La sorpresiva remoción de los fiscales del caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, desencadenó una ola de protestas populares y motivó al presidente Martín Vizcarra a pedir el martes que el Congreso declare en emergencia el Ministerio Público
La crisis interna en la Fiscalía de Perú se agudizó el miércoles tras el rechazo de dos fiscales a reemplazar a sus pares cesados encargados de investigar los presuntos vínculos ilícitos entre la constructora brasileña Odebrecht y expresidentes de la República.
“Hoy hemos presentado, por el bien de la institución (…) y para que no se perjudiquen las investigaciones, nuestra declinatoria al cargo”, dijo a periodistas el fiscal Marcial Páucar, quien había sido nombrado junto a Frank Almanza el lunes, cuatro horas antes del fin del año, por el cuestionado fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry.
La sorpresiva remoción de los fiscales del caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, desencadenó una ola de protestas populares y motivó al presidente Martín Vizcarra a pedir el martes que el Congreso declare en emergencia el Ministerio Público.
La decisión de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar de renunciar a integrar el equipo que investiga a Odebrecht fue una sorpresa también. Ellos habían aceptado su designación el lunes.
La sensación prevaleciente es que Chávarry favorece la impunidad con el cese de los fiscales claves del caso Odebrecht, a quienes él nombró en julio pasado.
Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de los fiscales Vela y Pérez boicotea un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
El acuerdo empezaría a regir el 11 de enero con una declaración en Sao Paulo del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a los fiscales ahora cesados.
Las miradas están puestas en la reacción del fiscal general Chávarry, que cuenta con el apoyo político del partido fujimorista Fuerza Popular, que controla precariamente el Congreso con el apoyo del partido Aprista.
Precisamente la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está en prisión preventiva desde el 31 de octubre, luego que un juez acogiera un pedido del fiscal José Domingo Pérez.
A su vez, el expresidente y líder aprista Alan García (1985-1990/2006-2011) tiene impedimento de dejar Perú.
Keiko Fujimori y Alan García están investigados por la fiscalía en el marco del caso Odebrecht.
Chávarry apartó la noche del lunes a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de las investigaciones del caso Odebrecht alegando que violaron “el principio de reserva de información” del proceso.
Si el Congreso acepta el pedido de Vizcarra de declarar en emergencia al Ministerio Público, ello implicaría apartar por un determinado tiempo a las actuales autoridades del ministerio Público y reemplazarlas por otras que investigarán sus decisiones.
Los fiscales destituidos anunciaron la noche del martes que presentarán un recurso de apelación a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público para revocar la decisión de Chávarry.