Expertos en temas marítimos advierten que anteproyectos presentados en la Asamblea Nacional y huelgas portuarias derivan en un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones y el desarrollo de la competitividad del país.
Un proyecto de ley propone elevar los salarios de los trabajadores portuarios en 60.5%, a partir de enero de 2020. La propuesta se encuentra en la comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional y fue presentada por el diputado oficialista de Colón, Jairo Salazar.
Frente a esa posibilidad los expertos han advertido el panorama que se proyecta. Por ejemplo, el Ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz precisó que las huelgas de los trabajadores portuarios y los temas salariales es lo que ha afectado el tema de los movimientos portuarios en la región.
“Cada vez que hay una huelga nuestros competidores cercanos se aprovechan y las navieras lastimosamente buscan otro destino y eso provoca una disminución en el movimiento de carga”, afirmó.
Agregó que las peticiones realizadas por los trabajadores es un tema que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Gabinete Logístico analizan.
Ayer, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Nicolás Vukelja Duque se reunió con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata para exponer su preocupación por el aumento salarial solicitado, la pérdida de competitividad de Panamá por las huelgas de los trabajadores portuarios y la afectación en los costos operativos en los puertos.
“Son 200 mil puestos de trabajo directos, cualquier iniciativa de ley que toque este sector marítimo y logístico y que implemente costos va afectar estos empleos y es delicado”, sostuvo Vukelja Duque.
El representante de la Cámara Marítima de Panamá asegura que iniciativas presentadas no están siendo consultadas con los gremios involucrados ni los actores competentes, las cuales derivan en un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones, nuestra posición logística y el desarrollo de la competitividad del país.
El pasado 22 de agosto, la AMP se reunió con los representantes de la Unión Industrial Sindical de Trabajadores Portuarios de Panamá y Similares, para dialogar sobre una serie de peticiones.
Los trabajadores solicitaron que se les verifiquen temas muy específicos como la seguridad industrial dentro de los puertos, la revisión de los equipos de protección personal (que sean los apropiados para el tipo de carga que están manejando), el tema de las capacitaciones, la verificación de la idoneidad de las personas que brindan el servicio, entre otros.
Rol de sindicalista
El diputado Jairo Salazar acaba de llegar a la Asamblea, fue electo por el circuito 3-1 (Colón), y ha mantenido sus fuertes lazos con el activismo sindical. Desde la Asamblea ha lanzado fuertes acusaciones contra las empresas portuarias y asegura incumplen las convenciones colectivas además; de pagar bajos salarios.
En intervenciones ante el pleno del Legislativo anunció que encabezaría una lucha frontal para que los trabajadores portuarios obtengan mejores condiciones laborales y salariales. Inclusive, encabezó una comisión investigadora que recorrió los puertos en Colón para inspeccionar las condiciones de los trabajadores.
“Estos puertos han operado en el país por muchos años, pero los trabajadores que son los que en verdad los hacen operables no reciben una remuneración acorde con sus importantes funciones, y es muy rentable para los puertos la administración dada por el Estado”, sostuvo el diputado Salazar.
La propuesta de aumento salarial del diputado sumado a otras peticiones fue presentada en el Legislativo día después de firmarse un acuerdo que puso fin a la huelga que mantenían los trabajadores portuarios y que dejó pérdidas millonarias en el sector, según gremios vinculados a la industria.
Para aquella ocasión, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge Juan de la Guardia, lamentó que desde el Legislativo se estuviera alimentando el caos.
La anteproyecto de ley 120, también permite la tercerización en contratación de empresas para realizar trabajos específicos por parte de la empresa administradora del puerto, pero ésta será solidariamente responsable de las obligaciones adquiridas por un accidente laboral de algún trabajador acaecido en el ejercicio de sus funciones, entre otras garantías.
Salazar también impulsa el anteproyecto 48 que establece que la AMP, deberá asegurar al trabajador portuario periodos mínimos de empleos o ingresos mínimos, dependiendo de la situación económica y social del país, y llevar un registro “para todas las categorías” de trabajadores portuarios. Explica que los trabajadores que estén en el registro tendrán la prioridad para obtener un puesto de trabajo.
Un tercer proyecto impulsado por Salazar se refiere a la seguridad e higiene en los trabajos portuarios.
Los sectores marítimo y logístico representan el 30% del producto interno bruto (PIB) de Panamá, lo que significa que un tercio de la economía se mueve gracias a este sector.
De acuerdo con cifras preliminares difundidas por la Contraloría General de la República de Panamá, el sistema portuario del país centroamericano registró, de enero a junio, 43,1 millones de cargas en toneladas métrica, lo que representa un módico incremento de 3,6% con respecto a igual período de 2018.
