Los 20 años de socialismo en Venezuela encabezan el colapso del que alguna vez fue el país más acaudalado de Latinoamérica.
Nicolás Maduro asumió por segunda vez a la presidencia de Venezuela, donde pretende seguir hasta 2025, pero su intención pudiera ser la llave de un desenlace a la grave situación que vive el país suramericano.
Sin embargo la pregunta persistente es como si Maduro y Hugo Chávez, su predecesor, encabezaron el colapso del que alguna vez fue el país más acaudalado de Latinoamérica. La economía de la nación sigue desbaratándose a un ritmo alarmante.
La violencia y el hambre se han vuelto problemas distintivos de los años posteriores al momento en que tomó el cargo, la inflación está por los cielos, y el éxodo de los venezolanos ha alcanzado niveles sin precedentes.
Sin embargo, incluso mientras su país está lidiando con una crisis humanitaria provocada por este colapso, Maduro se ha aferrado al poder.
Esto es lo que debemos saber ahora que Maduro intenta reiniciar un periodo presidencial
La reelección de Maduro en mayo de 2018 fue muy cuestionada; hubo informes sobre coerción, fraude e irregularidades electorales.
Llegó al poder después de una votación extraordinaria tras la muerte de Chávez en 2013, luego de que este lo designara como su sucesor.
Pero para cuando llegó la elección de 2018, la economía de Venezuela se había desplomado a niveles nunca antes vistos como resultado de la mala gestión y la corrupción, y el país estaba en medio de una crisis.
A pesar de ello, los funcionarios electorales dijeron que Maduro obtuvo el 68 por ciento de los votos. De hecho, puede que el estado caótico del país y la desesperación de los electores pobres hayan contribuido a que Maduro fuera capaz de mantener el control.
Los representantes del partido de Maduro dieron seguimiento a los que votaron con el registro de su “carné de la patria” —o tarjeta de beneficios nacionales— y prometieron ayuda y alimentos subsidiados por el gobierno en caso de que resultara reelecto.
Los observadores independientes internacionales no pudieron presenciar el proceso y una campaña contra los opositores provocó que muchos fueran incapaces de participar. Los líderes de la oposición llamaron a boicotear la elección, y esta situación, combinada con la decepción de muchos antiguos simpatizantes del gobierno, implicó que la participación fuera excepcionalmente baja. Menos de la mitad de los electores del país emitieron su voto en las urnas.
Se ha informado de manera exhaustiva sobre el hecho de que Maduro aplastó la disidencia y persiguió a la oposición. Según Human Rights Watch, desde 2014 se han documentado cientos de instancias de agresiones contra los opositores del gobierno, entre ellas al menos 31 casos de tortura.
Más de 12.800 personas han sido arrestadas por estar relacionadas con manifestaciones en contra del gobierno, de acuerdo con Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, entre ellas manifestantes, transeúntes y personas que fueron detenidas en sus casas sin órdenes judiciales.
Ambas organizaciones emitieron un informe que detalla la detención y tortura de militares acusados de conspirar contra el gobierno.
A pesar de las críticas internacionales y de la crisis nacional, Maduro se ha ganado la lealtad de las poderosas fuerzas militares del país otorgándoles a sus líderes el control de las industrias de los alimentos y el petróleo, así como de las regiones mineras más lucrativas.
Ricardo Sánchez, de 35 años, es miembro de la poderosa Asamblea Constituyente, una nueva legislatura creada por Maduro, encargada de reescribir la Constitución del país. Sánchez comentó que el apoyo al partido era más fuerte que nunca.
“Estamos convencidos de que la mayoría de la gente que votó por el presidente en mayo está unida actualmente con lealtad y disciplina para estar con Nicolás Maduro durante seis años más”, comentó.
Sin embargo, hay señales claras de que cada vez se vive un mayor descontento.
Las deserciones recientes incluyen la de Christian Zerpa, juez de la Corte Suprema que desde hace mucho era leal al gobierno. Escapó a Estados Unidos y dijo que Maduro era incompetente y que las elecciones fueron injustas.
En agosto, Maduro supuestamente fue el blanco de un extraño ataque con drones. Además, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, el gobierno de Trump sostuvo reuniones secretas con funcionarios militares rebeldes de Venezuela a lo largo del año pasado con el fin de evaluar planes para derrocar a Maduro, antes de decidir que no ayudaría a los conspiradores.
Las sanciones internacionales y la caída de la producción de petróleo han debilitado aún más la economía de por sí frágil.
El martes, el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra altos mandos del gobierno involucrados en una estratagema de intercambio de divisas con la que obtuvieron miles de millones de dólares del tesoro. La decisión fue la más reciente en una campaña del gobierno de Trump para ejercer presión contra Maduro ahora que inicia su nuevo periodo presidencial.
Aunque la oposición del país perdió gran parte de su poder como resultado de la persecución emprendida por el gobierno y el exilio forzado de algunos de sus personajes más prominentes, la elección la semana pasada de Juan Guaidó, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ayudó a reanudar los llamados para que Maduro sea retirado del cargo.
“Vamos a representar efectivamente al pueblo”, dijo Guaidó, “y tenemos planes de llamar al pueblo a la calle en legítima protesta”.
Maduro ha encontrado algunos aliados en la región, entre ellos Evo Morales, el presidente de Bolivia, quien asistirá a la inauguración presidencial.
Además, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, invitó a Maduro a su toma de posesión y ha adoptado una postura más amigable respecto de su relación con Venezuela, a diferencia de su predecesor.
Rusia sigue siendo un firme aliado, y el presidente Vladimir Putin expresó su apoyo a Maduro durante una reunión en diciembre en Moscú. Un año antes, Rusia aceptó reestructurar unos 3000 millones de dólares en préstamos para evitar que Venezuela incumpla su pago.
El país también recibió apoyo financiero de China. Después de que Maduro visitara Pekín en septiembre, aseguró 5000 millones de dólares en préstamos.
Dentro del país, los gobernadores leales al chavismo, descritos de esa manera debido a su apoyo a las políticas revolucionarias de Chávez, expresaron ayer en una conferencia de prensa que respaldan a Maduro. Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, denunció a los críticos de Maduro e instó a la oposición del país a que “reconsidere” sus críticas contra el líder
Aun así, la reelección de Maduro ha recibido una condena generalizada en todo el mundo.
La semana pasada, trece países del Grupo de Lima —una organización de trabajo multilateral conformada por países latinoamericanos y Canadá, que se formó para encontrar una solución pacífica a la crisis en Venezuela— anunciaron que no reconocerían la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro. El grupo instó a Maduro a entregarle el poder a la Asamblea Nacional hasta que pudiera llevarse a cabo otra elección, con el fin de restaurar la democracia.
Ayer, Maduro respondió a las críticas en un discurso nacional, y dijo que Washington había ordenado un golpe de Estado contra su gobierno y que el Grupo de Lima estaba apoyando al gobierno estadounidense para coordinarlo.
La vida diaria en Venezuela se ha vuelto irreconocible en comparación con lo que era hace tan solo unos años. Mientras que alguna vez el gobierno construyó casas, clínicas y escuelas para los más pobres como parte de su política, la gente ahora no puede satisfacer sus necesidades más básicas.
El sistema de salud del país colapsó y dejó a muchos sin acceso a los medicamentos que pueden salvarles la vida. El hambre es un problema común y los estantes de las tiendas de abarrotes siguen vacíos. Por si fuera poco, no parece que las condiciones estén mejorando. El Fondo Monetario Internacional predice que la tasa de inflación de Venezuela alcanzará los diez millones de puntos porcentuales en 2019, convirtiéndose en uno de los peores casos de hiperinflación de la historia moderna.
Más de tres millones de personas han escapado de Venezuela desde 2014, de acuerdo con la agencia de migración de las Naciones Unidas, por lo que se desató una crisis regional que ha obligado a los países vecinos a encontrar una solución al problema.
Algunos de los ciudadanos que siguen en el país han llegado a un punto de quiebre.
Margarita Uzcategui, de 64 años, que vive en el que solía ser un vecindario próspero de Caracas, describió la escasez de agua y los recortes al servicio eléctrico que pueden durar hasta doce horas.
“Jamás imaginé que tendría que vivir así”, comentó.
Aunque cree que el gobierno le ha fallado, dijo que tampoco confía en la oposición.
“Para mí, este es el final. Esto debe acabar. Si estamos viviendo así ahora, imagínense cómo será en seis años más”, dijo Uzcategui. “No tendremos comida, agua ni electricidad. Que Dios nos ampare”.
Ana Vanessa Herrero escribe desde Caracas, Venezuela, y Megan Specia desde from New York.