De abril a junio, las autoridades mexicanas detuvieron a unos 73.400 migrantes, más del doble del número de detenidos durante los primeros tres meses del año.
ACAYUCAN, México — Las personas migrantes han sido retenidas en diversos lugares, como una arena de lucha libre, un recinto ferial y oficinas gubernamentales. Se han visto obligadas a dormir en pasillos, en una cancha de baloncesto al aire libre, incluso directamente sobre el suelo.
En México existen centros de detención que han llegado a superar tres, cuatro y hasta cinco veces su capacidad. Las personas detenidas en algunos centros han sufrido calor extremo, infestaciones de chinches, inodoros desbordados, días sin ducharse y escasez de alimentos y buena atención médica.
Durante la campaña electoral del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la promesa de que su política migratoria se distanciaría de las rígidas medidas de sus predecesores que se centraban en la aplicación de la ley y buscaría enfocarse en respetar los derechos humanos de las personas migrantes y tratarlas con dignidad. Pero las amenazas del gobierno de Donald Trump cambiaron sus planes y provocaron el aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes.
Este enfoque duro ha reducido el número de personas migrantes que intentan cruzar la frontera suroeste de los Estados Unidos. Pero también ha desatado una crisis en los centros de detención mexicanos donde, según los críticos, están sometiendo a adultos y niños a condiciones inhumanas, lo que evidencia la falta de preparación del gobierno de México. Esta situación ha generado numerosas críticas contra López Obrador.
De abril a junio, las autoridades mexicanas detuvieron a unos 73.400 migrantes, más del doble del número de detenidos durante los primeros tres meses del año.
El aumento repentino ha creado “condiciones insostenibles” en muchos de los sesenta centros que aproximadamente existen en México, dijo Salva Lacruz, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, un grupo de defensa de los derechos de las personas migrantes en la ciudad sureña de Tapachula. “Todo es un desastre”, dijo.
Debido a la presión de los críticos, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de López Obrador reconoció recientemente el lamentable estado del sistema de detención y prometió que se realizarán mejoras.
Mientras tanto, las condiciones en las que viven las personas detenidas siguen siendo deplorables.
Diversas entrevistas con solicitantes de asilo que fueron liberados hace poco de un gran centro de detención ubicado en Acayucan, una pequeña ciudad al sureste de México, describían una estancia llena de dificultades y escasez.
La gente duerme sobre delgados colchones tirados en cualquier parte. Otros ni siquiera tienen eso, por lo que se acuestan en el suelo. Los alimentos son de baja calidad y no son suficientes. Algunos dijeron que incluso el agua potable suele acabarse.
Un migrante cubano dijo que justo antes de ser detenido fue asaltado y herido en el sur de México. Y afirma que en el centro de detención le negaron la atención médica durante ocho días. Finalmente fue hospitalizado.
Los migrantes describieron condiciones inmundas, que solo mejoraban cuando se programaba la visita de las delegaciones de observadores de derechos humanos u otros funcionarios. Antes de las visitas, el personal del centro de detención inspecciona las instalaciones.
“Puedes enfermarte solo por estar allí”, dijo un solicitante de asilo hondureño que solo se identificó con su apellido, Escobar, para preservar su seguridad.
Durante años, las condiciones del sistema de detención han sido criticadas. Pero en los últimos meses, las fallas han empeorado debido a la intensa represión policial contra los migrantes.
En abril, después de una fuerte disminución de las detenciones y deportaciones durante sus primeros cuatro meses en la presidencia, López Obrador comenzó a tomar una posición más severa con la inmigración ilegal. Impulsado por las amenazas de Trump de cerrar la frontera con México para detener el flujo migratorio, el gobierno mexicano implementó medidas para aumentar las detenciones y las deportaciones.
Esos esfuerzos se aceleraron en junio cuando Trump amenazó con imponerle aranceles a México.
Pero aunque el gobierno mexicano respondió rápidamente a las demandas de Trump, aparentemente no preparó su red de detención para el incremento en el número de personas ocasionado por las nuevas políticas migratorias.
El Instituto Nacional de Migración, organismo que supervisa el sistema de detención de migrantes, se vio afectado por la estrategia de López Obrador para reducir los gastos gubernamentales. Como parte de un programa de austeridad, el presupuesto de la institución se redujo en un 23 por ciento este año.
Desde la primavera, los informes sobre el deterioro de las condiciones se han multiplicado.
“Hay preocupación por la violación de los derechos de las personas que inevitablemente irán a las estaciones de inmigración”, dijo el Consejo de Ciudadanos del Instituto Nacional de Migración, un grupo que asesora a la institución migratoria, en un comunicado a mediados de junio. “Debido al aumento en la contención de la inmigración, las estaciones se saturan y ocasionan hacinamiento y condiciones precarias”.
Sin embargo, la situación apenas ha mejorado.
Édgar Corzo Sosa, visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que en “un flujo migratorio normal”, el espacio habilitado en el sistema sería suficiente. Pero México está experimentando “un intenso flujo migratorio”.
Corzo tomó un documento, el conteo diario del gobierno en cada uno de los centros de detención, y comenzó a citar estadísticas. Algunas de las instalaciones estaban muy por encima de su capacidad.
En la ciudad fronteriza de Reynosa, 210 migrantes se acomodaron en una instalación diseñada para cincuenta, dijo Corzo. En un centro en Palenque había 210, casi el doble de la capacidad. Unos 86 inmigrantes fueron hacinados en un centro apto para treinta personas.
Durante una visita reciente a unas instalaciones de Chiapas, Corzo registró a unos 400 detenidos en un espacio destinado para no más de ochenta personas . Otro refugio de Chiapas, el Siglo XXI de la ciudad de Tapachula, tiene una capacidad para aproximadamente 960 personas, pero ha mantenido un promedio diario de más de 1400 en los últimos meses; a veces ha llegado a tener dos mil.
“Dime si esto no es problemático”, dijo. “Hay muchas complicaciones”.
Unos días antes, un migrante salvadoreño falleció mientras estaba detenido en un centro de detención improvisado en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la ciudad norteña de Monterrey. Fue un suceso raro dentro del sistema de detención de la nación. Corzo dijo que las autoridades estaban investigando la causa.
Los funcionarios también deben atender a un gran número de menores de edad migrantes que viajan solos o con sus familias.
Según el Instituto Nacional de Migración, la detención de niños migrantes centroamericanos durante los primeros seis meses del año se incrementó en más del 130 por ciento en comparación con el mismo período de 2018.
En mayo, una niña guatemalteca de 10 años murió después de caerse de una litera en un importante centro de detención en la Ciudad de México, dijeron las autoridades. Los funcionario todavía están investigando la causa y buscan determinar si recibió atención médica adecuada.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, ha reconocido las malas condiciones del sistema. “Las estaciones son pésimas”, dijo durante una conferencia de prensa.
“La evaluación que se nos presentó es terrible: los desagües no funcionan, los baños están abandonados”, dijo. “Se debe hacer un esfuerzo inmenso y enorme. No es tanto el dinero, sino el compromiso”.
El gobierno de López Obrador ha destinado unos 3,1 millones de dólares para mejorar varios centros de detención importantes en el sur de México y dice que también tiene la intención de renovar los centros del norte.
Pero los defensores de los migrantes señalan que el gobierno no se ha comprometido a expandir los recursos de la agencia gubernamental encargada de los asilos, un ente que estaba al borde del colapso incluso antes de que aumentaran las detenciones.
“En las asignaciones presupuestarias, se puede medir la voluntad política”, dijo Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, un grupo de defensa de los migrantes en Ciudad de México.
Corzo dijo que esperaba que López Obrador cumpla su promesa de mejorar las condiciones en los centros y el tratamiento de los detenidos.
“Es un nuevo gobierno”, dijo. “Es una nueva oportunidad para hacer grandes cambios”. Pero reconoció que “hay grandes desafíos”.