El anteproyecto fue prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional.
Un Amparo de Garantías Constitucionales por la supuesta transgresión de los derechos individuales consagrados en la Constitución Política de Panamá, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra el prohijamiento por parte de la Asamblea Nacional del anteproyecto de ley 305, que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terrestre brindado a través plataformas tecnológicas.
La demanda interpuesta por la Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL), sostiene que por medio de esta iniciativa la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Comunicación y Transporte insiste en violar el derecho que tienen los consumidores de elegir el sistema de transporte de su preferencia tal como quedó establecido en el histórico fallo de la Corte Suprema, que fue el resultado precisamente de un acción legal interpuesta por ACL hace más de dos años.
Jaime Raúl Molina de la ACL, manifestó que se pretende legislar en detrimento de los derechos y de los intereses de los consumidores, precisamente, en tiempos en que la ciudadanía, por motivos de la Emergencia Nacional como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, no puede acudir al Órgano Legislativo a hacer uso de sus derechos de participación y fiscalización en lo que respecta a las funciones de dicho Órgano del Estado.
“Vemos con mucha preocupación que los diputados estén legislando a puertas cerradas en temas que no están relacionados a la pandemia. Justo cuando no es posible participar y fiscalizar desde la sociedad civil, nos parece inaceptable que se tomen decisiones sobre nuestro derecho a elegir en libertad, como en el caso del transporte”, sostuvo.
Molina detalla que la Acción Constitucional que se promueve cumple con el principio de legitimación previsto por el artículo 54 de la Constitución Política de Panamá y por el artículo 2615 del Código Judicial.