Fumadores y familiares solicitan no prohibir el uso de métodos alternativos

Fumadores y familiares solicitan no prohibir el uso de métodos alternativos
Actualmente hay un debate global acerca del uso de mecanismo alternativos para el consumo de nicotina. En Panamá no está prohibido el uso, pero sí la comercialización de estos dispositivos. Foto/Archivo ENS

Se refieren al proyecto de Ley 178, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros.

Agrupaciones de fumadores y familiares e, incluso, de activistas en favor del uso medicinal del cannabis, han enviado sendas notas a la Asamblea Nacional (AN), solicitando no prohibir el uso de métodos alternativos como los vaporizadores y cigarrillos electrónicos, por considerar que la iniciativa legislativa, además de atentar contra sus derechos ciudadanos, contradice la evidencia científica más actualizada.

Las organizaciones se refieren al controvertido proyecto de Ley 178, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en la república de Panamá, que el pasado mes de mayo fue devuelto a la Asamblea, sin la rúbrica del presidente Laurentino Cortizo, ya que al hacer el análisis de su contenido, se encontraron razones de inconveniencia que dieron lugar a que el mismo sea objetado parcialmente.

En nota enviada a la Asamblea Nacional, Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP), sostuvo que prohibir los sistemas electrónicos de nicotina diseñados para ofrecer una solución menos nociva para los fumadores, es condenar -con la Ley 178- a muerte, y que todo panameño tiene derecho a la información, así como a la elección libre que vele por su salud.

Dicha posición la sustenta Sánchez en su misiva, con más de 15 referencias entre publicaciones, estudios científicos y hasta videos, de centros de investigación y entidades de salud, tanto públicas como privadas de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.

“Las estimaciones del Ministerio de Sanidad y el Real Colegio de Médicos del Reino Unido, definen el vaporizador personal como mínimo, un 95% más seguro que el tabaco, en términos de riesgo para la salud. Por otro lado, diversos informes de prestigiosas instituciones están demostrando que estos dispositivos son muy eficientes ayudando a la gente a dejar de fumar”, destacó el representante de ARDTP.

Por su parte, la Asociación de Fumadores y Familiares por Alternativas Libre de Humo coincide en afirmarle a los diputados que la evidencia científica motivó a que en julio de este año la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), autorizara la comercialización de IQOS (sistema de tabaco calentado electrónicamente), como producto de tabaco de riesgo modificado que reduce la exposición del usuario a muchas de las sustancias tóxicas encontradas en el cigarrillo combustible, y dictaminó que su autorización es adecuada para la promoción de la salud pública.

Según la Asociación de Fumadores y Familiares por Alternativas Libre de Humo, la decisión de la FDA es el resultado de un extenso análisis de documentación y ensayos científicos de varios años e, inclusive, se prevé que contribuyan a la reducción de daños por tabaquismo en la salud pública.

En tanto, el pasado mes de septiembre, la Asociación Cannábica Medicinal de Panamá (ACAPAN), aseguró, en carta enviada a la AN, que, según los expertos, la inhalación -si se evaporiza el cannabis medicinal- es el método de administración más adecuado para pacientes de enfermedades como epilepsia y Parkinson, por lo que prohibir el uso y la comercialización en el país de los dispositivos, como lo plantea el proyecto de Ley 178, perjudica el acceso de los enfermos a sus tratamientos.

Actualmente, el 79% de los productos de tabaco de Panamá proviene del mercado ilícito, equivalente a unos 160 millones de dólares.

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