ARPA aspira a que el Ejecutivo fije reglas claras y justas para el aprovechamiento de las aguas nacionales y sus industrias marítimas auxiliares.
El ingeniero Harry Quinn, de la Asociación de Armadores de Panamá (ARPA), en entrevista con EnSegundos, manifestó que son alrededor de 30 empresas con más de 2500 colaboradores que hoy día están enfrentando dos pandemias: “El covid-19 y la competencia desleal”.
Explicó que las empresas vinculadas a la industria marítima auxiliar se dedican a brindar servicios en las aguas de la República de Panamá en los que figuran: proveer transporte de marinos, comida, combustible, agua, mantenimiento de naves, entre otras adicionales.
“ARPA aspira a competir en iguales condiciones, pues debido a la actual situación en donde la economía en el mundo se está contrayendo, empresas extranjeras envían embarcaciones a trabajar en aguas nacionales, porque ya no hay trabajos en sus países”, manifestó.
Los Armadores de Panamá piden que el Órgano Ejecutivo emita una Ley de aguas nacionales como una columna vertebral jurídica, en la que puedan competir en iguales situaciones.
Quinn se refiere a situaciones como la contratación de personal panameño, embarcaciones con banderas panameña y el pago de los impuestos correspondientes.
“Esta plana, en la que algunos se hacen llamar inversionistas, no son más que oportunistas, pues en otro países, el 90% que tienen costas y que han desarrollado sus negocios marítimos, tienen reglas muy restrictivas para entrada”, dijo.
Ante esta realidad, Quinn señaló que se ha peticionado al Gobierno Nacional una revisión de las normas y un alto, mientras se define esta nueva política del Estado panameño frente a los servicios auxiliares del mar.
“El objetivo es que trascienda gobiernos, que sea una norma jurídica que no se cambie, de esta forma se puede proyectar y tener reglas claras del juego, para seguir desarrollando la industria marítima auxiliar”, enfatizó.
Explicó que antes de la pandemia era una situación que se venía registrando pero de una forma muy “leve”. Ahora ha tomado impulso con la contracción de la economía global, replicó.
“Estos actores foráneos no pagan licencias y no es tripulación panameña. Vienen al país, hacen un trabajo en un lugar, facturan desde afuera y se van nuevamente”, dijo.
Explicó que recientemente una nave de Colombia, entró al Pacífico panameño, cruzo frente a las costas de Azuero y llegó a la bahía de Chiriquí, en donde realizó un trabajo, lo concluyó, la factura y el pago correspondiente se hizo hacia Colombia.
Al entrar de esta forma, detalló que el Estado panameño no recibió ningún tributo por los servicios realizados en aguas interiores.
En el contexto actual y la baja en el negocio marítimo producto de los efectos de la pandemia, Quinn aseguró que la industria marítima auxiliar panameña no ha escapado a ello.
“El primer impacto que se dio fue en la demanda de combustible, en este segmento se sufrió una contracción, debido a que muchas naves salieron de servicio ante el poco movimiento de carga y flete”, sostuvo.
El representante de los armadores puntualizó que toda la tripulación que trabajan en la industria marítima auxiliar son panameños egresados de las dos academias marítimas locales.
Agregó que la actual administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ha sido puesta en conocimiento de la situación y se han mantenido receptivos.
ARPA busca que las facturas se generen en Panamá, para incentivar y preservar los empleos del sector, evitar la fuga de capitales y que el valor agregado de nuestra plataforma logística sea capitalizado por la República.