Las organizaciones suscriptoras del comunicado, consideran que este fallo tiene “un fondo machista”, además de matices religiosos, que demuestra la vigencia del patriarcado en la decisión tomada por los magistrados.
Organizaciones afines al tema de los Derechos Humanos, a las mujeres, gremios profesionales, agrupaciones científicas, culturales, sociales y profesionales independientes, se oponen a que la Corte Suprema de Justicia “dictamine el derecho que tenemos las mujeres a tomar decisiones científicas, claras e informadas sobre nuestros cuerpos”.
Siria Martínez, del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), firmante del documento, junto a otras 30 organizaciones y más de 200 firmas de hombres y mujeres, señaló que este pronunciamiento, que resalta la voz de las mujeres organizadas panameñas, muestra su oposición al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto a la esterilización femenina.
Las organizaciones suscriptoras del comunicado, consideran que este fallo tiene “un fondo machista”, además de matices religiosos, que demuestra la vigencia del patriarcado en la decisión tomada por los magistrados.
“Todavía no han entendido que la otra mitad de la población también es humana y, por ende, tiene los mismos derechos que la mitad a la que ellos pertenecen”, detalló el comunicado de las organizaciones.
“El fallo no sólo es contradictorio -agregan- sino que no está bien motivado, al decir, por un lado, que las mujeres tienen iguales derechos y obligaciones que los hombres; y, por otro lado, que la mujer, por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, es muy diferente al hombre y no puede tener los mismos derechos que los hombres”.
“Este fallo perpetúa el paradigma patriarcal y todo tipo de discriminación hacia la mujer”, advierten las organizaciones que objetan el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado a la demanda de inconstitucionalidad, publicado en Gaceta Oficial N0. 29239 – B el pasado 12 de marzo de 2021 que, además, “consideran tardío y dividido”.
Con los salvamentos de voto de las tres magistradas Maribel Cornejo, María Eugenia López y Ángela Russo, que han hecho un análisis impecable de los Derechos Humanos violados por la ley, se ha hecho evidente más que nunca que es necesaria la paridad de género en todos los cargos públicos de decisión.
“No estamos dispuestas a aceptar que se dé un paso atrás en las reivindicaciones que se han logrado mediante luchas históricas en materia de protección de los derechos de las mujeres, mundialmente se reclama una mayor visibilización y reconocimiento del rol de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y en los espacios de toma de decisiones y de gobierno”, precisaron.
Los grupos opuestos al mencionado fallo de la Corte Suprema de Justicia, explicaron que continuarán en la lucha por los derechos, exigiendo su cumplimiento, “hasta las últimas consecuencias”, a fin de que se implementen los instrumentos internacionales de los que Panamá es signataria.
Finalmente, hicieron un llamado a las organizaciones sociales a estar alertas, pues “estas acciones evidencian el desconocimiento de los Derechos Humanos en las instancias llamadas a garantizarlos y protegerlos, y, lo que es más grave, aún representa un retroceso en las políticas públicas para la igualdad de derechos y la tan anhelada igualdad de oportunidades”.
Entre las agrupaciones firmantes aparecen: la Coalición panameña por la educación integral en sexualidad/ EIS; Asociación panameña para el planeamiento de la familia/APLAFA; Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas Conamuip;Asociación Nuevos Horizontes, Alianza Comunitaria La Chorrera; Asociación Trans Diversa; Mesa de Derechos Humanos de La Chorrera; Red de Atención Integral y continua en VIH de Panamá Oeste CIMUF- Coalición Internacional de Mujeres y Familias; Movimiento Todas Con Voz Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá/COSCIESPA, entre otras.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, se pronunció respecto al fallo de la máxima corporación de justicia en el país, relativo a la Ley 7 del 5 de marzo de 2013, “Que establece el marco regulatorio para la esterilización”, el cual dice “respeta”, pero no lo comparte.
El organismo también se mostró a favor del salvamento de voto de la magistrada Maribel Cornejo Batista, “por ser cónsono con el enfoque de derechos humanos, ya que a la mujer se le condiciona de modo diferente en comparación a los hombres para el procedimiento de esterilización”.