiva de las mujeres”, que convierte a los recién nacidos “en objeto de transacción contractual y comercial”.
Para ellas, “el altruismo” en esta práctica no existe, “porque exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y establece compensaciones económicas.
Las organizaciones que se han sumado hasta la fecha están radicadas en países de cuatro continentes, dice la red estatal española en su comunicado. En concreto son España, Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, EE UU, Australia, México, Argentina, Perú, República Dominicana, India, Tailandia y Camboya. La mayoría de estos países no tiene legalizada la gestación subrogada, salvo EE UU, Reino Unido