Oficiales de la Policía Federal de México empezaron a sublevarse en respuesta a la decisión del gobierno de incorporarlos a la nueva Guardia Nacional, en un poderoso desafío al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien intenta luchar contra el crimen que va en ascenso.
CIUDAD DE MÉXICO — Este año, ante las cifras récord de homicidios, López Obrador anunció que combinaría a la marina, el ejército y la policía federal en una nueva fuerza de seguridad para disminuir la violencia y luchar contra el crimen organizado.
Ahora, apenas días después de que la Guardia Nacional empezó a desplegarse oficialmente por todo el país como pilar del plan de seguridad de López Obrador, los oficiales de policía se han rebelado.
Los agentes dicen que su paga y prestaciones serán recortadas y que podrían ser despedidos si se niegan a unirse a la Guardia Nacional. También dicen que enfrentan malas condiciones en los destacamentos foráneos y les preocupa servir bajo el mando de militares que no comprenden el servicio civil de policía.
El jueves fue el segundo día que cientos de policías se amotinaron dentro del centro de comando principal de la policía en el oriente de Ciudad de México como señal de protesta. Una multitud iracunda gritaba en apoyo mientras un grupo de agentes daba una improvisada conferencia de prensa para condenar el trato que la fuerza policial había recibido por parte del gobierno.
Otro grupo bloqueó una de las principales rutas que salen del norte de la capital y cerraron brevemente una segunda carretera.
La policía federal amenazó con una huelga nacional el jueves, pero no había evidencia de que el descontento se hubiera propagado fuera de Ciudad de México.
Las imágenes de la policía federal en franca rebelión parecieron inquietar al gobierno.
“Este es un movimiento que no tiene razón de existir”, dijo López Obrador. “No es una causa justa porque no hay despidos, porque los salarios y prestaciones no se están retirando. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”.
Pero el ánimo en las instalaciones de la policía federal el jueves era desafiante.
Un oficial, Engelbert Ruiz, molesto en medio de la multitud fuera del edificio de la policía, dijo que el presidente no estaba diciendo la verdad.
“Mis superiores me han solicitado enviar decenas de listas de oficiales que deben presentarse a evaluación en la sede militar, sin preguntar”, dijo Ruiz. “A nadie se le está preguntando si está de acuerdo o no”.
“Lo que está sucediendo en realidad”, dijo, “es que nada más nos están cambiando los uniformes. Sin explicaciones, claridad, derechos ni garantías”.
Desde que el expresidente Felipe Calderón envió al ejército a las calles para combatir a los cárteles de la droga hace doce años, los gobiernos han prometido que la presencia militar sería temporal hasta que las fuerzas locales y federales recibieran el entrenamiento necesario para sustituirlas.
Calderón puso mucho énfasis en la policía federal. Su gobierno reclutó a graduados universitarios y envió investigadores a capacitarse al extranjero. Pero el esfuerzo de profesionalización se paralizó bajo el mandato de su sucesor, Enrique Peña Nieto.
Al fusionar la policía federal con la Guardia Nacional, López Obrador ha sugerido que los oficiales federales no son bien disciplinados y que sus comandantes son corruptos. El jueves reforzó dicho mensaje.
“Siempre hablábamos de que se había echado a perder esta corporación y lo de ayer es una muestra evidente”, dijo refiriéndose al primer día de protestas.
Los oficiales de policía defendieron su disciplina y dijeron que se les estaba destacando al azar, sin ninguna preocupación por sus familias.
“Estoy aquí protestando y luchando por mis hijos”, dijo la oficiala Leticia Hernández. “Es nuestra vida la que está en juego, no la de ellos”.
Raymundo Riva Palacio, un columnista que sigue los asuntos de seguridad, escribió el jueves que la rebelión se había estado gestando desde hace meses.
“Ningún respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la primera línea de fuego contra los criminales”, escribió Riva Palacio en el diario El Financiero.
El catalizador para la rebelión fue la noticia de que la policía federal sería absorbida directamente por la Secretaría de Defensa, escribió Riva Palacio, lo que significaría que perderían muchas de sus prestaciones.
“Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser esa la solución inmediata”, escribió.
El daño, advirtió, persistiría: “Esta crisis favorece a los criminales”.