Con esto Colombia incurre en la aplicación de medidas que perjudican el intercambio comercial con Panamá, afectando directamente a la Zona Libre de Colón.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) mediante comunicado expresó su rechazo las nuevas restricciones impuestas por Colombia al intercambio comercial, a través del Decreto 1419, del 6 de agosto de 2019, y solicita de manera urgente al Gobierno medidas de retorsión contundentes en contra del país vecino.
El Decreto reglamenta la entrada en vigencia de los aranceles aprobados en su Plan Nacional de Desarrollo, con un incremento del 15% al 37,9%, para las confecciones, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares, e imponen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares.
La AUZLC señala que con esto Colombia incurre en la aplicación de medidas que perjudican el intercambio comercial con Panamá, afectando directamente a la Zona Libre de Colón, a pesar que en distintas ocasiones estas acciones que son discriminatorias para Panamá han sido sustentadas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que ha fallado a favor de los reclamos panameños.
Ante esta situación, subrayan que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de aplicar los mecanismos necesarios y efectivos para hacer valer, en apego al estricto derecho internacional y a los veredictos que le han dado la razón a la causa panameña.
“Instamos al Gobierno Nacional a ejecutar medidas de retorsión contundentes, ya que a pesar de los obstáculos que Colombia impone afectando el intercambio comercial con Panamá, goza de una serie de beneficios en la jurisdicción de nuestro país, lo cual no es compatible con el principio de reciprocidad, destaca el escrito firmado por el presidente del gremio Daniel Rojas.
La comunicación indica que este aumento de aranceles no solo es visto por los empresarios de la Zona Libre de Colón como una acción comercial negativa, sino también por empresarios colombianos agremiados en la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) del país vecino, quienes han interpuesto demanda de inconstitucionalidad.