Certeza del castigo para personas con alto perfil, en caso de albergues de menores, pide movimiento social

Certeza del castigo para personas con alto perfil, en caso de albergues de menores, pide movimiento social
Diferentes organizaciones levantaron su voz, pidiendo justicia por los menores abusados en albergues. Foto, cortesía.

“Nosotros, como sociedad civil, aglutinados en diferentes movimientos, hemos abanderado la lucha para que se haga justicia a esos niños sin voz”.

La certeza del castigo es lo que hará que, en la posteridad, este tipo de hechos no se siga presentando en nuestra sociedad, exteriorizó la socióloga, Aida Torres, integrante del Movimiento por la Defensa de la Niñez y la Adolescencia, una agrupación que persigue una lucha sobre los casos de abuso y violaciones a menores de edad en los albergues para que se esclarezcan y no queden en la impunidad.

El movimiento, que lleva 12 miércoles expresando su inconformidad mediante protesta pública, está conformado por distintas organizaciones que piden la sensibilización de la población panameña para que los acompañe en esta lucha, en defensa de esos niños, niñas y adolescentes violados y abusados en esos centros subvencionados con fondos estatales.

Las protestas se mantendrán hasta que se vean las imputaciones y sanciones a las figuras de alto nivel, como los administrativos de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) y de la Junta Directiva del Ministerio de Desarrollo Social.

Cuestionaron el hecho de que figuras como, Carla García, que en su momento ocupó la subdirección de la Senniaf, la hayan movido del cargo y ahora desempeñe funciones como gobernadora de Panamá. Al igual que la ex directora, Sara Rodríguez, quien presentó su renuncia al cargo, pero este hecho, alega la socióloga, “no las exime de su responsabilidad”.

“Exigimos se les llame a declarar”, afirmó.

Señaló Torres que tienen conocimiento que la Unicef había advertido en el 2018, mediante una consultoría, lo que se estaba presentando con los menores y, que, las autoridades del Estado panameño, no hicieron nada.

“De hecho –agregó- los abusos contra los menores continuaron y se profundizaron, porque al no haber justicia, se refleja la impunidad y aparece el abuso y esa es la realidad que se presenta”.

“Nosotros, como sociedad civil, aglutinados en diferentes movimientos, hemos abanderado la lucha para que se haga justicia a esos niños sin voz”.

Se pregunta “cómo es que esas niñas eran sacadas de los albergues para ir a divertir en fiestas realizadas en yates”, y añadió: “¿quiénes tienen yates?”.

Frente a lo anterior, Torres respondió que los yates pertenecen a personas de alto poder adquisitivo, inclusive, señalaron que conocieron cómo debían vestir.

El Movimiento también está exigiendo justicia para esos 64 niños que fueron traslados hacia sus “hogares”, ¿nos preguntamos a qué hogares? Y según la titular del Ministerio de Desarrollo Social, María Inés Castillo, los menores estaban dirigidos a disfrutar del derecho a la familia.

Surge la inquietud ¿a qué derecho de familia van a disfrutar?, si los niños que son llevados a hogares, están doblemente victimizados con todo lo que les ha pasado. Provienen de familias disfuncionales, muchos donde los padres son adictos al consumo de drogas, razón por las que estaban en albergues, y según ellos dicen, los devolvieron a hogares.

Reflexiona sobre la manera en que se pueden colocar a esos niños en un albergue mientras se realizan las investigaciones, y cuestiona el hecho a qué hogares fueron enviados. Esas son las respuestas que no se han facilitado, a qué hogares los han enviado.

Hicieron referencia al caso de uno de los niños con epilepsia, quien fue entregado a un albergue atendido por religiosos y, donde dejaron de brindarles sus medicamentos, y lo atendían bajo un criterio “de que tenía demonios”, sin darle ni terapias ni tratamientos. “Un niño que ha sido violado en varias ocasiones”, dijo la socióloga.

El Movimiento por la Defensa de la Niñez y la Adolescencia señaló haberse reunido con la subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que realizó el informe de gestión, recolección de información y pruebas sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales de los que fueron víctima los menores en los albergues, y que el 15 de febrero pasado, fue entregado a la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones correspondientes.

 

Solidaridad con menores violados
La protesta se realizó en el sector de Balboa, corregimiento de Ancón. Foto, cortesía.

 

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