Venezuela sufre hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas. Según la ONU, en este contexto más de 3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años.
Sofás con sacos de dormir, un candado en la entrada: activistas estadounidenses ocupan la embajada de Venezuela en Washington para impedir la llegada de la delegación del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino, después de que los últimos diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro perdieran su estatuto.
El edificio de cuatro plantas ubicado en el elegante barrio de Georgetown permanece casi vacío y cerrado al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países -de los más de 50 en la actualidad- en reconocer a Guaidó, jefe parlamentario que se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero.
Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se irán en los próximos días, después de que el 10 de abril la entidad decidiera (por 18 votos a favor) aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones.
La fecha límite para que la delegación de Maduro abandone el edificio es el 25 de abril, pero los activistas aseguran que no se moverán de allí. Su objetivo, según la organización Code Pink, es evitar que “la oposición venezolana tome el edificio diplomático que pertenece al gobierno electo” y, para ello, organizaron “una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada”.
“Estoy aquí porque estoy furiosa porque estamos viendo un golpe de estado en cámara lenta. Durante mi vida he visto suficientes golpes e intervenciones militares estadounidenses y siempre terminan mal para la gente del país”, dice a la AFP Medea Benjamin, militante de Code Pink.
La resolución de la OEA considera que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato, “carece de legitimidad” y por lo tanto también los funcionarios nombrados por él.
“El 24 es el último día que los embajadores de Venezuela ante la OEA pueden estar en el país; tienen que irse, por lo que el 25 esperamos que la oposición intente tomar el control”, explica a la AFP Kevin Zeese, codirector de la organización Popular Resistance.