SAN YSIDRO, California — Jamás había sido así.
Ahora los migrantes llegan en medio de la noche o a plena luz del día. Cientos de hombres y mujeres llenos de tierra, acompañados de adolescentes y niños. Saltan las pequeñas cercas en zonas remotas de Texas, y se reúnen en el pavimento caliente en el principal paso fronterizo de California. Cansados y temerosos, rezan para encontrar algo que los ayude a quedarse en Estados Unidos, por lo menos durante un rato: un agente de la Patrulla Fronteriza.
Ya se acabaron los días en los que jóvenes fuertes esperaban en los diques del río Tijuana para tener la oportunidad de atravesar el agua, evadir su captura y encontrar un empleo de verano. Actualmente, miles de personas simplemente van hasta la frontera y se entregan todos los días. La mayoría son centroamericanos que buscan escapar de la violencia de las pandillas, el abuso sexual, las amenazas de muerte y la pobreza constante. Los contrabandistas les han dicho que los liberarán rápidamente, siempre y cuando estén con un niño, y que los dejarán quedarse en Estados Unidos durante años mientras procesan sus casos de solicitud de asilo.
La naturaleza de la inmigración a Estados Unidos cambió después de 2014, cuando las familias comenzaron a llegar por primera vez en grandes cantidades. La crisis resultante ha abrumado a un sistema incapaz de detener, cuidar y decidir rápidamente el destino de decenas de miles de personas que afirman haber escapado de sus países de origen para salvar sus vidas. Durante años, ambos partidos políticos han intentado —y no han logrado— reformar las leyes de inmigración del país, conscientes de que algún día el gobierno llegaría a un punto de quiebre.
Ese momento ha llegado. El país es incapaz de proporcionar el alivio humanitario que necesitan los migrantes desesperados o incluso los controles básicos respecto del número y el tipo de personas que entran a Estados Unidos.
Las cortes de inmigración ahora tienen más de 800.000 casos pendientes; se necesitan en promedio 700 días para procesar cada uno de ellos. Y, debido a que las leyes y las resoluciones que protegen a los niños prohíben detener a los jóvenes durante más de veinte días, las familias a menudo son liberadas.
Al ritmo actual de casi cien mil migrantes al mes, los funcionarios dicen que más de un millón habrá intentado cruzar la frontera en un periodo de doce meses. Algunos de los que llegan actualmente podrán plantear un argumento judicial sólido para quedarse bajo los tratados internacionales de refugiados y las leyes federales de asilo, pero la mayoría no tendrá una audiencia formal de asilo sino hasta 2021.
El flujo de familias migrantes ha alcanzado niveles históricos, y los totales de febrero son un 560 por ciento más altos que los del mismo periodo en el año pasado. Se espera que hasta 27.000 niños crucen la frontera y entren al sistema de control de inmigración tan solo en abril. En días recientes, los funcionarios han tratado de describir la situación usando términos como “emergencia operativa”, “insostenible” o “colapso de todo el sistema”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado furioso por la situación en la frontera. El 7 de abril volvió a estallar cuando expulsó de manera abrupta a Kirstjen Nielsen, su secretaria de Seguridad Nacional, por lo que consideró su incapacidad para poner fin al aumento de migrantes.
En días recientes, el mandatario ha transmitido un mensaje oscuro que, si se toma de manera literal, podría significar el fin de todo tipo de inmigración —legal e ilegal— en la frontera con México.
“El sistema está saturado”, dijo el presidente en California el 5 de abril. “Ya no podemos aceptarlos”. No obstante, Trump no ha querido darle prioridad al aumento de nuevos recursos en la frontera, lo cual podría ayudar a aliviar la saturación y el sufrimiento de los migrantes y las comunidades fronterizas a las que llegan. En cambio, el mandatario ha insistido en tratar de evitar que la gente entre al país en primer lugar, una política de disuasión que no solo ha fracasado, sino que ha empeorado el problema.
En un esfuerzo para enviar un mensaje de que “no son bienvenidos”, el gobierno ha probado una serie de estrategias: llevar a juicio a todos los que crucen ilegalmente, quitarles a sus hijos, volver más estrictos los estándares de asilo, desacelerar el número de personas por día que tienen permitido solicitar asilo y obligar a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras esperan sus fechas en la corte.
En algunos casos, este enfoque ha demostrado ser demasiado cruel como para que la sociedad estadounidense lo tolere y se ha opuesto a las protecciones consagradas en la constitución, que, según lo que han decidido las cortes, protegen a los migrantes y a los ciudadanos. Parte de la agenda del presidente ha sido bloqueada por el congreso o los tribunales. Nada ha solucionado el problema.
Además, el gobierno ha hecho poco por acelerar las cortes de inmigración, aunque quizá ese es el freno que ha buscado el presidente.
“Han permitido que los casos pendientes se acumulen hasta provocar una crisis”, comentó Doris Meissner, comisionada de inmigración del gobierno de Clinton y ahora académica en el Instituto de Política Migratoria. “No aceptan la premisa básica de que esta es una población en la que hay personas que califican para recibir protección y que la respuesta es habilitar los sistemas que tenemos”.
Solo cerca del 20 por ciento de los solicitantes de asilo logran obtener el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos demostrando que se enfrentarían al hostigamiento en sus países de origen. Los solicitantes deben enfrentar la carga de mostrar pruebas de persecución en el pasado o testimonios convincentes que establezcan el temor “bien fundamentado” de que enfrentarían un gran peligro si regresan a casa.
Las aprehensiones en la frontera suroeste están al alza después de años de declive.
De las casi 100.000 entrevistas realizadas durante el año que terminó en septiembre de 2018, un funcionario de casos de asilo confirmó las razones en 74.677 de ellos, un índice de aprobación de casi el 75 por ciento. Un representante de alto nivel del gobierno de Trump prometió el 9 de abril reducir drásticamente ese índice al hacer que los estándares sean más estrictos.
Sin embargo, lo que está en el núcleo del debate migratorio de Estados Unidos es lo que pasa después de la entrevista de temor creíble.
En 2017, ordenaron que se deportara a 11.292 inmigrantes que habían sido liberados bajo fianza o bajo palabra porque no asistieron a sus procedimientos migratorios, un aumento del 26 por ciento respecto del año pasado, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.
Blanca Vásquez, quien escapó de Honduras después de que las pandillas asesinaron a su esposo y quemaron su casa, aprobó su entrevista en la frontera en 2013. La liberaron y se residenció en el norte de Texas, donde obtuvo un empleo como conserje y esperó su audiencia en la corte. Casi un año después, dijo, sin querer faltó a su primera audiencia y lo más probable es que hayan ordenado su deportación por no haber asistido.
Sin embargo, no está segura porque ya no fue más a los tribunales. “Me confundí”, comentó. “Le pido a Dios que me cuide. Hay demasiados problemas en mi país; quiero quedarme aquí”.
María Pérez, una hondureña que se unió a la caravana con su hijo Yunior, de 8 años, en noviembre, esperó dos meses en Tijuana la oportunidad de solicitar asilo después de que el padre de su hijo fue asesinado por un hombre que siguió amenazando a su familia. Cuando por fin anunciaron su número —el 1506— ella y su hijo fueron liberados poco después para esperar su audiencia en la corte bajo las leyes de protección juvenil. Ahora vive con una amiga en el norte de California, pero no tiene abogado y no está segura de cómo proceder con su caso.
“Estoy muy preocupada. No sé qué hacer”, comentó.
Trump a menudo dice que planea construir un muro en la frontera con México para detener la inmigración ilegal. Sin embargo, cuando el enfrentamiento por el financiamiento del muro llevó a un cierre del gobierno de 35 días en diciembre y enero, de hecho empeoró las cosas. Muchos jueces de inmigración fueron suspendidos, y decenas de miles de casos de deportación y asilo fueron retrasados, en algunos casos durante años.
Hay otro problema con el muro: las estrategias para aminorar el éxodo de migrantes centroamericanos debería comenzar en esos países primero.
Las economías centroamericanas aún son débiles, y los residentes enfrentan la violencia de las pandillas y los narcotraficantes a niveles que en gran medida no se han visto en otros países. Muchos viven en la pobreza extrema, una situación que hace poco llegó a un punto crítico con el colapso de los cultivos de café y maíz.
Los diplomáticos estadounidenses dicen que la mejor manera de enfrentar ese tipo de anarquía es con los cientos de millones de dólares en ayuda extranjera que han estado llegando a Guatemala, El Salvador y Honduras durante varios años, que tienen como propósito impulsar el Estado de derecho y mejorar la economía.
Trump, de manera abrupta, abandonó estas iniciativas a inicios de abril y le ordenó al Departamento de Estado que eliminara 500 millones de dólares en ayuda a los tres países. La decisión ha sido criticada por miembros de ambos partidos, quienes la describen como una medida poco inteligente.
De igual manera, los detractores dicen que la denigración repetida de México por parte de Trump a lo largo de los años —incluyendo la manera en que insiste en construir un muro fronterizo— corre el riesgo de socavar la voluntad de México de ayudar a evitar que los migrantes centroamericanos viajen a Estados Unidos.
“Es una invasión”, declaró Trump en febrero, después de que el congreso le negó dinero para construir un muro. “Tenemos una invasión de drogas y criminales que vienen a nuestro país”.
De hecho, los migrantes en su mayor parte son víctimas del sistema de inmigración colapsado. Y casi todos están asustados; temen que los envíen a México, que los separen de sus hijos y terminar en la cárcel. Pero, sobre todo, están asustados de regresar a sus países.
Zolan Kanno-Youngs y Caitlin Dickerson colaboraron con este reportaje.