Panamá, abandera el 16% de la flota marítima mundial, con aproximadamente 318 mil marinos a bordo.
La República de Panamá, primer Registro de Buques con más de 8 mil 500 naves abanderadas que superan los 230 millones de TRB (toneladas de registro bruto), dio a conocer este lunes 15 de marzo de 2020, que ha solicitado la colaboración del secretario general de Organización Marítima Internacional (OMI), Kitack Lim, para que sea mediador y ayude a la gente de mar y propietarios de buques con respecto a una crisis con naves que ocurre en el lejano oriente.
Según ha dado conocer la Autoridad Marítima de Panamá, esta situación afecta a unos 74 buques y a más de 1,500 tripulantes de diversas nacionalidades que están confinados en sus embarcaciones en puertos y aguas de la República Popular China. Estos buques están completamente cargados con carbón importado de Australia.
Los hechos han sido divulgados por diferentes medios de comunicación y aunque los armadores han enviado solicitudes a los gobiernos de la República Popular China y Australia, la condición no ha variado.
Referente a la petición realizada, el ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, Noriel Araúz afirmó que: “Nuestra misión al respecto, es buscar una solución razonable y positiva para que la tripulación de estos buques regrese a casa.
El funcionario panameño recordó que el pasado 21 de septiembre de 2020, el Comité de Seguridad Marítima de la OMI adoptó la Resolución MSC.473 (ES.2), sobre medidas recomendadas para facilitar los cambios de tripulación de buques, el acceso a la atención médica y los viajes de la gente de mar durante la pandemia de COVID-19 y los protocolos desarrollados por la industria para garantizar los cambios de tripulación y viajes seguros durante la pandemia establecidos en la MSC.1/Circ.1636”, puntualizó.
Precisó que las facultades diplomáticas de la OMI “nos pueden ayudar a exponer ante las instancias competentes, que debido a un desacuerdo comercial, se están ignorando los derechos humanos y el bienestar de las tripulaciones de estos buques”.
Según la AMP, en una disputa o desacuerdo comercial, no se debe involucrar a las tripulaciones, ni impedir su desembarque, especialmente si su contrato de trabajo ha expirado o están a bordo contra su voluntad, tomando en consideración que dicho tripulante ha trabajado ininterrumpidamente.
Explicó que tal como lo ha considerado sistemáticamente la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), indicando que de la lectura combinada de la norma A2.4, párrafos 2 y 3, sobre las vacaciones anuales; y de la norma A2.5.1, párrafo 2, b), sobre la repatriación, del Convenio sobre el trabajo marítimo (2006), en su forma enmendada, de la cual se desprende que la duración máxima del período continuo de servicio a bordo de un buque sin vacaciones es, en principio, once (11) meses.
Adicionalmente, acotó la AMP, que bajo ningún concepto los Estados Miembros del Convenio sobre el trabajo marítimo (2006), en su forma enmendada, deberán negar el derecho de repatriación a ningún marino, debido a las circunstancias financieras de los armadores o a la incapacidad o la falta de voluntad de éstos para reemplazar a un marino, acorde a lo estipulado en la Norma A2.5.1.8 “Repatriación” del Convenio antes mencionado.
Además, la entidad asegura que comprende que no depende de los Estados de Bandera el permitir o no, el desembarque de los tripulantes cuando el buque se encuentra en aguas jurisdiccionales o puertos de otro país.
En ese aspecto, reiteran que su principal objetivo, es que se tome en consideración el bienestar de la gente de mar y como Estado de Bandera.
“Confiamos en que, cuando esta nota esté en manos de la OMI, podamos encontrar una solución para esta crisis por el bien de los trabajadores del mar, considerados “Key Workers”, destacó.
El ministro de Asuntos Marítimos, Araúz reafirmó el compromiso de trabajar de manera conjunta con la OMI, fortaleciendo y promoviendo los mecanismos de cooperación que permitan que la industria marítima y sus actividades conexas, continúen siendo un pilar fundamental en el desarrollo social y económico sostenible a nivel mundial