Dos militares fueron imputados por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido tras ser vinculado con un supuesto plan para asesinar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, un caso denunciado por la oposición como un “crimen”.
Se ha establecido “la vinculación de dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM)”, por lo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del “teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zarate, como presuntos responsables del hecho”, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab, en Twitter.
Tanto Tarascio, de 23 años, y Zarate, de 22, ambos integrantes de la Guardia Nacional, son imputados por el delito de “homicidio preterintencional con causal”.
Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede del DGCIM en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.
Acosta estaba en la lista de 13 arrestados divulgada el jueves por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien vinculó con el caso al jefe parlamentario Juan Guaidó, quien denunció el sábado la muerte de Arévalo como un hecho “abominable”.
Estados Unidos, el Grupo de Lima -14 países de América críticos con Maduro- y la Unión Europea rechazaron el domingo el fallecimiento del capitán de corbeta ocurrida la madrugada del sábado, respaldando a dirigentes opositores venezolanos, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos que denunciaron “salvajes torturas”.
La muerte de Acosta se une a otras de opositores arrestados, ocurridas en los últimos meses.
El concejal Fernando Albán murió el pasado 8 de octubre tras caer desde el décimo piso de la dirección del Servicio de Inteligencia. El gobierno asegura que se suicidó, pero la oposición denuncia que fue arrojado tras fallecer torturado en un interrogatorio.
Al condenar la “violencia”, Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente oficialista que rige al país con poderes absolutos, aseguró este lunes que “no quedarán impunes ninguna de esas actuaciones irregulares”.
“Más de 100 funcionarios venezolanos están a la orden de los tribunales por el uso excesivo de violencia”, dijo Cabello, considerado el número dos del chavismo.