Si la Defensoría del Pueblo no atiende las quejas y situaciones que afectan los derechos humanos y promueve, ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones, entonces mejor es cerrar ese despacho y buscar apoyo internacional.
Representantes de las “Víctimas Intoxicadas con dietilene-glycol” expresaron su rechazo a las pretensiones de Eduardo Leblanc de aspirar al cargo de Defensor del Pueblo, y señalaron que “carece del perfil para velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”.
Para Aminta Quintero, líder de este movimiento, Leblanc desconoce la función que tiene un Defensor del Pueblo y “solamente responde a intereses personales y proteger a sus allegados”.
Como víctimas certificadas y no certificadas por dietilene glycol, estos pacientes tienen derecho a una pensión vitalicia de carácter especial. Si son menores de edad o pacientes con carácter especial, la pensión le corresponde a un tutor. Una vez el menor llega a los 18 años, entonces, recibirá la pensión directamente, señaló Quintero.
Dijo que ante la ausencia de medicamentos, especialistas, tratamientos y un centro de toxicología apropiado para la atención de los pacientes envenenados por dietilene glycol, acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar su mediación ante la administración de la Caja de Seguro Social y el Ejecutivo.
No obstante, el designado Defensor del Pueblo rechazó ser mediador, desatendió la petición de pacientes certificados con dietilene glycol y se negó a levantar un acta sobre la solicitud presentada, alegando que esta debía ser de manera formal, obviando lo que establece el artículo 4 de la ley 7 de 5 de febrero de 1997 “por el cual se crea la Defensoría del Pueblo”.
“Nuestro grupo presentó, ante la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, una impugnación a la postulación de Eduardo Leblanc como aspirante al cargo de Defensor del Pueblo porque en su función omite el debido proceso y lanzó amenazas contra mi persona y contra nuestro grupo”, denunció Quintero.
Indicó que “si la Defensoría del Pueblo no atiende las quejas y situaciones que afectan los derechos humanos y promueve, ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones que impiden a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, entonces mejor es cerrar ese despacho y buscar apoyo internacional”.
La aspiración de Leblanc a mantenerse al frente de la Defensoría del Pueblo ha recibido tres impugnaciones ante la Comisión de Gobierno. Los otros 13 candidatos mantienen sus aspiraciones intactas, sin objeción de grupos, ni personas.
Luego de la entrevista a los aspirantes a Defensor del Pueblo, se espera que la Comisión de Gobierno comunique al pleno la próxima semana la recomendación respectiva, en base a la discusión presentada. Existe la posibilidad que se presente una terna para escoger a la persona que estará en el cargo por los próximos cinco años.