Desde hace mucho, el grupo indígena más numeroso de Chile ha exigido el reconocimiento oficial de su cultura y de sus reivindicaciones sobre las tierras ancestrales. Un referéndum sobre una nueva Constitución les da la oportunidad de ser incluidos.
SANTIAGO — Huelgas de hambre. La ocupación de un edificio municipal. Ataques incendiarios contra camiones que viajan por el sur de Chile.
El prolongado conflicto entre el gobierno y los mapuches, el grupo indígena más grande de Chile, sobre los derechos de la tierra y el reconocimiento de sus derechos se ha intensificado en las últimas semanas llegando a provocar acciones violentas que son atizadas por la penuria económica de la pandemia.
Los enfrentamientos fueron condenados por el gobierno. Pero el conflicto amplificó el apoyo público a las demandas de los mapuches y llevó su causa a lo más alto de la agenda política pocas semanas antes de que los chilenos decidieran si van a revisar su Constitución, lo que crea potencialmente la primera oportunidad en décadas para el reconocimiento oficial de las comunidades indígenas de Chile.
Cerca del 13 por ciento de los chilenos —aproximadamente dos millones de personas— se identificaron como indígenas en el censo de 2017. Sin embargo, Chile, a diferencia de algunos de sus vecinos de Sudamérica, no reconoce a sus pueblos indígenas en la Constitución, dijo Felipe Agüero, politólogo de la Universidad de Chile.
“La Constitución chilena no reconoce ni considera a los mapuche”, dijo.
Para Gerela Ramírez Lepin, una universitaria de Curarrehue, una comunidad mapuche cerca de la frontera andina de Chile con Argentina, el camino hacia la redacción de una nueva Constitución que pueda remediar esa exclusión no puede comenzar lo suficientemente pronto.
“Es una oportunidad histórica para asegurar que nadie se quede atrás”, dijo. “Es posible que nunca vuelva a tener esta oportunidad”.
El ministro del Interior de Chile ha dicho que el gobierno está dispuesto a negociar con los mapuches y ha condenado el conflicto en la Araucanía, la región más pobre del país, como las acciones de una minoría violenta.
Un número creciente de chilenos simpatizan con los mapuches y ven los conflictos de las semanas pasadas como el último punto de inflexión en una lucha de décadas contra el Estado por el derecho a la tierra, el reconocimiento a su cultura y las tácticas a menudo brutales de las fuerzas de seguridad.
“A lo largo del tiempo, el conflicto volvió a ser una olla de presión”, dijo Verónica Figueroa Huencho, académica visitante en la Universidad de Harvard quien también es mapuche.
La semana pasada, el gobierno anunció la creación de un comité, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, para discutir los conflictos territoriales y el desarrollo social en la Araucanía.
El creciente apoyo a la causa mapuche se hizo evidente durante las protestas antigubernamentales en Santiago, la capital, y otras ciudades, que fueron duramente reprimidas por una fuerza policial militarizada.
La bandera Wenufoye de los mapuches era omnipresente, y los manifestantes instalaron un rewe —un tipo de altar utilizado en las ceremonias mapuches— en la Plaza Italia de Santiago. En las paredes del centro de la ciudad se colocaron imágenes de Camilo Catrillanca, un mapuche cuya muerte a manos de las fuerzas de seguridad en 2018 provocó la indignación nacional.
Las manifestaciones, que iniciaron después de un aumento de las tarifas del metro en octubre, se convirtieron en una denuncia más amplia de la arraigada desigualdad de Chile y, finalmente, allanaron el camino para el proceso de reforma constitucional que está programado para comenzar el próximo mes con un plebiscito.
“Fue emotivo”, dijo Ramírez Lepin, quien participó en las protestas. “Por primera vez en mi vida tuve la sensación de que no estamos solos; que la subyugación de los mapuche se había prolongado demasiado”.
Durante décadas, dijeron los líderes mapuches, el gobierno ha tendido a aplastar las demandas indígenas en la Araucanía con mano de hierro, al procesar a los presuntos militantes bajo una ley antiterrorista que data de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Los camioneros que fueron blanco de los recientes ataques incendiarios han dicho que el gobierno debe hacer más para detener a los asaltantes mapuches que amenazan sus vehículos y sus medios de vida.
Pero los líderes mapuches dicen que su tierra ancestral, conocida como Wallmapu y que se extiende desde el litoral del Pacífico de Chile a través de los Andes y hasta la costa atlántica de Argentina, está siendo explotada por forasteros y por industrias extractivas mientras el gobierno no la protege. Acusan al Estado de recurrir a medios draconianos para castigar las acciones de los pocos que han recurrido a la violencia en los últimos tiempos, mientras que dejan de lado las demandas pacíficas de la mayoría.
Ahora, cuando Chile se prepara para votar el 25 de octubre sobre la sustitución de la Constitución creada hace 40 años, durante el régimen de Pinochet, los mapuches ven la oportunidad.
La sustitución de la Carta Magna de la época de la dictadura fue una de las principales demandas de un vasto movimiento popular que durante meses llenó las calles de Chile con manifestantes, pidiendo una distribución más equitativa de la riqueza y el poder político.
Las protestas no tuvieron líderes, fueron amplias y no generaron una lista específica de peticiones. Pero si el país vota para redactar una nueva Constitución —un proceso que puede llevar años—, los mapuches y otras comunidades marginadas verán reflejadas sus aspiraciones en ella.
Las reformas constitucionales de los países vecinos en las últimas décadas —sobre todo en Bolivia y Brasil— condujeron a la protección generalizada de los derechos de los pueblos indígenas y crearon vías para reparar la pérdida de las tierras ancestrales.
“Los otros países latinoamericanos están mucho más avanzados en el tema, y Chile sigue siendo el único lugar donde se consagra la monoculturalidad en la Constitución”, dijo Agüero.
Los activistas también presionan a los dirigentes políticos para que creen cuotas legislativas para los indígenas, y el Senado considera la posibilidad de reservar escaños para los indígenas en la Asamblea Constituyente.
Una generación joven de mapuches, cada vez más activa en el mundo académico y en las artes, ha dado visibilidad a la comunidad y trata de disipar los estereotipos negativos.
El rapero mapuche Waikil es una estrella en ascenso en la escena musical del país, y jugadores profesionales de fútbol han mostrado su apoyo al mostrar la bandera Wenufoye en brazaletes o en fotos del equipo.
“Estamos viendo cada vez más literatura sobre la cultura e historia mapuche, tanto como músicos, artistas y futbolistas llevando la agenda indígena al ámbito popular”, dijo Fernando Pairicán, un historiador mapuche.
Tras asumir la presidencia por segunda vez en marzo de 2018, Sebastián Piñera, un multimillonario educado en Harvard, anunció un plan de desarrollo para la Araucanía, argumentando que estimular el crecimiento económico era vital para traer paz y prosperidad a la región.
Pero esa visión nunca se materializó porque el gobierno tropezó de crisis en crisis el año pasado. Chile ha sido duramente golpeado por la pandemia del coronavirus, que paralizó gran parte de la economía.
En medio del bloqueo del país se produjo una huelga de hambre de varios prisioneros mapuches, entre ellos Celestino Córdova, un líder espiritual que cumple una condena de 18 años por asesinato.
Córdova convocó la huelga de hambre para denunciar el sistema judicial “monocultural”, que no tiene en cuenta las creencias indígenas. Terminó la huelga a mediados de agosto, después de 107 días, cuando el gobierno acordó permitirle visitar brevemente un sitio de importancia espiritual una vez que recuperase su salud.
La huelga de hambre provocó reacciones viscerales entre personas de ambos lados del conflicto. Entre las más llamativas se encuentra el enfrentamiento a principios de agosto en un edificio municipal de la ciudad de Curacautín, que los civiles mapuches ocupaban en solidaridad con quienes estaban en huelga de hambre.
Cuando los agentes de policía entraron para desalojar a los mapuches, una turba de residentes locales apoyó a las fuerzas de seguridad, blandiendo barras de metal y coreando burlas racistas. Algunos residentes locales incendiaron vehículos pertenecientes a los mapuches.
El cuadro era “desmoralizador”, dijo Ramírez Lepin, y un recordatorio de la violencia y la discriminación del pasado.
“Soy mapuche, no chilena, y he sido víctima de discriminación toda mi vida, pero los gritos racistas significaron que se ha cambiado nuestra lucha”, dijo.
Tras la independencia de Chile en 1818, se alentó a los europeos a colonizar las tierras fértiles que durante mucho tiempo habían sido dominio de los mapuches. A medida que su territorio se fue dividiendo en tierras de cultivo, algunos mapuches fueron indemnizados mediante un proceso que muchos consideraron coercitivo e injusto, pero la mayoría perdió sus tierras sin ninguna forma de restitución.
Las empresas forestales, las centrales hidroeléctricas y las piscifactorías de salmón se trasladaron con el tiempo para cosechar los abundantes recursos de la Araucanía, cuyos beneficios fluyeron en gran medida a la élite económica del país, que se encuentra muy lejos, según los mapuches.
Una nueva Constitución podría contribuir a otorgar a los mapuches algunos de los derechos sobre la tierra y el respeto a su cultura que han exigido durante décadas. Pero sería solo el primer paso hacia la inclusión real, dijo Ramírez Lepin.
“El Estado simplemente no nos entiende y no creo que entenderá”, dijo Ramírez Lepin. “No se puede resolver el conflicto con dinero. Nuestras formas de vida están orientadas a la comunidad, no son capitalistas, y no hay un impulso para importar, exportar o intercambiar; solo ser felices con lo que hay para vivir en paz”.