TUCSON, Arizona — Hace varios años, el calor en el desierto de Sonora se acercaba a los 37,7 grados Celsius cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en un puesto de control le pidieron a la conductora de un automóvil que se orillara. A bordo iba un hombre hispano ya mayor vestido con un impecable traje a la medida.
Le ordenaron que saliera del vehículo y le pidieron sus documentos de identidad, que demostraron que era un inmigrante mexicano llamado Raúl H. Castro. Ese día cumplía 96 años.
Ana Doan, una amiga de toda la vida que lo llevaba a una celebración en Tucson, les suplicó, sin éxito, que le permitieran darle al hombre un poco de agua.
“Yo les gritaba a los agentes que se trataba de un exgobernador del estado de Arizona”, dijo ella.
Castro, quien había nacido en 1916 en el norte de México en una familia muy afectada por la pobreza que cruzó la frontera cuando él era niño, se convirtió en el primer y el único gobernador latino electo de Arizona en 1974, en la cúspide de una excepcional carrera política que resulta casi inimaginable de repetir en la Arizona actual.
Desde la victoria histórica de Castro hace 46 años, ningún latino ha sido elegido para desempeñar otro cargo público estatal en Arizona, y mucho menos como gobernador. En cambio, este estado se ha convertido en un campo de pruebas para las políticas destinadas a mantener a los extranjeros fuera del país y reducir la influencia de los latinos en la política estadounidense, políticas que ayudaron a sentar las bases para las medidas antimigratorias en otros estados y en la Casa Blanca de Donald Trump.
Esta primavera se cumplen diez años desde que los líderes de Arizona promulgaron una de las leyes antimigratorias más polémicas que ningún otro estado haya adoptado en su historia reciente: la ley SB 1070, la primera de las leyes conocidas que permiten que las autoridades pidan a las personas que les muestren sus papeles y que les dieron al alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio y a otros policías locales amplios poderes para detener a cualquiera sin una orden judicial, con la sola sospecha de que habían cometido un delito que ameritara la deportación.
Este estado también exigió a los empleadores descartar a los trabajadores indocumentados, eliminó la elegibilidad de los inmigrantes indocumentados para las tarifas escolares para residentes del estado e introdujo barreras que dificultan que los latinos puedan votar. Incluso ahora, otros estados del país están implementando leyes similares a los primeros intentos de Arizona para limitar la inmigración.
Sin embargo, ahora que los electores se dirigen a las urnas para las elecciones primarias demócratas estatales del martes, la enmarañada política migratoria de Arizona se ha vuelto más impredecible e incluso algunos republicanos e independientes en el estado están rechazando la política divisoria de los últimos veinte años, lo cual sugiere que tal vez las políticas migratorias de mano dura del presidente Donald Trump no encuentren la aprobación generalizada que alguna vez tuvieron en este estado.
La historia de la evolución turbulenta del tema migratorio en Arizona —desde Raúl Castro hasta Joe Arpaio y la elección al Senado de Estados Unidos en 2018 de la demócrata Kyrsten Sinema— ofrece una fascinante lección de la historia del suroeste estadounidense y, posiblemente, del futuro del Partido Demócrata tras desafiar la supremacía republicana en los bastiones tradicionales.
“Arizona es una advertencia para el resto de los Estados Unidos”, dijo Lisa Urias, empresaria de Phoenix que vivió la intensa caída de Arizona en el nativismo patrocinado por el estado. “Es extremadamente preocupante que ahora estemos repitiendo, al frente y al centro del escenario nacional, un doloroso capítulo en la historia de Arizona”, agregó.
Castro era un candidato improbable en Arizona. Aunque una gran población hispana mantuvo cierta influencia en Nuevo México, Arizona fue un lugar donde los anglosajones tuvieron las palancas del poder desde sus inicios.
Después de adquirir la categoría de estado en 1912, los funcionarios promulgaron un impuesto electoral encaminado a impedir el voto de los hispanos. Hasta la década de 1960, los líderes electos, como el senador Barry Goldwater, candidato republicano a la presidencia en 1964, trataron de impedir que los ciudadanos hispanohablantes votaran, exigiendo pruebas de alfabetización en inglés.
En su infancia, Castro tuvo que hurgar en la basura para conseguir alimentos después de que su familia cruzó la frontera. Sobrevivió como indigente durante la Gran Depresión antes de regresar a Arizona, donde le molestó la segregación que relegaba a los hispanos a una condición de inferioridad. Castro llegó a convertirse en fiscal, juez y embajador, algo sin precedentes para un inmigrante mexicano en el estado.
Cuando se postuló para gobernador en 1974, cultivó vínculos con republicanos prominentes y cortejó a los liberales apoyando los derechos de la mujer y el gasto para luchar contra la pobreza. Después de hacer campaña en lugares abandonados por los republicanos, especialmente en zonas remotas de la Nación Navajo, obtuvo la victoria por un margen mínimo.
Sin embargo, para consternación de sus seguidores, Castro solo fungió dos años como gobernador antes de aceptar el nombramiento del presidente Jimmy Carter como embajador en Argentina en 1977.
Arizona comenzó una marcha aún más a la derecha. En 1986, un distribuidor de Pontiac llamado Evan Mecham organizó una campaña para gobernador basada en el ataque a la élite republicana del estado. Para sorpresa de la clase política establecida de Arizona, ganó.
El día de su toma de protesta, en 1987, Mecham anunció la cancelación en el estado del día festivo en honor al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Poco después, exigió una lista de los empleados estatales homosexuales. Enfureció a los líderes hispanos al nombrar a una reportera del clima como su enlace con esa comunidad y justificó el nombramiento diciendo que era porque le gustaba la apariencia de la mujer.
Este tipo de estrategias motivaron boicots económicos a Arizona y causaron indignación entre la comunidad empresarial del estado. Para 1988, el Senado estatal había destituido de su cargo a Mecham tras condenarlo por obstrucción de la justicia y malversación de fondos públicos en un juicio político.
Esta estrategia enardeció a sus seguidores. Algunos se definieron como insurgentes contra la clase dirigente y obtuvieron escaños en la legislatura estatal, donde comenzaron a abrir un nuevo frente contra la creciente población inmigrante del estado.
Russell Pearce, ex oficial de policía que resultó electo a la legislatura en 2000, pedía deportaciones en masa mucho antes de la candidatura presidencial de Trump. “Sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo Pearce en una emisora de radio de Arizona en 2006.
Nacido en 1932 de inmigrantes italianos en Massachusetts, Joe Arpaio hizo de las tácticas divisorias una característica de sus 24 años de reinado como alguacil del condado de Maricopa. Instaló un centro de detención en un campamento sofocante afuera del Ayuntamiento y ordenó redadas de migrantes indocumentados, lo cual se considera como discriminación racial ilegal.
Arpaio alegó que la anarquía de la escalada de la guerra contra las drogas de México se filtraba a través de la frontera. Los grupos antinmigrantes comenzaron a recabar firmas para la implementación de una medida que exige que los electores de Arizona presenten una prueba de ciudadanía, a la vez que publicaban estudios en los que se culpaba a la inmigración en el estado de los delitos violentos.
El programa “Nightline” de ABC News aumentó las apuestas en 2009 al afirmar, sin base objetiva, que los cárteles mexicanos de la droga habían convertido a Phoenix en la capital mundial del secuestro, tan solo en segundo lugar después de la Ciudad de México.
Pearce, el legislador estatal conocido por actuar en contra de los inmigrantes, estaba listo. Después de una serie de crímenes de alto perfil, se promulgó en la legislatura de Arizona su proyecto de ley SB 1070, que generó una protesta nacional.
Semanas después, Juan Varela estaba regando las plantas de chile en su patio delantero en la calle South Montezuma en Phoenix cuando un vecino, Gary Kelley, se acercó para hablarle de la ley. Kelley había bebido y comenzó a insultarlo a gritos.
“¡Espalda mojada!”, le gritó, según un informe policial. “¡Si no vuelves a México, vas a morir!”.
Varela intentó patear a Kelley en la ingle, pero falló. Luego, Kelley sacó un revólver calibre .38 y le disparó a Varela en la cabeza. Los fiscales lo calificaron como un crimen de odio.
Las consecuencias de la SB 1070 eran claras: nuevamente corría la sangre.
Las organizaciones latinas presionaron para boicotear económicamente al estado. Los viajeros de otros estados comenzaron a cancelar reservaciones de hotel. El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una medida para limitar las compras de Arizona y evitar que los trabajadores de la ciudad viajaran al estado en visitas oficiales, lo que inspiró a otras ciudades.
Pearce y sus aliados doblaron su apuesta. Con el argumento de que los niños latinos al crecer querrían derrocar al gobierno de Estados Unidos, cerraron el programa de estudios mexicano-estadounidenses de las escuelas públicas de Tucson y prohibieron los estudios étnicos en todo el estado.
Luego, con Pearce como presidente del Senado estatal, los legisladores conservadores elaboraron propuestas para obligar a los funcionarios escolares y los profesionales médicos a preguntar a estudiantes y pacientes sobre su estado migratorio.
No obstante, el Senado de Arizona desafió a su propio líder y rechazó la legislación propuesta. Finalmente, muchos en el estado parecían haber tenido suficiente.
Aunque Pearce estaba decidido a no ceder, los electores lo sacaron del poder con un referendo en 2011.
Un año después, Castro, cerca del final de su larga vida, soportaba la humillante detención por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, los tribunales declararon inconstitucionales grandes partes de la ley SB 1070 y, cuando fue eliminada, los partidarios de las medidas estrictas en Arizona quedaron marginados en un estado que trataba de superar un episodio de agitación nativista.