Advirtieron que decenas de miles de personas estaban perdiendo su trabajo. Las pequeñas y medianas empresas, las cuales emplean a más del 70 por ciento de la fuerza laboral mexicana, estaban quedándose sin dinero. Sostuvieron que el gobierno tenía que intervenir. Los datos eran irrefutables.
De acuerdo con dos empresarios que tuvieron acceso directo a esa conversación en abril, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, solo se encogió de hombros. “Yo tengo otros datos”, dijo. “Ustedes hagan lo que crean que tienen que hacer y yo haré lo que tenga que hacer”.
Con la esperanza de evitar las peores consecuencias económicas de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo de inmediato han inyectado dinero a sus tambaleantes economías.
Han recaudado billones de dólares para estímulos a fin de mantener a flote a las empresas y conservar a los empleados dentro de la nómina. El razonamiento es que cuando la pandemia finalmente termine, las economías no tengan que comenzar desde cero para recuperarse.
En México no ha habido ninguna iniciativa de rescate de ese tipo. La pandemia podría provocar las peores consecuencias económicas que México haya visto en un siglo. En abril se perdieron más empleos de los creados en todo 2019. Un informe reciente de un organismo gubernamental decía que hasta diez millones de personas podrían caer en la pobreza este año.
Sin embargo, la mayoría de los economistas calculan que el aumento del gasto en México será mínimo: menos del uno por ciento de su economía, una pequeña cantidad en comparación con muchos países grandes.
¿Y cuál es el motivo? Los detractores y los partidarios concuerdan: López Obrador.
Al ser enemigo de los rescates, reacio a incurrir en endeudamiento público y muy desconfiado de la mayoría de los líderes empresariales, el presidente de México prácticamente ha optado por quedarse inmóvil pese a que se espera un daño generalizado en todo lo largo de la escala económica.
“El gobierno debe ayudar al sector privado tanto como pueda; de otro modo, nuestro producto interno bruto podría caer hasta un diez por ciento, lo cual sería un desastre”, señaló Carlos M. Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público bajo el mandato de López Obrador.
“Se puede hacer”, continuó Urzúa, señalando los niveles relativamente bajos de deuda pública en México. Pero “López Obrador en verdad no tiene idea de la tormenta que se avecina”.
En un momento de gran polarización en México, donde las respuestas a López Obrador oscilan entre la devoción absoluta de sus partidarios y el enojo mordaz de sus detractores, la necesidad de plantear una respuesta económica ha arrojado un insólito destello de unidad.
No obstante, López Obrador, un populista de izquierda, ha aguantado la presión de hacer más, ha sido reacio a incurrir en endeudamiento público y ha sobrecargado al país con cuentas que podría tener dificultades para pagar en el futuro.
Parte de la presión sobre López Obrador ha procedido de lugares previsibles: políticos de la oposición, economistas a favor del libre mercado y la comunidad empresarial acaudalada, grupos proclives a encontrar errores casi en todas las cosas que hace.
Sin embargo, funcionarios del gobierno dicen que hasta miembros del propio gabinete presidencial lo han exhortado a tomar medidas, con el argumento de que no hacerlo podría paralizar al país. También lo han hecho funcionarios del Banco Central y una serie de economistas que apoyan sus políticas.
“Cada día cuenta”, comentó Santiago Levy, un economista a quien le ofrecieron el puesto de secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador poco después de su elección en 2018. “Una recesión era inevitable, pero el costo de no apoyar más será una recesión mucho más prolongada y profunda”.
Un grupo de gobernadores estatales, incluyendo uno del propio partido de López Obrador, ha formado una coalición para exigir que tome medidas para proporcionarles ayuda financiera. Algunos, incluso, han amenazado con el equivalente a una separación financiera.
“Necesitamos una estrategia de unidad y, en cambio, no hemos recibido absolutamente nada”, afirmó Marín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes en la zona centro de México.
El gobierno dice que será cauteloso con los rescates y los grandes gastos.
Graciela Márquez, secretaria de Economía, cuestionó las aseveraciones de que México podría incrementar fácilmente su deuda para aumentar su gasto. El costo sería enorme, señaló, e incurrir en un endeudamiento desmedido, a la larga, podría traer más dificultades que beneficios.
“Si en algún momento tenemos que incrementar la deuda, lo haremos”, señaló Márquez, economista egresada de la Universidad de Harvard. “No está cancelada esa opción”.
Márquez afirmó que, por el momento, el gobierno está gastando más, por ejemplo, en microcréditos y otros desembolsos para las personas más vulnerables.
En cuanto a si es suficiente ese gasto adicional, observó que ni siquiera el paquete de estímulo de dos billones de dólares en Estados Unidos ha sido suficiente.
“¿Qué es suficiente en estas condiciones?”, preguntó. “Debe hacerse de manera responsable, sin generar más problemas de los que estamos tratando de resolver”.
El daño económico derivado de la pandemia es inevitable. Pero, en opinión de muchos economistas, la diferencia entre una crisis amplia y prolongada y una recuperación importante depende de la capacidad del gobierno para ayudar a las empresas y a los trabajadores a mantenerse a flote hasta que pase lo peor.
Los países europeos han gastado billones para contrarrestar la devastación económica y están considerando recaudar más de 800.000 millones de dólares en deuda colectiva para evitar el derrumbe económico.
Algunos vecinos latinoamericanos de México han actuado con determinación: Chile, Perú y Brasil han aprobado paquetes con un valor del ocho al doce por ciento de su economía.
Pero en México (entre los diminutos préstamos a las empresas y el gasto para los programas de transferencia de dinero a los pobres, los jóvenes y los ancianos), el gasto adicional del gobierno es menor al uno por ciento de la economía, según calcula la mayoría de los economistas.
“México está muy por debajo del promedio mundial en términos de la cantidad de recursos que está canalizando para ayudar a la economía”, afirmó Oberto Vélez Grajales, economista en el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, un grupo de investigación de izquierda.