El gobierno de Donald Trump activará desde el 2 de mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, anunció este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.
“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, dijo Pompeo a la prensa.
Lo que se ha decidido, es “enviar una poderosa señal” y empezar a aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, que contempla la posibilidad de demandar en el sistema judicial estadounidense a las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba con propiedades expropiadas por la revolución cubana.
Según cálculos del Departamento de Justicia, 5.913 demandantes tienen casos potenciales y el valor estimado de sus reclamaciones, con intereses, alcanza los 8.500 millones de dólares, aunque la fuente oficial h rconocido que “la autorización de las demandas no significa que el dinero vaya a empezar a fluir de la noche a la mañana”.
Bill Clinton acordó una prórroga para no aplicar el Título III tras negociar con los europeos (qe retiraron una demanda presntada ante la OMC) y los canadienses y todas las Administraciones desde entonces habían ido aprobando prórrogas cada seis meses. La Administración Trump, en cambio, ha decidido seguir otro camino.