La sección sindical de CGT, a la que pertenecía la trabajadora, ha lamentado la muerte, y ha advertido de que no hará ningún tipo de declaración por respeto al “dolor que atraviesan la familia, los amigos y los compañeros” de la fallecida.
La Policía Nacional de España abrió una investigación tras el suicidio de una mujer después de que se difundiera sin su autorización un vídeo de carácter sexual entre sus compañeros de trabajo. La fallecida, Verónica, de 32 años y madre de dos niños pequeños, era empleada en la planta de Iveco de San Fernando de Henares (Madrid), y había grabado las imágenes hacía cinco años.
La policía está analizando el vídeo y haciendo gestiones para ver cómo se filtró y quién lo compartió, y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por algún trabajador de la empresa. También investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma, por error, la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas, según una publicación del diario EL PAÍS DE ESPAÑA.
El suicidio se produjo el pasado sábado, después de que en días anteriores se difundiera el vídeo a través de grupos de WhatsApp, según el programa de Antena 3 Espejo Público, que entrevistó este martes a dos compañeros de la fallecida. Los compañeros han explicado que la mujer temía que las imágenes, grabadas antes de casarse, llegaran a su marido, lo que al parecer se produjo el pasado viernes.
Este miércoles, unos 150 trabajadores de la fábrica se han concentrado en la puerta de la planta, por segundo día consecutivo, en repulsa por la muerte. El acto ha concluido con un aplauso para la fallecida. Los empleados que aguardaban a la entrada de la planta se han mostrado “tristes” y “muy afectados” ante lo ocurrido.
“No hay derecho”, ha dicho a los medios de comunicación, con indignación, una de las compañeras de la fábrica de Verónica, justo antes de fichar. “Creo que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces, lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma”, ha comentado a Efe un trabajador de las oficinas. “A lo mejor no lo vieron los 2.500 trabajadores, pero sí 2.000. A mí no me llegó ni lo vi, pero se vio por toda la zona, sabes quién lo tiene y quién lo puede enseñar”, ha declarado un trabajador de otra sección de la fábrica.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la dirección de la empresa el jueves pasado, que consideró que era un asunto personal y no de ámbito laboral, por lo que decidió no tomar ninguna medida, según Comisiones Obreras. Según algunos medios de comunicación, desde el departamento de Recursos Humanos instaron a la mujer a denunciar lo sucedido, pues pueden ser constitutivos de un delito contra la intimidad, pero ella rechazó hacerlo. La empresa ha declinado hacer declaraciones sobre el suceso.
A la reunión con la dirección acudieron la trabajadora, operaria de la cadena de producción, dos delegados de CCOO y la responsable de igualdad en Iveco, durante la cual se abrió de manera informal el procedimiento, según explica Raquel Márquez, la abogada encargada del caso desde el sindicato. “El viernes, con el escrito ya terminado para continuar con la formalización del procedimiento, fuimos a buscar a la trabajadora, que en ningún momento dio su consentimiento para que ese vídeo se difundiera, pero ya se había marchado de su puesto debido a un ataque de ansiedad”. La respuesta de Iveco, cuenta Márquez, fue que se trataba de “un tema personal”. Y desde la empresa, dice, “están desolados y abrumados por lo sucedido y no quieren hablar con los medios de comunicación ni emitir ninguna declaración”.
La abogada explica que Comisiones interpondrá lo antes posible una denuncia ante la Inspección de Trabajo con el fin de que este suicidio se considere accidente de trabajo y se tomen medidas laborales y penales contra los responsables: “Esto está contemplado como acoso sexual, por lo que hay un incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, la empresa lo sabía y no hizo nada, ni evaluó el riesgo ni tomó medidas preventivas, así que también se incumple la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales”.
Y añade que hay una tercera línea, “gravísima pero que excede del ámbito laboral”, que es la que alude al derecho fundamental a la imagen y la intimidad: “Si la Inspección de Trabajo lo considera como indicio de delito, y esto el día de mañana es penal y hay responsabilidades, iremos como acusación popular si podemos”. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cada una de las personas que envió o reenvió el vídeo puede enfrentarse a un delito contra la intimidad.
Para Márquez, además, “las relaciones de desigualdad que se dan en el lugar de trabajo influyen en el daño y en los riesgos psicosociales a los que, como en este caso, se enfrentó la trabajadora”. Asegura que el entorno laboral fue “determinante” para este hecho: “Parece que como no es un accidente es menos visible, pero el daño está ahí y hemos de ser conscientes de su importancia. Esto debería servir para concienciar y que no vuelvan a producirse estos hechos”.
La sección sindical de CGT, a la que pertenecía la trabajadora, ha lamentado la muerte, y ha advertido de que no hará ningún tipo de declaración por respeto al “dolor que atraviesan la familia, los amigos y los compañeros” de la fallecida y “para preservar su intimidad y privacidad hasta que las investigaciones sobre esta muerte hayan finalizado y se hayan dirimido las responsabilidades oportunas”. También ha pedido en comunicado “paciencia y prudencia” para que “no se especule con lo acontecido hasta que se aclaren todas las circunstancias”, y “lamentan profundamente toda la situación de desconcierto que se ha producido al trascender la noticia a la prensa nacional”.