Los políticos que dirigen un País se equivocan al interpretar el descontento colectivizado de sus ciudadanos como movimientos de oposición política, esto evidentemente a fin de desmeritar el objeto causa de reclamaciones que nacen cuando el servicio público al mando de una persona o facción partidista dista de ser realista a las necesidades, derechos, beneficios que como personas legalmente establecidas dentro de un territorio les son inherentes.
El abordaje institucional en cada etapa de una situación de descontento social debe estar alejado de subjetividades, jamás se podrá ser objetivo si los intereses priman sobre los derechos, en este sentido, si los mecanismos de negociación de intercambio de ideas, dialogo, rondas, conciliaciones, se utilizan convenientemente para dilatar una decisión ya asumida y no exteriorizada, en perjuicio de cualquier de las partes intervinientes, se está lesionando gravemente la confianza, lo que traslada la situación del plano objetivo al subjetivo de la indignación.
Ahora bien, si tienes una conglomerado indignado con justa causa, el peor error es enviar contingentes institucionalizados de control que proyecten en su actuar actitud bélica de represión, recordemos que el perjuicio a la dignidad de una persona cuyos intereses son su todo, cualquier mecanismo que tienda a protegerlos es un fin ensimismo, estado en el cual no operan razones.
La violencia genera violencia, pero recordemos que hay tipos de actuaciones que van generando perjuicios silenciosos, palabras, omisiones, mentiras, oportunismos, humillaciones, impunidades, que se convierten en una violencia psicológica que a veces es más perjudicial que la física porque el ser se mueve a base de sentimientos y estos se arraigan a todo aquello que proteja la existencia.
Las problemáticas sociales de colectividades de jubilados, productores, empresarios, profesionales, al ser analizadas, están relacionadas directamente a su existencia, la forma que viven, conviven, mantienen la paz y armonía de sus hogares forma parte del todo de muchos de ellos, por si fuera poco dentro de todo este contexto, aunado a la indignación, paralelamente la convivencia en un sistema de impunidad manifiesta para aquellos involucrados en indicios serios de delitos pero que el poder, influencia, encubrimiento político, dinero, les permite seguir presentándose como valores políticos del manejo de la cosa pública pero violadores de la Ley sin pruebas que les puedan acreditar.
Es fatalista, pero al parecer ya no queda acto de ejercicio profesional del hombre que pueda erigirse como modelo positivo a seguir que no esté infectado de corrupción.
El disentir, contrariar, oponerse, a ideas, actos, formas y fondos ideológicos, es parte integral de un conjunto de derechos que tiene todo individuo, insertos también en el bloque constitucional panameño que protege el derecho a la libertad de opinión y de expresión; que incluye el no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio de expresión.
Los monopolios del poder político han encontrado formas, amparándose en la simulación de situaciones, para minimizar las génesis y efectos de movimientos reivindicativos, ejemplo de ellos tenemos sindicatos amarillos (a conveniencia de los empleadores), criminalización de la protesta (sanciones penales), LawFare (acciones jurídicas controladas o uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario), Fake News (Información noticiosa falsa), estrategias que no son más que la expresión de una sociedad desequilibrada donde los menos dueños de casi todo necesitan seguir controlando a los más dueños de casi nada, por lo que el disenso de estas últimas debe ser reprimido, extinguido o controlado de cualquier forma.