Acuñé el término “ciudades depredadoras” para describir las zonas urbanas en las que los funcionarios públicos se hacen de manera sistemática de bienes de los residentes y los transfieren a las arcas públicas, violando, ya sea de manera intencional o no, las leyes nacionales o los derechos humanos fundamentales.
Ferguson, Misuri, es una ciudad depredadora bien conocida. Como mostró un informe del 2015 del Departamento de Justicia, la policía de Ferguson de manera sistemática imponía multas y pagos excesivos a las personas negras. La Constitución de Estados Unidos no permite a los jueces encarcelar a los acusados por deudas insolutas sin determinar primero su capacidad de pago. No obstante, los tribunales locales emitieron órdenes de detención por multas y cuotas sin pagar sin hacer estas determinaciones. Los delitos menores, como las infracciones por estacionarse en un lugar prohibido, se pagaron con cárcel, aunque los legisladores no contemplaron ni aprobaron un castigo tan severo. El Departamento de Policía y los tribunales de Ferguson priorizaron la recaudación de ingresos por encima de la seguridad pública, con lo que transformaron a Ferguson en una ciudad depredadora.
Nueva Orleans es otra. En 2018, un Tribunal Federal de Distrito dictaminó que el restablecimiento de las prisiones de deudores en Nueva Orleans violaba la 14 Enmienda. En ese momento, la principal fuente de recursos del Tribunal Penal de Distrito del Municipio de Orleans eran las multas y los honorarios que cobraba. Esto creó un incentivo estructural para que los jueces buscaran de manera agresiva y errónea el pago por parte de ciudadanos insolventes, lo cual convirtió a Nueva Orleans en una ciudad depredadora.
Washington D. C. es otra ciudad depredadora. Mientras que las leyes de confiscación de bienes civiles permiten a la policía confiscar bienes que sospechan que están relacionados con un delito, en Washington D. C., los dueños de los bienes tuvieron que pagar fianzas de hasta 2500 dólares para poder impugnar la confiscación. Si el propietario no podía recaudar el dinero a tiempo, el Departamento de Policía de Washington D. C. vendía los bienes y el dinero se destinaba a su presupuesto anual. En un período de dos años, el departamento de policía obtuvo 4,8 millones de dólares en ganancias con la incautación del dinero de más de 8500 personas, así como de 339 vehículos. Según un tribunal federal, este abuso de las leyes de confiscación civil fue ilegal.
La actual pandemia ha creado un terreno fértil para que broten ciudades depredadoras. Con los negocios locales cerrados, el desempleo por los cielos y muchas personas incapaces de pagar el alquiler y hacer los pagos de la hipoteca, la COVID-19 ha brutalizado a las economías locales. El Departamento del Tesoro de Míchigan calcula que los ingresos fiscales del año 2020 podrían disminuir entre 1000 y 3000 millones de dólares, mientras que el estado de Nueva York ha proyectado un déficit de ingresos de más de 13.000 millones de dólares. Aunque muchas ciudades deben recortar sus presupuestos para asegurar su supervivencia financiera, la COVID-19 también ha intensificado la necesidad de servicios sociales esenciales, aunque costosos.
Detroit, una ciudad al borde de la quiebra financiera, se ha convertido en una ciudad depredadora. La historia de Sarah Dennis nos da una idea de cómo, en medio de esta pandemia mundial, los gobiernos locales financieramente endebles se aprovechan de sus ciudadanos más vulnerables.
En la actualidad, la señora Dennis tiene 79 años y ha vivido en Detroit toda su vida. Después de un largo matrimonio, quedó viuda a los 47 años. Luego conoció a un viudo, Earl Dennis, en la Iglesia de Dios de la calle Wisconsin. Ella tocaba el piano y él era un acomodador. Se casaron en 1990 y, de inmediato, ella se mudó a la casa humilde de él en el lado este de Detroit. Cada Pascua, toda la familia cantaba himnos como “Grande es tu fidelidad”, y la señora Dennis hacía una tarta de camote, un panqué de limón y una tarta de coco y limón que hacía llorar a los hombres adultos.
Después de 30 años de matrimonio, el señor Dennis murió de COVID-19, exactamente dos semanas antes de Pascua, la celebración favorita de la pareja. Una vez más, la señora Dennis se había quedado viuda. La funeraria transmitió en vivo el servicio, pero la señora Dennis no pudo verlo porque estaba en el hospital luchando contra la misma enfermedad. Se recuperó de milagro. Aunque convaleciente, reinició otra batalla, esta vez contra el abuso del impuesto sobre bienes inmuebles de Detroit.
La casa de los Dennis es una pintoresca edificación de ladrillos grises estilo rústico construida en 1954. En enero, el gobierno del alcalde Mike Duggan se dispuso a gravar la casa como si valiera 26.800 dólares. Dadas las condiciones desfavorecidas del vecindario y el precio de mercado de propiedades comparables vendidas recientemente, el valor de mercado estimado por la ciudad era demasiado alto. Antes de enfermarse, la señora Dennis buscó ayuda delProyecto Altruista de Apelación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Coalición para la Justicia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que ayudé a crear. Una vez que el proyecto intervino, la ciudad acabó por admitir que el valor de mercado de la casa era de 16.000 dólares, un 40 por ciento menos de lo estimado inicialmente.
La mayoría de los propietarios no conocen el proceso de apelación del impuesto sobre los bienes inmuebles o no pueden pagar un abogado para que los represente, por lo que están atascados con facturas infladas del impuesto inmobiliario. La señora Dennis se lamentó: “Nos están estafando. Los impuestos sobre la propiedad son tan altos. La mayoría de la gente de esta zona no puede pagar los impuestos porque se les cobró de más”.
La señora Dennis no es la única. En un estudio recientemente publicado, el Centro de Finanzas Municipales de la Universidad de Chicago analizó los datos de evaluación de Detroit para el período 2016-2018; encontró que, aunque el precio promedio de la vivienda era de 35.600 dólares, la mayoría de las viviendas de menor valor (menos de 19.000 dólares de precio de venta) fueron evaluadas por encima del límite establecido por la Constitución de Michigan. En gran medida, debido al sistemático cobro excesivo, Detroit tiene una de las tasas de ejecución de hipotecas más altas de cualquier ciudad desde la Gran Depresión. En mi reciente estudio etnográfico, “Predatory Cities”, explico cómo el racismo sistémico, la mala conducta empresarial, el declive económico, la inestabilidad política y el escaso financiamiento federal y estatal dieron lugar a las prácticas depredadoras en Detroit. Identifico al condado de Wayne y a los inversionistas que compran casas en las subastas de ejecución de impuestos como los principales beneficiarios financieros.
Detroit no es un caso aislado. Un nuevo estudio nacional que también realizó el Centro de Finanzas Municipales encontró que, en todo el país, los propietarios de inmuebles de menor valor pagan impuestos excesivos sobre los bienes inmuebles mientras que los dueños de propiedades de mayor valor pagan muy poco. Este fenómeno empeoró mucho durante la Gran Recesión de finales de la década de 2000. Debido a la COVID-19 se avecina otra recesión. Dado que los impuestos sobre los bienes inmuebles representan alrededor del 30 por ciento de los ingresos generales a nivel local, las ciudades pueden disminuir los déficits presupuestarios mediante la imposición de impuestos excesivos a ciertas casas, sucumbiendo a la depredación.
No todas las ciudades son depredadoras. Pero, dado que la COVID-19 exacerba los déficits presupuestarios existentes, los republicanos del Senado deben ampliar el financiamiento para los gobiernos estatales y locales con la aprobación del proyecto de ley de asistencia para el coronavirus de 3 billones de dólares que aprobaron los demócratas de la Cámara de Representantes en mayo. De lo contario, las ciudades pueden ceder a las crecientes presiones monetarias y convertirse en depredadoras. Con un tono melancólico, la señora Dennis recordó: “Lo último que me dijo mi marido, en voz baja, fue: ‘¿Quién va a cuidar de ti cuando yo no esté aquí?’”. Aunque no tienen dinero, los gobiernos locales deben cuidar, y no victimizar, a los ciudadanos honrados como la señora Dennis.