En 2018 habían sembradas 169.000 hectáreas, con un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según el último reporte de Naciones Unidas.
Colombia, principal productor mundial de cocaína, batió en 2019 el récord de hectáreas erradicadas de cultivos de hoja de coca, materia prima de esa droga, declaró este jueves el presidente Iván Duque.
“Quiero destacar la labor de la fuerza pública, que logró en erradicación manual la cifra más alta que haya visto nuestro país bajo esa modalidad”, dijo el mandatario en la sede de gobierno.
Duque aseguró que se erradicaron manualmente 94.000 hectáreas, de un total de 100.000 hectáreas destruidas “combinando distintas” modalidades, que no precisó.
En Colombia había sembradas 169.000 hectáreas en 2018, con un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según el último reporte de Naciones Unidas.
Aún se desconocen las cifras de los sembradíos detectados en 2019, que por lo general se publican a mitad del año siguiente.
El mandatario conservador aseguró que Colombia tiene la meta de reducir a la mitad el territorio cultivado con coca entre 2022 y 2023, tras el récord alcanzado en 2018.
“Tenemos que acelerar cada vez más el paso, pero podemos decir que cerramos el año 2019 con una cifra récord de erradicación manual”, insistió.
Duque destacó el decomiso de 434 toneladas de cocaína en 2019.
Tras cuatro décadas de lucha sostenida contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos, el principal consumidor de esa droga.
Cerca del 70% de la cocaína que circula a nivel mundial se produce en el país sudamericano.
Duque llegó al poder en agosto de 2018 con la promesa de mano dura contra el narcotráfico y de modificar el pacto de paz que transformó en partido a la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista) por considerarlo blando con los insurgentes.
En el acuerdo de 2016, los excombatientes comunistas, que financiaron parte de su lucha armada de medio siglo con recursos del tráfico de droga, se comprometieron a eliminar los narcocultivos a través de acuerdos con los campesinos cocaleros.
Tras el desarme de 7.000 combatientes, grupos armados locales y carteles mexicanos como el de Sinaloa han asumido el control del tráfico del narcótico en sitios apartados de Colombia, principalmente en departamentos cercanos a puertos marítimos del Pacífico colombiano.
El gobierno señala al narcotráfico como responsable de la escalada de la violencia que desde 2016, tras la firma de la paz, ha cobrado la vida de al menos 303 líderes sociales o activistas de derechos humanos que trabajan en zonas ocupadas por grupos ilegales.