BRUSELAS — Hakeem al Araibi pensó que había escapado de las manos del gobierno de Bahréin cuando huyó hace años a Australia como refugiado político. Sin embargo, tras aterrizar en Tailandia para una luna de miel postergada en 2018, Al Araibi fue arrestado de inmediato con fecha de regreso a su país natal
Bahréin, país acusado de tortura y otros abusos, había usado lo que se conoce como una notificación roja de la Interpol a fin de extender su alcance por el mundo con el fin de atraparlo, a pesar de las reglas diseñadas para proteger a asilados políticos.
Fue un momento vergonzoso para la Interpol. Después de años de casos similares, la organización internacional policiaca más grande del mundo fue acusada de haberse convertido en una herramienta de gobiernos represivos. La Interpol prometió mejorar; el arresto de Al Araibi fue un duro recordatorio de que, a pesar de sus reformas, la organización seguía siendo vulnerable a la manipulación de autócratas, déspotas y violadores de los derechos humanos.
Durante un periodo posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los líderes mundiales guardaron la esperanza de que la agencia con sede en las orillas del río Ródano en Francia se convertiría en una fuerza unificadora del Estado de derecho. En teoría, los objetivos de seguridad de la Interpol iban a trascender las fronteras nacionales y hermanar democracias y autocracias por igual.
No obstante, registros y entrevistas en los cinco continentes demuestran que, para lograr esa visión, los altos funcionarios de la Interpol ignoraron en repetidas ocasiones advertencias urgentes en el interior de la organización respecto a su vulnerabilidad ante intromisiones políticas. Una y otra vez, la Interpol dio prioridad a la expansión internacional por sobre los dispositivos de seguridad.
La Interpol se tardó en reconocer una época en la que los autócratas y los caudillos ejercen cada vez más poder sobre las instituciones internacionales.
En la actualidad, la Interpol está luchando por apuntalar la vigilancia en 194 países y revisar decenas de miles de notificaciones rojas que se han acumulado a lo largo de los años. Nadie sabe cuántas están manchadas por la influencia política.
Ante esa situación, los gobiernos de todo el mundo, entre ellos el estadounidense, están intentando descubrir si el arresto de alguien con una notificación roja se debe a que es fugitivo o con ello se cumplen los caprichos de un déspota.
“Nos da gusto que haya un nuevo proceso, pero en muchos casos ya es demasiado tarde”, comentó John F. Flanagan, abogado que tiene como cliente a Alexey Kharis, a quien le negaron el asilo y ordenaron su encarcelamiento en California con base en una notificación roja de Rusia. Kharis, quien está apelando el fallo de revocación de asilo, fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre después de que un juez citó evidencia que sugiere que la notificación roja podría obedecer a motivos políticos.
“No se puede deshacer el hecho de que nuestro cliente ya pasó quince meses detenido”, dijo Flanagan.
Nadie se molestó en llamar a la Interpol después de que los aviones se estrellaron en las torres del World Trade Center y en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. ¿Para qué habrían contactado a la agencia? La Interpol era una oficina que atendía de 9:00 a 17:00, donde todo requería de mucho papeleo y, cuando había movimientos, eran ex profeso. El presupuesto de la agencia, aún ahora, es más o menos igual al del departamento policial de una ciudad como Cincinnati, Estados Unidos.
Aunque Hollywood ha presentado a la Interpol como una versión mundial del FBI o de Scotland Yard, en la vida real la agencia no tiene ninguna autoridad para investigar crímenes o realizar arrestos. Con su sede en la ciudad francesa de Lyon, la Interpol más bien es una oficina para compartir la información de la policía, cual tablero de anuncios digital para que los oficiales de la policía de varios países intercambien datos.
Poco después de los ataques del 11-S, el entonces secretario general de la Interpol Ronald K. Noble concibió un papel importante para la agencia. Noble, estadounidense que antes había sido un ambicioso funcionario del Departamento del Tesoro, dio a conocer una iniciativa digital llamada I-24/7 que permitía a los países usar la base de datos de la Interpol las veinticuatro horas del día.
Las notificaciones rojas eran un componente crucial. Son un tipo de orden judicial que usan las autoridades policiales de algún país para pedirles a sus homólogos extranjeros que hagan un arresto. Cuando el sistema funciona, sirve para atrapar asesinos, violadores y depredadores sexuales que cruzan las fronteras nacionales.
Emitir las notificaciones se convirtió en la principal prioridad de la Interpol.
“En particular, me enorgullece informar que la cifra de notificaciones rojas se disparó un 40 por ciento en 2004″, escribió Noble ese año.
Sin embargo desde esos primeros años los funcionarios vieron señales de problemas. La comisión de auditoría interna de la Interpol informó sobre una cantidad pequeña pero creciente de quejas de personas que declararon ser blanco de propósitos meramente políticos.
En 2006, la Interpol emitió 2800 notificaciones rojas —más del doble de las del año anterior a los ataques del 11-S—, incluso en medio de advertencias sobre los gobiernos no identificados que las estaban usando para perseguir a refugiados.
Para Noble y otros altos funcionarios, en un inicio los problemas eran típicos de una organización en crecimiento. En 2007, Irán cabildeó para bloquear las órdenes en contra de sus ciudadanos en relación con el bombardeo de 1994 a un centro judío en Argentina, pero la Interpol se mantuvo firme.
“Habíamos decidido en una votación el asunto de las notificaciones rojas”, comentó Thomas V. Fuentes, un estadounidense que trabajó en el comité ejecutivo de la Interpol en aquel entonces.
Fuentes afirmó que la decisión respecto a esas notificaciones para iraníes era muestra de que una Interpol moderna aún podía rechazar la influencia política.
Lo que sucedió después fue un punto de inflexión en la historia de la Interpol. Noble lanzó un programa llamado I-link, el cual permitió que los gobiernos diseminaran notificaciones rojas casi de manera instantánea.
Exfuncionarios aseguran que fue una decisión visionaria, pero ahora reconocen que también provocó que la Interpol quedara vulnerable a abusos.
“Vimos el comienzo de esto”, comentó Claudio Grossman, un abogado chileno que trabajó en la comisión de auditoría de la Interpol en aquella época. Una y otra vez, Grossman y sus colegas le advirtieron a Noble que no se moviera con tanta rapidez, según registros de la agencia.
La cantidad de notificaciones rojas se volvió a duplicar. Muchas eran vagas en sus razones, hasta un grado inaceptable, pero los abogados hicieron lo posible por detectar órdenes problemáticas entre la avalancha de nuevos expedientes.
Grossman y sus colegas en la comisión de auditoría sugirieron que la Interpol estaba emitiendo muchas notificaciones, muy rápido y con muy poca supervisión. Instaron a la organización a mejorar su control de calidad.
No obstante, la agencia respondió con mucha lentitud. Algunas personas aseguran que la cultura de la Interpol —de oficiales de la policía que toman decisiones en beneficio de oficiales de la policía— limitaron las reformas. Otras no consideraron que los problemas fueran significativos.
“En aquel entonces, creíamos que teníamos los procesos necesarios para lograr un equilibrio adecuado”, comentó Khoo Boon Hui, un policía veterano originario de Singapur que fue presidente de la Interpol de 2008 a 2012. “Creo que ahora se han dado cuenta de que eso no es adecuado”.
Uno de los primeros casos que puso los reflectores sobre el problema fue el de Benny Wenda, un refugiado indonesio que vivía en Inglaterra. En 2011, Wenda, quien encabezó un movimiento de independencia en la provincia de Papúa Occidental, se enteró de que Indonesia había obtenido una notificación roja para arrestarlo.
“Para nosotros, ese fue el primer indicador de que estas órdenes en verdad se estaban usando con fines políticos”, recordó Jago Russell, director ejecutivo de Fair Trials, un grupo con sede en Londres que ayuda a defender legalmente a personas que están fuera de su país. “Pero era difícil lograr que los gobiernos y la Interpol se interesaran en el asunto”.
Más o menos en esa época, Rusia comenzó a emitir notificaciones rojas para los desertores que habían cooperado con las autoridades estadounidenses, según exfuncionarios de seguridad. Fue una maniobra sagaz: si Washington intentaba oponerse a ciertas notificaciones rojas, se confirmaría la importancia de esos desertores.
Los agentes federales estadounidenses se volvieron reacios a compartir información con la Interpol.
“Siempre hubo el temor de que la información llegara a la gente equivocada”, mencionó Gil Kerlikowske, excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
En 2014, años después de alarmas urgentes y en medio de una oleada de cobertura negativa en la prensa, la Interpol comenzó a revisar su sistema de notificaciones rojas. El nuevo secretario general, el alemán Jürgen Stock, dio prioridad inmediata a las reformas.
Tuvieron que pasar dos años más para que la Interpol aprobara una reforma que reforzó los requisitos para revisar y levantar registros, con la que se agregó a un oficial para la protección de datos y se fortaleció la comisión de revisión interna. La Interpol también creó un grupo para hacer una revisión previa a las notificaciones rojas.
“Reconocemos que las notificaciones rojas son una herramienta poderosa, por esta razón revisamos, evaluamos y mejoramos nuestros sistemas y procedimientos de manera continua cuando sea necesario”, mencionó la Interpol en un comunicado.
Ahora la Interpol está revisando 50.000 alertas rojas en activo acumuladas a lo largo de los años para eliminar las que se consideren inadecuadas.
Rusia en particular ha recibido atención mediática sobre las notificaciones que ha pedido, aunque abogados y funcionarios indican que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también ha intentado aprovecharse del sistema de las notificaciones desde que sobrevivió a un intento de golpe de Estado en 2016.
La elección para el presidente de la Interpol, el año pasado, fue considerada un punto de inflexión por funcionarios estadounidenses y europeos respecto a separar a la agencia de los motivos claramente políticos. Un funcionario ruso estaba compitiendo por el cargo.
La presidencia de la Interpol es un puesto simbólico, pero varios argumentaron que una victoria del oficial ruso iba a socavar aún más la credibilidad de la agencia. Varios funcionarios europeos y estadounidenses de alto rango, como el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se pronunciaron a favor de Kim Jong-yang, el surcoreano candidato a la presidencia de la Interpol.
Kim fue electo.
Pese a las reformas, después llegó el arresto de Al Araibi, exestrella bahreiní de fútbol de 25 años. La Interpol retiró la orden, pero Al Araibi estuvo detenido durante meses antes de ser liberado.
La Interpol no discute casos individuales, pero declaró: “Un desafío significativo que sigue enfrentando la organización es la reticencia de los países para confirmar si han otorgado el estatus de refugiado”.
Este parece haber sido un factor en el arresto de Al Araibi. Los funcionarios de la policía australiana dijeron que no sabían que su país le había brindado asilo.
Russell, de Fair Trials, aplaudió los cambios en la Interpol, pero mencionó que casos recientes como el de Al Araibi demuestran que la agencia y sus gobiernos miembro debían hacer más.
“Dejaron de prestar atención después del 11-S, cuando todo se trataba de: ‘Comparte toda la información posible. Los daños colaterales no importan nada’”, señaló Russell. “Ahora no se puede dejar de vigilar a esta institución”.