A partir del 17 de octubre, los canadienses podrán cultivar, poseer y consumir marihuana para recreación, cinco años después de que sucedió en Uruguay, pionero en esta materia.
Canadá se convertirá el miércoles en el segundo país del mundo en legalizar la marihuana, pero esta histórica medida de Justin Trudeau ha supuesto un dolor de cabeza para las provincias, que tienen la carga de organizar esta nueva industria lucrativa.
A partir del 17 de octubre, los canadienses podrán cultivar, poseer y consumir marihuana para recreación, cinco años después de que esto fuera permitido en Uruguay, pionero en esta materia.
Los productos derivados como alimentos, cosméticos o cigarrillos electrónicos de marihuana no serán autorizados hasta 2019, a pesar de que los empresarios canadienses ya han comenzado a incursionar en estos nuevos mercados.
Desde la elección de Trudeau a finales de 2015, los mercados financieros han estado nerviosos y miles de millones de dólares han ido a parar a productores canadienses de cannabis. Las tres compañías más grandes del sector que cotizan en la Bolsa de Toronto ya acumulan más de 30.000 millones de dólares canadienses (unos 23.000 millones de dólares estadounidenses) de valorización.
Se estima que la legalización impulsará la economía canadiense y generará de 816 millones a 1.100 millones de dólares en nuevos ingresos en el cuarto trimestre, sin contar al mercado negro, que se espera que continúe surtiendo a una cuarta parte de la marihuana que se fuma en Canadá, según el Instituto Canadiense de Estadísticas.
Esto se traduce, según las previsiones oficiales, en una ganancia de 400 millones en ingresos fiscales para el primer año, que se dividirá entre las provincias (50%), los municipios (25%) y el gobierno federal (25%).
En total, el Instituto Canadiense de Estadísticas calcula que 5,4 millones de canadienses comprarán marihuana en tiendas autorizadas en 2018, el 15% de la población. Unos 4,9 millones de canadienses ya la consumen.
La experiencia canadiense será seguida de cerca por el mundo, observó el primer ministro Trudeau en mayo durante una entrevista con la AFP.
“Los aliados con los que he hablado están interesados en ver cómo esto va a ocurrir (…) antes de aventurarse”, dijo Trudeau, quien espera con impaciencia la reforma a un año de unas inciertas elecciones legislativas.
“Si funciona bien, y yo espero que funcione bien, me sorprendería si tardan mucho en considerar que el modelo podría funcionar para ellos”, agregó entonces el dirigente liberal, que admitió haber fumado ya “cinco o seis veces” en su vida, algunas cuando era legislador de la oposición.
– Establecimientos estatales –
Los preparativos han sido irregulares en las distintas regiones y ciudades, donde la reforma está obligando a las autoridades locales y las empresas a revisar sus reglamentos y protocolos.
Porque si bien el Parlamento federal puso fin en la primavera boreal a la prohibición de la marihuana vigente desde 1923 en Canadá, lo cierto es que la implementación práctica de esta reforma recae en sus diez provincias y tres territorios. Y muchos ya han anunciado su voluntad de no implementar completamente la ley canadiense.
Por ejemplo, aunque la ley federal permite que cada hogar tenga hasta cuatro plantas, las provincias de Manitoba (centro) y Quebec (este) han advertido que lo prohibirán, con lo que probablemente sea la Corte Suprema la que tenga la última palabra.
Como sucede con el alcohol y el tabaco, corresponde a las provincias decidir la edad de consumo de cannabis: la mayoría decidió que fuera de 19 años, mientras se optó por los 18 en Alberta y en Quebec, donde el nuevo gobierno, que inicia funciones al día siguiente de la legalización, quiere elevarlo a 21 años.
De la comercialización, en algunas provincias, incluida Quebec, se encargará un monopolio público. Otras, como Ontario o Nueva Escocia, optaron por delegar este mercado al sector privado.
Este variado rompecabezas también afecta a las fuerzas del orden: la policía federal impondrá un período de abstinencia de 28 días a sus agentes antes de entrar en labores.
Lo mismo ocurre con la policía de Toronto, la primera ciudad del país, mientras que Montreal, la segunda más grande, simplemente pide a sus empleados estar “sobrios” en el trabajo.
Finalmente está la cuestión de los lugares abiertos para el consumo: algunos municipios como Montreal han decidido imponer las mismas reglas.