La norma busca buscan cerrarle la oportunidad para contratar en Panamá a vinculados a actos de corrupción.
El diputado independiente Gabriel Silva presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un nuevo anteproyecto de ley que busca reformar la actual ley de contrataciones públicos.
El parlamentario electo por el circuito 8-7 por la vía independiente busca que se inhabilite para contratar con el Estado panameño a las personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas por actos de corrupción o que hayan realizado acuerdos de colaboración judicial o de pena.
Aunque iniciativas similares presentadas en el pasado con el mismo objetivo no han prosperado, el diputado Silva asegura que es una realidad que en Panamá se sigue contratando a empresas que han cometido actos de corrupción y es hora que se cuente con una normativa severa que impida que los fondos del Estado sean malversados.
“Esto se puede observar tanto porque se contrata a empresas que han sido condenadas en otras jurisdicciones o porque se contratan a empresas que han realizado acuerdos de colaboración judicial en Panamá por corrupción. Este tipo de practicas lesivas al interés nacional impiden y desmotivan a las empresas honestas a participar en procesos de contratación pública para ofrecer un servicio u obra con altos estándares de calidad, eficiencia y competitividad”, sostiene.
Precisa que hay que sacar la corrupción de la política. “Los donantes de campaña de los políticos que luego se convierten en los grandes y únicos contratistas del Estado son un problema que debemos combatir. No se debe beneficiar de forma injusta a un mismo contratista por encima de otro proponente que cumple con los mismos requisitos para la adjudicación. Al aplicar la normativa que proponemos acabaríamos con el circulo vicioso
de que se le continúe dando contratos a empresas corruptas que se metieron en la política”, sostuvo.