El gremio empresarial opinó que durante años, el sector alimentario ha sido víctima de un sinnúmero instituciones que persiguen objetivos disimiles y carecen de políticas públicas alineadas.
En su tradicional articulo de opinión dominical “La Cámara Opina”, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean-Pierre Leignadier, se refirió al proyecto de Ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos y dicta otras disposiciones, y que remplaza el proyecto de Ley No. 164, mediante el cual se creaba el Servicio Nacional para Trámites de Exportación e Importación de Alimentos (SENTA),
De acuerdo con Leignadier, desde octubre de 2019, estos documentos se vienen discutiendo y en este momento se encuentran en una subcomisión de la Comisión Asuntos Agropecuarios.
“La expectativa de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) es que se someta, sin presiones de tiempo, a una discusión técnica y científica sobre la producción, transformación, exportación e importación de alimentos, dado que se trata de perfeccionar la entidad que ejecutará el control sanitario oficial de los alimentos que se oferten en el mercado nacional y los destinados a la exportación, reconociendo la competencia de los Ministerios regentes en las correspondientes materias. Por lo tanto, su abordaje no puede darse en medio de matices políticos”, acotó.
Según el líder empresarial, “durante años, el sector alimentario, incluyendo a productores locales, industria, exportadores e importadores, ha sido víctima de un sinnúmero instituciones que persiguen objetivos disimiles y carecen de políticas públicas alineadas. Lo que, en gobiernos anteriores, por ejemplo, ha permitido que el Estado, principalmente a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, importara rubros sensitivos en tiempos de cosecha afectando la producción local. Por otro lado, el sector exportador por años ha tenido que enfrentar procesos burocráticos y una falta de una estrategia nacional para posicionar nuestros productos en el exterior en parte por una fragmentada y obsoleta estructura institucional. Es hora de poner orden y castigar lo inadmisible”.
Leignadier trajó a colación el documento Agenda País 2019 – 2024, formulado por la CCIAP, en el que propuso que dentro de una sola entidad se unificaran las funciones y competencias de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud (DEPA).
Asimismo, dijo, se recomendó que, bajo un mismo laboratorio de calidad, se vigile el cumplimiento de normas para la importación de alimentos y apoyar esfuerzos de exportación y la producción nacional, a fin de obtener las certificaciones que requieren los productos.
“Entendemos que hay planteamientos contrarios, muchos de ellos producto de corrientes políticas, grupos interesados y otros por la carencia de una estrategia nacional para el desarrollo del agro a pesar de los grandes esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno nacional para eliminar las incertidumbres y brindar estabilidad al sector. El objetivo debe ser brindar al consumidor panameño variedad de productos de calidad al mejor precio, apoyando a los productores locales, protegiendo rubros sensitivos y fomentando la tecnificación para ofrecer productos que nos permitan competir más allá de nuestras fronteras”, puntualizó.
Precisó que la institución que surja producto de este intercambio de ideas y posturas debe contar con las herramientas necesarias para actuar de manera eficiente, y que los productores, la industria alimentaria y exportadores tengan la posibilidad de colocar sus productos en los mercados internacionales. Así como, brindar seguridad jurídica, procesos eficientes y confianza tanto a productores como comercializadores, y sobre todo del consumidor final.
Señaló que la CCIAP mantiene su firme compromiso de continuar aportando y compartiendo sus experiencias para enriquecer el diálogo amplio que se está llevando en la Asamblea Nacional entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. El gremio estima que no se debe apresurar el proceso, so pretexto de satisfacer necesidades de grupos particulares, una decisión que necesita garantizarle a Panamá y sus habitantes el tan deseado equilibrio en todos los eslabones de esta cadena.
“El resultado de estas discusiones debe cumplir con las expectativas de los diferentes sectores para que puedan contribuir de manera efectiva al desarrollo del país”, agregó.