La campaña presidencial estadounidense de 2020 ya está en marcha en América Latina. Cuatro temas polémicos que contribuyeron a llevar al presidente Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 ya están incidiendo en su manera de relacionarse con la región y se están impulsando a través de dos estrategias electorales paralelas: llamados a su base política a nivel interno en temas como la inmigración, las drogas y el comercio, y una propuesta agresiva para el sur de Florida sobre Cuba y Venezuela.
Desde que anunció su candidatura en 2015, Trump ha tratado a México como un delegado y como un chivo expiatorio, en particular en cuanto a la inmigración y el comercio, dos asuntos en los que prometió un cambio radical de políticas. Los llamados a construir el muro en la frontera de Estados Unidos con México se convirtieron en la manera de resumir una postura firme y agresiva sobre estas cuestiones, infalible para movilizar y emocionar a sus férreos simpatizantes.
Sin embargo, cerrar la frontera —como el presidente estadounidense ha amenazado con hacer— afectaría a ambos países y provocaría daños irreparables a la que probablemente es la relación más importante de Estados Unidos. El jueves 4 de abril, con la presión de los republicanos en el congreso, retiró su amenaza, solo para lanzar otra: “Les daremos un año de advertencia, y si las drogas no se detienen por completo o en su mayoría, impondremos aranceles a México y a sus productos, en particular a los autos”.
Hasta el momento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bastante para complacer a Trump, incluyendo la negociación de un acuerdo actualizado del Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) y la autorización de que los refugiados provenientes de Centroamérica se queden en México mientras sus casos de solicitud de asilo se procesan. La estrategia de cerrar la frontera pondría a prueba los límites de la postura amigable de López Obrador. El 29 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, escribió en Twitter: “México no actúa con base en amenazas. Somos un gran vecino”.
En un anuncio quizá igual de indignante, Trump también declaró que eliminaría la ayuda para los tres países de Centroamérica conocidos como el Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— debido a que no han podido frenar el éxodo masivo de migrantes hacia Estados Unidos.
Esta medida ha llevado a algunos a especular que el objetivo de Trump es agravar las crisis en estos países, lo cual podría derivar en flujos migratorios insólitos que, a su vez, podrían suponer una crisis “real” de seguridad nacional en la frontera de Estados Unidos con México, lo que justificaría las políticas de línea dura del presidente y crearía un tema de campaña efectivo.
Aún está por verse si Trump tiene la autoridad para cortar fondos que pasan por el congreso o si cumplirá con sus amenazas. Sin embargo, el anuncio desconcertó, con buena razón, a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, pues han hecho todo lo necesario para complacer a Estados Unidos.
Los gobiernos de Guatemala y Honduras quisieron congraciarse con el gobierno de Trump al anunciar el traslado de sus embajadas en Israel a Jerusalén o al considerar el cambio. La amenaza de Trump es especialmente ofensiva para el presidente entrante de El Salvador, Nayib Bukele. Durante una visita reciente a Washington, Bukele mostró una política mucho más estricta para Venezuela y se comprometió a revisar la decisión del gobierno saliente de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China, ambas decisiones representarían victorias diplomáticas para el gobierno de Trump. Además, existe evidencia de que la asistencia de Estados Unidos está ayudando a reducir la migración de El Salvador.
En el tema de las drogas, el presidente también está adoptando una postura con el fin de apuntalar el apoyo de su base política para la campaña. El presidente colombiano, Iván Duque, hace poco se reunió con Trump y se comprometió a adoptar una estrategia respaldada por Estados Unidos para reducir los niveles crecientes de producción de cocaína. No obstante, eso no fue suficiente. Según informes, Duque se sorprendió cuando, semanas después, Trump les dijo a los reporteros: “Él (Duque) dijo que iba a detener las drogas. En este momento, están saliendo más drogas de Colombia que antes de que él fuera presidente, así que no nos ha ayudado en nada”. El encabezado de un artículo publicado en la revista colombiana Semana fue revelador: “Con esos amigos…”.
El presidente colombiano merece un mejor trato. Duque ha sido el socio regional más incondicional del gobierno de Trump para ejercer presión al régimen de Venezuela, país con el que comparte frontera. Su gobierno batalla para lidiar con más de 1,3 millones de venezolanos que han huido hacia Colombia. A medida que se acelera la campaña presidencial estadounidense, los vínculos entre Colombia y Estados Unidos corren el riesgo de “renarcotizarse”, lo cual podría socavar los esfuerzos de años recientes para ampliar la agenda bilateral.
El enfoque del gobierno de Trump en cuanto a Venezuela y Cuba debería diferenciarse de los problemas que conciernen a la nación, como la inmigración, las drogas y el comercio. Aun así, es casi una obviedad que la política interna, en gran medida enfocada en el sur de Florida, es un elemento clave para la elaboración de políticas. Algunos factores relacionados con la ideología —potenciados más por el asesor de seguridad nacional John Bolton y por el senador Marco Rubio que por el mismo Trump— también son relevantes.
La presión constante del gobierno de Trump sobre la dictadura venezolana, ejercida en colaboración con aliados en el hemisferio y europeos, ha otorgado el apoyo tan necesitado para una transición democrática en la atribulada nación de Venezuela. Sin embargo, la agenda de Estados Unidos en este país está estrechamente vinculada con la búsqueda de un cambio de régimen en Cuba, como bien lo ha aclarado Bolton en repetidas ocasiones. A pesar de que los países latinoamericanos tampoco aprecian el régimen cubano, la región es más cuidadosa con Cuba que con Venezuela. La mayoría de los latinoamericanos consideran que las políticas estadounidenses relacionadas con Cuba de las últimas seis décadas (excepto por la apertura de dos años con el gobierno de Barack Obama) han sido un fracaso y se oponen con vehemencia a cualquier nueva amenaza o sanción.
Con toda seguridad, las frases desafortunadas de Trump y otros altos funcionarios de su gobierno como “todas las opciones son posibles” y “les deseo a Nicolás Maduro y a sus asesores principales un largo y silencioso retiro, en una hermosa playa lejana” quizá provoquen vítores, ayuden a conseguir votos y generen dinero en estados pendulares cruciales en 2020. No obstante, también evocan posibles intervenciones militares y, como resultado, suponen el riesgo de debilitar o dividir la amplia coalición que se ha forjado en Venezuela.
A fin de preservar esta coalición —que es muy importante para las políticas estadounidenses relacionadas con Venezuela—, el gobierno de Trump tiene que moderar su adopción de posturas con fines electorales. Invocar el espíritu maligno del “socialismo” en Venezuela como una forma de atacar al Partido Demócrata por sus propuestas sobre la atención médica y un Nuevo Acuerdo Verde demuestra cómo la peor crisis del hemisferio podría usarse en la campaña presidencial.
Sería ingenuo pedir que se suspendieran las maniobras teatrales a medida que se aproxima la elección de noviembre de 2020. Inmiscuir los problemas de Latinoamérica en la política interna estadounidense quizá le funcione al presidente Trump en su búsqueda por la reelección. No obstante, es fundamental no perder de vista por completo el interés de Estados Unidos, lo que significa invertir de manera sensata en Centroamérica y cooperar de cerca con México. Trump necesita permanecer en la coalición amplia en Venezuela, abstenerse de cualquier sugerencia de intervención militar en el territorio y de cualquier referencia a un cambio de régimen en Cuba.
Estos asuntos requieren apoyo bipartidista. Si no se manejan correctamente, podría haber consecuencias para la política estadounidense en la región durante las décadas por venir.
Michael Shifter es el presidente de Diálogo Interamericano, un centro de investigación dedicado a los desafíos del hemisferio occidental.