Organizaciones discrepan con políticas del gobierno para hacer frente a la pandemia

Grupos civiles y de derechos humanos aseguran que las medidas de cuarentena tendrán resultados diferenciados ante la desigualdad, en el país.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos se pronunciaron sobre las medidas y estrategias adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia COVID-19, en el país.

Entre los grupos civiles destaca la Alianza de Mujeres de Panamá, Coalisión Panameña Integral en Sexualidad, Unamup, Red de Derechos Humanos de Panamá, Centro de Estudios y Capacitación Familiar Panamá (CEFA), Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, Funda Genero, Conamuip, CEASPA, entre otras.

Según las organizaciones, las políticas de emergencia implementadas están colocando en “riesgos de salud” a la democracia y la vigencia de los derechos humanos, en especial de las mujeres, pueblos originarios y las poblaciones empobrecidas en todo el territorio nacional.

“No  todas  ni  todos  gozamos  de  los  mismos derechos ni condiciones de vida desde antes del COVID-19. Somos uno de los países más desiguales del continente, por lo tanto, las medidas de cuarentena tendrán resultados diferenciados ante esta desigualdad. Las políticas de cuarentena afectan más a las mujeres y hogares monoparentales; en las espaldas de estas y en las que son jefas de hogares recae la economía del cuidado, y es en esta esfera donde se centra el combate a esta pandemia”, detalla el comunicado.

Explica que se necesita  un consenso nacional ante las medidas que afectan nuestro presente y futuro, en especial  la  reorganización  de  nuestras  prioridades  presupuestarias,  de  inversión  social,  y  la protección ante cualquier intento de privatización de los servicios y recursos de salud de la Caja del Seguro Social y del MINSA.

“Nos mantenemos alertas ante cualquier intento de aprovechar esta crisis viral para limitar y retroceder de manera permanente los derechos humanos”, sostienen las organizaciones.

Precisan que urgen estrategias que ayuden a recuperar las economías nacionales y locales desde una mirada de  desarrollo  humano  con  enfoque  de  géneros;  de  interculturalidad;  de  seguridad  y  soberanía alimentaria; y de sostenibilidad ambiental. Ya hemos visto las fallas de nuestro modelo ante esta epidemia  y  las  vulnerabilidades  que  trae  ser  una  plataforma  de  servicios  transnacionales  y  de minería.  Ante esto se debe de generar un espacio de asesoría estratégica con visión de Estado.

Los grupos civiles piden que el enriquecimiento a costa de esta pandemia sea declarado como delito de lesa humanidad.

Petición al Gobierno Nacional y entidades públicas

Las organizaciones pidieron al presidente Laurentino Cortizo y a autoridades las siguientes medidas:

Incorporar a la Comisión Asesora del MINSA a expertos/as de otras ramas de las ciencias, en especial de las ciencias de la Salud Mental, de la Sociología, Trabajo social, Economía y de las  políticas  con  enfoque  de  Género,  de  Adultos  Mayores  e  interculturalidad.  Esto ayudará a evitar medidas parciales que no contemplen las dinámicas sociales, de género, de  diversidad  sexual,  y  territoriales  de  la  población  en  cuarentena.  Por  ejemplo,  la discordancia de horarios de servicios bancarios con los horarios de circulación.

Crear una  Comisión  Asesora  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  conformada  por expertos/as de los diversos sectores de la economía, en especial de aquellos que hemos identificado como estratégicos para la protección de la salud y la seguridad alimentaria de la población, no hay certeza de que no se repita otra pandemia en el futuro próximo.

Fortalecer las medidas y servicios de protección hacia las mujeres, en especial de quienes viven en riesgo de violencia y explotación económica tales como trabajadoras del servicio doméstico, del sexo, trabajadoras rurales, mujeres trans, artesanas, migrantes, del sector informal y aquellas que fueron enviadas por sus empleadores a sus casas sin claridad de sus condiciones de retorno laboral.

Acelerar la atención a la población privada de libertad para prevenir la contaminación por su hacinamiento carcelario. Especialmente a las mujeres privadas de libertad y sus hijos/as. El derecho a la vida es inalienable y universal.

Fortalecer los  mecanismos  y  servicios  de  denuncia  y  protección  de  personas  Adultas Mayores  que  viven  en  riesgo  de  violencia  con  familiares,  y  las  que  están  en  hogares  y residencias para mayores, tanto públicos y privados. Así como revisar las normativas que se han  visto  insuficientes  en  esta  crisis  para  garantizar  los  derechos  humanos  de  esta población.

A la entidad con el mandato de velar por el cumplimiento de los derechos humanos como es la  Defensoría  del  Pueblo,  le  exigimos  su  presencia  y  trabajo  visible  y  concreto  para asegurar la vigencia de los derechos de todas y todos sin distingo de edad, géneros, estatus migratorio, origen étnico ni social.

A la  Procuraduría  de  la  Administración  que  refuerce  el  monitoreo  del  cumplimiento  del Código  de  ética  de  las  y  los  funcionarios  públicos  y  que  proponga  una  ley  que  haga imprescriptible los delitos de enriquecimiento ilícito en momentos de pandemia, pues son delitos de lesa humanidad.

De igual manera pedimos al Tribunal Electoral que impulse la revocatoria de mandato de todo diputado/a,  alcalde/sa  y  representante  de  corregimiento  que  se  compruebe  se  ha aprovechado  del  uso  de  fondos  y  medidas  de  urgencia  para  el  clientelismo  político  y  la corrupción.

Al Ejecutivo  que,  así  como  existe  una  cuarentena  social,  que  exista  una  “cuarentena económica”  que  limite  las ganancias a costa del sufrimiento  del  pueblo  panameño. Que impulse una Ley que haga imprescriptible los delitos de enriquecimiento ilícito mediante la corrupción de funcionarios públicos y el tráfico de influencia para negociar los servicios de urgencia que han surgido de esta crisis y que son brindados por empresarios y empresas privadas.