Juan González mencionó la “preocupación” de Estados Unidos por el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. “El uso de las cortes para proteger a ciertos individuos involucrados en corrupción o narcotráfico (…) manda una mala señal”, dijo.
Estados Unidos quiere crear una fuerza de tareas anticorrupción en Centroamérica para combatir lo que considera un problema “endémico” en la región y uno de los impulsores de la migración irregular, informaron ayer viernes altos funcionarios del gobierno de Joe Biden.
Juan González, asesor sobre Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden, y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte centroamericano, señalaron que combatir la corrupción es clave para asegurar estabilidad y prosperidad en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense.
“El tema de la corrupción es endémico para Centroamérica y para toda la región y es uno de los elementos que motiva la migración”, dijo González durante una llamada telefónica con periodistas
“Es algo muy central para el presidente y se ha comprometido a desarrollar una fuerza de tareas regional (…) en contra del flagelo de la corrupción”, apuntó.
González explicó que la administración Biden busca iniciar un proceso con el Congreso estadounidense, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos de los tres países para asegurar que el esfuerzo de esta fuerza de tareas sea “colaborativo” y “no solo impuesto por Estados Unidos”.
– “Decepcionante” –
La idea de una fuerza de tareas anticorrupción surgió tras la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La CICIG, creada en 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Oscar Berger, funcionó hasta 2019. El mandato de la MACCIH, fundada en 2016 por un convenio entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue rescindido en 2020.
“Fue decepcionante ver la salida de la MACCIH y la CICIG después de un esfuerzo tan importante de parte del entonces vicepresidente Biden y del gobierno de Estados Unidos para apoyar esas estructuras”, dijo Zúñiga.
Como número dos del expresidente Barack Obama entre 2009 y 2017, Biden respaldó fuertemente esas entidades.
Zúñiga destacó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), sellada entre la OEA y el gobierno de Nayib Bukele en 2019, “representa una herramienta que ya está ayudando a fortalecer el estado de derecho”.
La fuerza de tareas regional anticorrupción apoyaría a fiscales comprometidos con la justicia, pero que están “solos” en ese esfuerzo, dijo González.
Estados Unidos aplicaría igualmente las “herramientas” de las que ya dispone para combatir la corrupción, como la suspensión de visas y el congelamiento de activos a individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos y lavado de activos del narcotráfico, señaló.
– “Una mala señal” –
González destacó la necesidad de luchar contra la corrupción para crear un ambiente propicio a la inversión, algo sobre lo cual Biden y su par guatemalteco Alejandro Giammattei conversaron y en lo que coinciden “totalmente”.
Como ejemplo puso el caso de La Línea, un escándalo de defraudación fiscal en aduanas en Guatemala investigado por la CICIG, y que desembocó en la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez, en 2015.
“Asegurar que hay transparencia en el manejo de los puertos es algo que no solo combate la corrupción sino que también promueve la actividad económica”, dijo.
González se refirió también a la “preocupación” de Estados Unidos por el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
“El uso de las cortes para proteger a ciertos individuos involucrados en corrupción o narcotráfico (…) manda una mala señal”, dijo.
– “Productiva” visita a México –
Zúñiga recordó que el respeto del estado de derecho es central para que exista “dignidad, seguridad y prosperidad” para los centroamericanos en sus propios países.
“Y ese va a seguir siendo el enfoque de Estados Unidos, porque lo que pasa en Centroamérica afecta a Estados Unidos”, afirmó.
González, Zúñiga y Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para la frontera suroeste, viajaron esta semana a México para analizar con las autoridades locales formas de colaboración “más estrecha” para promover el desarrollo en Centroamérica y el sur mexicano, donde según Zúñiga existen “problemas estructurales”.
“Fue una conversación productiva, constructiva y colaborativa”, dijo González.
“Los intereses de Estados Unidos y México están alineados en el tema migratorio”, señaló, “ya que muchos migrantes también se quedan en México”.
González y Zúñiga prevén el mismo enfoque de “buscar áreas de trabajo común para manejar el tema migratorio” en Guatemala, donde las reuniones se pospusieron por la erupción del volcán Pacaya.