La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que mediante información brindada por Costa Rica, de enero a septiembre, alrededor de 52 mil nicaragüenses han ingresado a ese país.
Además, al momento de la visita que la CIDH realizó a ese país 40, 386 personas habían manifestado necesitar protección internacional, solicitud que se disparó en los meses de junio a agosto (3,344, 5,279 y 4,055, respectivamente), precisamente, cuando empezó a “evidenciarse otras formas de represión, criminalización y persecución en Nicaragua”.
De los más de 40 mil nicaragüenses que necesitan protección, 13, 697 personas habían formalizado su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias, expuso la CIDH mediante un comunicado publicado en su sitio web.
De acuerdo con cifras generadas anualmente por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según la CIDH, en 2017 había 1,478 nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y 2,735 solicitantes. Debido a la represión estatal que inició en abril, las solicitudes de refugio han representado un aumento de 1, 376 por ciento en comparación con el 2017.
La Comisión recabó 259 testimonios de nicaragüenses solicitantes de asilo y con necesidad de protección internacional, a través de los cuales constató que desde mediados de abril hasta mediados de octubre de 2018, las personas que migraron de forma forzada y han solicitado protección internacional en Costa Rica son en su mayoría estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, personas que han contribuido y apoyado a estas personas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, así como médicos, periodistas y ex militares y policías que se han rehusado a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.
Estas personas han sido objeto de atentados, amenazas, asedio a sus familias, varias tienen órdenes de captura en su contra y han sido imputados arbitrariamente por la comisión de delitos tales como financiamiento al terrorismo, crimen organizado, por el solo hecho de participar en las manifestaciones o apoyar a la disidencia.
El aumento de personas que han tenido que salir de Nicaragua, se relaciona “de manera directa con las etapas identificadas de la represión de la protesta social, ocurrida en territorio nicaragüense desde abril del presente año”, se lee en el comunicado.