Veto al Proyecto de Ley 508 y apertura de todos los centros educativos, solicitó APEDE

Veto al Proyecto de Ley 508 y apertura de todos los centros educativos, solicitó APEDE
No podemos, desde ningún punto de vista, continuar deteriorando la calidad de la educación de nuestros jóvenes y mucho menos poner en juicio la seguridad jurídica que debe prevalecer en los Estados.

Para el gremio empresarial, el mencionado proyecto de ley atenta contra los principios de la propiedad privada, la libre empresa y  es una intervención directa del Estado en relaciones contractuales entre particulares.

Rechazo total al proyecto de Ley 508, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y la petición del veto al mismo al presidente Laurentino Cortizo, hizo hoy la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El gremio empresarial y de ejecutivos precisó que ese proyecto de Ley requiere ser vetado “por atentar contra los principios de la propiedad privada, la libre empresa y  es una intervención directa del Estado en relaciones contractuales entre particulares”.

A través de un comunicado emitido en esta fecha, la APEDE manifestó que “estamos convencidos que este conflicto se resolvería con la apertura inminente de todas las escuelas del país, con las debidas medidas de bioseguridad, y la interacción humana que nuestros niños y jóvenes requieren para su formación y salud mental”.

“El artículo 94 de la Constitución Política de la República de Panamá, garantiza la libertad de enseñanza y reconoce el derecho de crear centros docentes particulares; el Estado puede intervenir en los centros docentes particulares para que se cumplan los fines de la educación consagrados en los artículos 92 y 93 de la misma Carta Magna, pero en ningún caso puede afectar la propiedad privada, la libre empresa y el derecho a administrarla basada en una libre relación entre particulares”, puntualizó el documento difundido por esta organización empresarial.

“Aunque el establecimiento de un descuento obligatorio pueda calificarse por algunos como justicia social, -anotó la APEDE- el derecho de intervención del Estado en las relaciones de servicio de cualquier tipo y en particular en el educativo, no debe atentar contra los principios fundamentales de nuestro sistema económico y la libre empresa, ya que lo contrario causa de manera directa una grave inseguridad jurídica y económica que ahuyenta la inversión privada en nuestro país. Esta clase de legislaciones no resuelven los problemas que dicen resolver, sino que contribuyen al resquebrajamiento de los pilares que sostienen un país democrático”.

Asimismo, el gremio recordó que “el objetivo de cualquier legislación, especialmente en estos momentos, debe ser mejorar la calidad y eficiencia de la educación pública en Panamá, que atiende al 80% de la población estudiantil y es la que compete directamente al Estado; permitiendo así que la educación particular sea una opción libre para los ciudadanos”.

Por otra parte, la APEDE recalcó que “no podemos, desde ningún punto de vista, continuar deteriorando la calidad de la educación de nuestros jóvenes y mucho menos poner en juicio la seguridad jurídica que debe prevalecer en los Estados que busquen, realmente, crecimiento,desarrollo y equidad”.

 

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