El presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha estado en la mira por preocupaciones de que el ejército pueda estar cometiendo violaciones a los derechos humanos en la persecución de grupos armados.
,El gobierno colombiano dio conocer este viernes 24 de mayo la decisión de conformar una comisión independiente para que analice las órdenes e instrucciones operativas emitidas por las fuerzas armadas.
La iniciativa surgió a menos de una semana de que The New York Times diera a conocer las órdenes militares emitidas este año que instruían a los comandantes de alto rango a “doblar los resultados” en sus operaciones militares contra organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales en Colombia.
Las órdenes han causado inquietud entre algunos altos oficiales del ejército, quienes afirmaron que la presión para llevar a cabo ataques aumentaba el riesgo de bajas civiles, y que ya había provocado muertes sospechosas a cargo de soldados predispuestos a cumplir las órdenes.
Duque declaró que crearía una comisión que estará integrada por destacados juristas colombianos, para que haga “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales”. El presidente colombiano añadió que la meta sería asegurarse de que “esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”.
A principios de la década del 2000, el ejército colombiano ejecutó ilegalmente a aproximadamente cinco mil civiles después de que se presionara a los soldados para que aumentaran el número de bajas en combate. En algunos casos asesinaron a campesinos y los vistieron con uniformes de guerrilleros, o les sembraron armas, para poder llegar a las cuotas requeridas. Estos asesinatos son conocidos como “falsos positivos”.
Los altos oficiales entrevistados recientemente por el Times comenzaron sus carreras durante el período de los “falsos positivos” y fueron ascendiendo de rango durante sucesivos periodos de reforma.
Estos oficiales expresaron su preocupación por la posibilidad de que las órdenes emitidas este año dieran lugar a una nueva serie de asesinatos ilegales. Mencionaron que el gobierno de Duque había ascendido a un grupo de comandantes que no sentían remordimiento alguno por la época anterior.
El comandante del ejército colombiano, el mayor general Nicacio Martínez Espinel, afirmó en una entrevista que había emitido las órdenes con la intención de duplicar los resultados de las operaciones militares, pero que sus órdenes habían sido malinterpretadas por los oficiales.
En una carta enviada tras la publicación del artículo del Times, el gobierno colombiano declaró que el reportaje sugería de manera incorrecta “que miembros de las fuerzas armadas han recibido instrucciones contrarias a los derechos humanos y el derecho internacional”.
Sin embargo, el 21 de mayo, el ejército revocó parte de las órdenes de intensificar los ataques en el país, un formulario de compromiso en el que se pedía a los oficiales enumerar la cantidad de delincuentes y combatientes que planeaban matar, capturar u obligar a rendirse en combate.
Una vocera del ejército declaró que el formulario sería sujeto a algunas modificaciones debido a “posibles interpretaciones incorrectas” de quienes no pertenecen al ejército. La vocera no especificó cuáles serían esos cambios. El periódico el Tiempo citó al general Martínez diciendo que retiraría todas las órdenes.
Otra orden, emitida este año y supuestamente todavía en vigor, instruye a los oficiales a no “exigir la perfección” al ejecutar los ataques, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos.
La orden establece que “hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”.